El Comité Ejecutivo Provincial de Málaga de la Confederación Española de Policía (CEP) alertó de la "preocupación por la nueva instrucción del Ministerio del Interior sobre el consumo de drogas en vehículos estacionados". "Las fuerzas y cuerpos de seguridad han recibido recientemente una instrucción del Ministerio del Interior por la que se ordena no sancionar administrativamente el consumo ni la tenencia de sustancias estupefacientes en vehículos particulares que se encuentren estacionados, siempre que no existan indicios de tráfico de drogas ni alteración del orden público", señaló la CEP.

"Dicha medida se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que reconoce cierta expectativa de intimidad en el interior de un vehículo parado, aunque no lo equipara al domicilio. En particular, la sentencia STC 107/2013 ha sido uno del referente jurídico clave para la elaboración de esta instrucción. No obstante, y conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, las sustancias estupefacientes detectadas podrán ser retiradas por los agentes actuantes, al considerarse su posesión una infracción administrativa si se da en espacios públicos, aunque no derive en sanción", continúa la CEP.

"Esta decisión también plantea interrogantes sobre su posible aplicación retroactiva. En este sentido, aún no se ha aclarado si las personas sancionadas en los últimos cuatro años por consumo o tenencia de drogas en vehículos estacionados podrían acogerse a una revisión de sus expedientes, lo que podría dar lugar a reclamaciones de nulidad o devolución de sanciones impuestas", añadieron.

Por otro lado, "la instrucción no especifica cómo proceder cuando, en el mismo contexto, se detecta la presencia de un arma blanca en el interior del vehículo. A pesar de que el consumo de drogas pueda no ser sancionable bajo la nueva normativa, la tenencia de objetos peligrosos continúa siendo un posible motivo de actuación sancionadora, en función de las circunstancias del caso y de la legislación vigente sobre armas y objetos peligrosos", apuntaron

La instrucción deja también otros interrogantes abiertos en casos sensibles, indicaron. "¿Qué ocurre, por ejemplo, si el vehículo está estacionado frente a un centro escolar y sus ocupantes consumen drogas en su interior? En tales situaciones, se genera un conflicto evidente entre la supuesta intimidad del vehículo y el derecho a un entorno seguro para los menores. Sin una sanción clara, los agentes pueden verse limitados para actuar, aun cuando la conducta pueda resultar perturbadora o intimidante para la comunidad educativa", enumeraron.

Desde distintas asociaciones policiales se manifiesta preocupación por el impacto de esta instrucción en la seguridad ciudadana y en la seguridad jurídica de los propios agentes. "Limitar la capacidad sancionadora en este tipo de contextos puede traducirse en una sensación de impunidad, una falta de herramientas preventivas y una desprotección tanto del ciudadano como del funcionario público en su labor diaria", añadieron.

Por todo ello, "se solicita una revisión urgente del alcance de esta instrucción, y se reclama una normativa más clara que permita conciliar el respeto a los derechos fundamentales con la eficacia y legitimidad de la actuación policial en beneficio de la sociedad".