Menos carga burocrática para un sector en auge

Las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania han avivado el debate energético y la necesidad de que los países europeos se autoabastezcan. En este contexto, las energías renovables cobran un papel relevante, mucho más en una región como Andalucía con tantas horas de sol y con numerosas zonas de aprovechamiento de energía eólica. La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ha venido manteniendo reuniones con representantes de la Junta, a los que ha planteado medidas para mejorar los procedimientos de tramitación administrativa de proyectos de energías limpias. La secretaria general de Claner, Gemma García-Pelayo, asegura a LA RAZÓN que el Gobierno andaluz está mostrando su apuesta decidida por este sector en auge. Y como muestra un botón: Andalucía ha logrado cumplir con el hito estatal de que todos los proyectos de energías renovables tramitados en la comunidad hayan contado, a fecha 25 de enero de 2023, con la correspondiente declaración ambiental emitida.

García-Pelayo recuerda que a finales de 2021 la Junta aprobó un decreto de simplificación administrativa, con incidencia en este ámbito. Además, la nueva Ley del Suelo considera estos proyectos como «uso ordinario del suelo rústico», lo que supone «un gran avance». Sin embargo, «todavía hay margen de mejora».

Claner señala que «se deben establecer plazos más reducidos entre los organismos que estén involucrados en el procedimiento». El órgano sustantivo que otorga la concesión es la Consejería de Política Industrial, pero en el proceso intervienen otros organismos, como la Consejería de Sostenibilidad –encargada de otorgar la licencia ambiental–, los ayuntamientos , Adif o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) si se ocupa el dominio público. «Pedimos plazos más cortos y que haya fluidez en el envío de documentación de un organismo a otro». Junto a ello, la representante empresarial incide en la necesidad de una mayor digitalización, además de fijar una única plataforma para conocer el estado del procedimiento.

Las empresas muestran su interés por Andalucía para establecer sus proyectos de energías renovables. «Es una comunidad buena para invertir, sobre todo en proyectos de energía solar y eólica», remarca García-Pelayo, quien destaca que la última regulación «favorece esta circunstancia», además de la apuesta de la Junta «por la transición energética y que Andalucía se convierta en una región pionera en renovables». La Junta, de su lado, cifra en casi un millar los proyectos de energía limpia en tramitación, que ocuparían una superficie de 65.000 hectáreas. La Estrategia Energética de Andalucía 2030 se marca como objetivo cubrir el 75% de las necesidades eléctricas mediante la generación sostenible en 2026.

Las voces críticas, no obstante, se centran en los posibles efectos negativos en el medio ambiente. García-Pelayo apunta que existe una regulación «bastante rigurosa» al respecto. «El promotor, desde que solicita la autorización administrativa, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental». Un informe con posibles afecciones relativas al paisaje, avifauna, sinergias, ámbito hidrológico y vías pecuarias, entre otras cuestiones recogidas en la ley. Esta información se hace pública y se abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones. Luego, la autorización ambiental también plantea una serie de condiciones que se tienen que cumplir durante la vida de la planta.

El PSOE ha vuelto a presentar una iniciativa en el Parlamento andaluz tras el reciente rechazo de la Cámara a debatir una propuesta, respaldada por varios ayuntamientos, encaminada a establecer un procedimiento «ordenado» para estos proyectos. Los socialistas quieren que, si un promotor plantea una instalación fotovoltaica, se cuente con unanimidad política e institucional. Claner recuerda que «desde el principio los ayuntamientos están involucrados en el procedimiento» y remarca los beneficios «sociales y económicos» que tienen estas inversiones, «con una elevada carga fiscal que redunda en los consistorios».

Junto a ello, la organización empresarial destaca que los promotores no eligen las ubicaciones para sus proyectos de manera arbitraria, sino que dependen de una buena planificación de la red eléctrica. Es decir, las plantas fotovoltaicas y eólicas deben tener cerca subestaciones y líneas para conectarse, una competencia exclusiva del Estado.

Nuevas normas para los parques eólicos marinos

Claner lamenta que la zona sur atlántica haya sido excluida del mapa de parques eólicos marinos elaborado por el Gobierno, dejando en el dique seco proyectos previstos frente a la costa gaditana. No obstante, destaca que en el Estrecho y Alborán se fijan más de 1.200 kilómetros cuadrados disponibles. Con todo, insta a desarrollar una normativa para estas iniciativas con proyección de futuro.