La Comisión Mixta del Concierto Económico que integran la Administración General del Estado (AGE) y el Gobierno vasco se reunió el pasado 10 de abril bajo la presidencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según el acta de la reunión, consultada por este periódico, uno de los acuerdos fue la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en País Vasco. En concreto, el texto señala que «la financiación a cargo de la Administración del Estado alcanzará anualmente el 50 por ciento del gasto total que las administraciones vascas certifiquen al IMSERSO por la gestión del SAAD sobre los conceptos y conforme a la metodología que se acuerde entre las administraciones a través del grupo de trabajo».

Estos representantes de ambas administraciones analizarán los gastos en dependencia y la «financiación complementaria» que aportará el Gobierno de España para el País Vasco «a lo largo de la presente legislatura».

Además, el acta de la reunión se «blinda» ante cualquier incumplimiento porque el acuerdo se aplicará «durante los años 2025, 2026 y 2027, garantizando que, en todo caso, la financiación a cargo del Estado alcance el 50 por ciento en el año 2027, al tratarse del último ejercicio de la legislatura».

Como el Gobierno de España no tiene los Presupuestos Generales del Estado, Montero garantiza que, si no hay nuevas cuentas tampoco en 2026, «la financiación adicional del Estado en ese ejercicio será de 50 millones de euros». Ese dinero servirá para reforzar la atención a la dependencia en el País Vasco.

Se da la circunstancia que que ese pacto es exclusivo entre el Gobierno de España y el del País Vasco. Andalucía –y otras comunidades autónomas– han exigido reciprocidad y que se aumente la cantidad que aporta el Gobierno de España a la financiación de los servicios de la Dependencia a través del nivel mínimo de protección que es competencia exclusiva del Estado, según establece la Ley de Dependencia.

La última reclamación se produjo hace dos meses en el marco de la reunión de la Comisión Delegada del Sistema de Dependencia, donde los representantes del Ministerio de Derechos Sociales alegaron que, tras las dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no podía subirse la aportación del Gobierno central al pago de los servicios.

Según cálculos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha supuesto una merma de 400 millones de euros para el sistema de dependencia andaluz.

Esta circunstancia no la padecerá el año que viene el País Vasco, ya que así lo tiene acordado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata, por tanto, de un agravio más que se suma a la financiación singular de Cataluña. Todos estos acuerdos se producen a un año de las elecciones autonómicas en Andalucía, donde Montero aspira a arrebatar la Presidencia de la Junta a Juanma Moreno.