Los pisos turísticos de Málaga, en pie de guerra

Los propietarios de viviendas turísticas de Málaga están en pie de guerra. La medida impulsada por el Ayuntamiento para dar de baja más de mil alojamientos de esta tipología en la ciudad es «restrictiva, impuesta sin el procedimiento adecuado, injusta y además supone un atropello a los derechos legítimos de quienes gestionan este tipo de propiedades», asegura Juan Cubo, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro). Cubo asegura que decenas de afectados ya se han puesto en manos de la asociación para la defensa administrativa de sus inscripciones en el registro de Turismo.

Centenares de propietarios han recibido ya notificaciones de la Junta de Andalucía donde se les informa que se les va a dar de baja en el registro de alojamientos turísticos, con un plazo de diez días para alegar. La asociación está prestando asesoramiento a todos ellos «para que ninguna persona afectada se vea perjudicada por una medida a todas luces injusta y no ajustada a derecho».

«Tenemos claro que no es una medida que impulse la Junta de Andalucía y que se está viendo obligada a ejecutarla a petición del Ayuntamiento de Málaga. Es el equipo de gobierno de Francisco de la Torre el que debe dar las explicaciones de por qué no ha hecho una modificación del PGOU para regular el uso urbanístico de las viviendas de uso turístico, que hubiese sido lo correcto», señala Cubo. Junto a ello, avisa de que en caso de que se den de baja de manera injusta la administración «podría incurrir en responsabilidad patrimonial».

Por todo ello, la asociación expresa su más completo desacuerdo con las recientes medidas adoptadas, «pues vulneran principios fundamentales del derecho administrativo al imponer restricciones sin seguir el procedimiento legalmente establecido ni ofrecer las garantías que exige el ordenamiento jurídico».

En línea con lo ya transmitido en su día al Ayuntamiento de Málaga, la asociación «está desarrollando diferentes líneas de defensa en apoyo del sector, que serán debidamente comunicadas a la administración en el momento procedimental oportuno».

Formar parte del Registro de Turismo de la Junta de Andalucía «genera indudablemente una serie de derechos para los titulares de la actividad». Por ello, privar de ese derecho a propietarios y gestores «solo debe darse por previsión legalmente establecida y a través de los procedimientos y mecanismos legalmente establecidos». El procedimiento a seguir por el Ayuntamiento para comunicar a la Junta estos incumplimientos, según el colectivo, «también debe ajustarse a la ley». «En la práctica, el Ayuntamiento de Málaga está unilateralmente declarando la ilegalidad de una serie de viviendas», denuncia.