«Notificación masiva» de diligencias de apremios en Andalucía para subir la recaudación

La Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) «está avanzando en procesos que permiten mejorar la ratio de ingreso derivada de la gestión recaudatoria, y que se están llevando a cabo de modo progresivo y gradual». En este sentido, y según consta en la memoria presupuestaria para 2025, uno de sus objetivos es «seguir potenciando el desarrollo de aplicaciones y utilidades propias para llevar a cabo actuaciones de recaudación ejecutiva por medios propios, abarcando desde la notificación masiva de providencias de apremio, hasta las demás fases recaudatorias de embargo de bienes y derechos».

Esta medida hay que englobarla en la reducción de la partida de Agentes Recaudadores Externos, que se corresponde con las contraprestaciones a terceros por el ejercicio de las funciones de recaudación en vía ejecutiva y que la Agencia tiene delegada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta aminoración es consecuencia, se detalla en la memoria, «de la asunción por parte de la Agencia Tributaria de Andalucía de las tareas de recaudación ejecutiva, como consecuencia de la extinción de los Convenios con las ocho Diputaciones Provinciales» de la región.

El objetivo de la Agencia Tributaria, como hace todos los años, es «luchar contra el fraude fiscal» y «perseguir la correcta aplicación de las normas tributarias». El organismo aboga por «facilitar el cumplimiento voluntario y gestionar el riesgo de modo eficaz».

Para el cumplimiento del primero de los objetivos generará nuevos contenidos informativos para su difusión a través de los canales de información y asistencia en distintos formatos; atención y orientación general a través de un punto de atención singular a personas mayores de 65 años; ampliación de la red de puntos de relación de la ciudadanía con la Atrian, así como los canales de atención en el ámbito de la información y asistencia. Igualmente, promoverá acciones de educación cívico-tributaria, en colaboración con la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa.

En el segundo caso, el relacionado con el riesgo fiscal, implantará nuevas operaciones de tratamiento y explotación de la información para realizar la selección de operaciones que serán objeto de fiscalización por la Agencia Tributaria de Andalucía y la selección de las operaciones de riesgo fiscal «que presenten mayor riesgo de incumplimiento con arreglo a documentos técnicos que traten la información relativa a la identificación, evaluación, priorización y mitigación de los riesgos o amenazas asociados a la recaudación».

La Agencia Tributaria desarrollará también acciones que fomenten «una cultura cívica de cumplimiento de la normativa de ingreso, a través de actuaciones e iniciativas que mejoren los conocimientos y la comprensión de la ciudadanía del sistema tributario y la relación existente entre los ingresos públicos y la disposición de bienes y servicios públicos».

A juicio del organismo, «la estrategia para asegurar la correcta aplicación de la norma tributaria precisa, por una parte, facilitar la atención de los deberes que la norma impone al contribuyente y, por otra parte, reducir posibles brechas de incumplimiento normativo mediante el diseño de un proceso de gestión de riesgo integral que permita la identificación, análisis, priorización, tratamiento y evaluación de los riesgos más relevantes, con el propósito de detectar, corregir y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las obligaciones que la norma establece».

Otro de los aspectos que se propone mejorar la Atrian durante el próximo ejercicio es la rendición de cuentas y su funcionamiento interno. En este sentido aboga por «la reducción del tiempo de respuesta de la Administración a los recursos y solicitudes presentadas por los contribuyentes transmite proximidad y disponibilidad de la Administración para resolver los procedimientos que se tramitan a instancia de éstos».

Todas estas medidas serán sometidas a seguimiento y evaluación internos. En lo que se refiere a la recaudación, existirán «análisis periódicos del nivel de ejecución de las previsiones presupuestarias de ingresos, con la finalidad de suministrar a los órganos encargados de su estimación posibles tendencias o comportamientos de contribuyentes que tengan impacto recaudatorio, así como la identificación, en su caso, de las causas que puedan explicar una eventual desviación del objetivo de ingreso previsto, y la proposición de posibles medidas normativas que puedan contribuir a la mejora de la gestión recaudatoria».

Por último, se priorizarán «las actuaciones administrativas de recaudación con arreglo a criterios de riesgo fiscal», teniendo en cuenta, por ejemplo, la «antigüedad» de la deuda.