«Nadie va a pagar un céntimo por asistir a un centro de salud»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asumido la tarea de explicar que la orden de la Consejería de Salud y Consumo sobre la tarifación de convenios y conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios no supone la «privatización» de la sanidad. Cuando un asunto de este tipo llega directamente hasta la mesa del presidente es que ha calado entre la opinión pública y, por tanto, los filtros para explicar los motivos por los que se toma esta decisión no han funcionado.

Ayer mismo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó una corrección de errores para matizar una orden que entró en vigor el 3 de marzo. Dicha corrección, en realidad, es una matización que se podía haber hecho en el texto original y que persigue frenar la preocupación –«el bulo», en palabras del presidente– de una posible privatización que ha mostrado la oposición y los sindicatos sanitarios.

El texto aclara que el objetivo es «garantizar el aseguramiento público y gratuito para el usuario de la prestación asistencial» y que lo que hace la Junta de Andalucía es acudir «a la colaboración privada para la prestación de la misma sólo en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias, salvaguardando en todo caso la naturaleza pública de la cobertura, tanto en atención primaria como en hospitalaria».

Con esa nota aclaratoria en el BOJA, Moreno se presentó ayer en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz y aprovechó, en su debate con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para asegurar que «por mucho que se empeñen en hablar de privatización, eso no va a calar, porque nadie va a pagar un céntimo de euro para asistir a un centro de salud».

La publicación de las tarifas en el BOJA por los conciertos sanitarios, incluida la atención primaria, había provocado que muchas personas entendieran que deberían abonar una cantidad –ahora o en el futuro– cada vez que fueran al médico. El presidente de la Junta se dirigió directamente a esas personas para tratar de tapar esa vía de agua dentro de su Gobierno: «Nadie le va a pedir una tarjeta de crédito en cualquier centro de salud que acuda. Y si eso ocurre, usted me trae aquí a quien haya tenido que pagar por un servicio público en un centro de salud público», le reprochó Moreno a Juan Espadas.

Los conciertos sanitarios entre las administraciones autonómicas y las empresas privadas son habituales en todas las autonomías. De hecho, el decreto 209/2001 establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y fija una serie de procedimientos quirúrgicos (ampliados posteriormente) que en el caso de incumplimiento de plazo máximo de respuesta, obliga al Servicio Público de Salud al pago de los gastos derivados de la intervención en un centro privado.

La orden actual, matizada ayer en BOJA, fija la cuantía exacta para cada derivación. Como hasta ahora, será la Junta la que abone esa cantidad sin coste para el usuario final.

Rectificación que no convence a los sindicatos

Ni el BOJA ni las explicaciones del presidente andaluz convencieron a la oposición en el Parlamento. Espadas reclamó la retirada de la orden por completo y «de manera urgente poner un plan de Atención Primaria sobre la Mesa Sectorial de Salud cuanto antes». Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF aseguraron que la correción introducida en el Boletín Oficial de la Junta era una «chapuza, insuficiente e inconcreta» y un simple intento «burdo de acotar el rechazo social y sindical». Desde otro sindicato, SATSE, anunciaron protestas para el próximo día 14.

Claves

►El BOJA publicó ayer una corrección de errores en el decreto de tarificación para «garantizar el aseguramiento público y gratuito para el usuario de la prestación asistencial».

►En la pasada legislatura, el Gobierno andaluz abonó al Grupo Pascual 257 millones de derivaciones hospitalarias de los Ejecutivos socialistas que no estaban sometidas a una orden de tarifas, por lo que el precio fue fijado por la empresa.

►La nueva orden garantiza que en las derivaciones exista precio máximo fijado de antemano. La intención, en cualquier caso, es que solo se haga en situaciones de emergencias sanitarias.