Policía Adscrita: el Gobierno vuelve a ahondar en el agravio

Los desequilibrios territoriales que plantean los pactos de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas abarcan muy distintos ámbitos, desde la financiación hasta el transporte o la seguridad. Precisamente, esta última competencia ha supuesto un nuevo agravio para Andalucía. Mientras que Sánchez se ha comprometido con ERC a incorporar 3.739 nuevos agentes de los Mossos d’Escuadra, mantiene a la mitad la plantilla de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía. El Gobierno es consciente de este problema –que comparten también Valencia, Galicia y Aragón–, tanto que en una carta remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los cuatro consejeros del ramo reconoce las «dificultades» de estas unidades y plantea una solución que no hace más que ahondar en la desigualdad con otros territorios: que las comunidades afectadas asuman la mitad del coste de estas plantillas.

El aumento de efectivos del cuerpo de Mossos d’Escuadra figura en el punto 4 del acuerdo entre el PSOE y el partido independentista catalán sobre «gestión singular» de cuestiones bilaterales relativo al «principio de suficiencia financiera». El primer apartado versa sobre este cuerpo. El documento remite al acuerdo de 5 de noviembre de 2021 de la Junta de Seguridad de Cataluña, en el que se expresa la necesidad de «ampliar los 18.267 efectivos actuales con 3.739 efectivos más hasta alcanzar una plantilla final de 22.006 efectivos». Aquella junta, la primera que se celebraba tras tres años sin reuniones bilaterales en materia de seguridad, fue presidida por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y por el propio Marlaska, acordándose la ampliación de la plantilla de la policía catalana en un 20%.

Con el aumento de mossos, ambos partidos consideran que se conseguirá una ratio de 2,628 agentes por cada mil habitantes, frente a la ratio de 2,365 agentes establecida en 2006, lo que se considera una cifra «actualizada y adecuada a las futuras necesidades operativas y al incremento poblacional en la comunidad».

Pues bien, Andalucía viene reclamando al Gobierno que dote a la Unidad de Policía Adscrita de más agentes ante la situación «alarmante» que padece el cuerpo. El Ejecutivo conoce este asunto porque el anterior consejero de la Presidencia y el actual han enviado varias cartas al ministro planteando esta demanda. En una de las últimas misivas, el titular del ramo, Antonio Sanz, explica que el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Dirección de la Policía fija la dotación de este cuerpo autonómico en 725 funcionarios. A día de hoy sólo cuenta con 383 efectivos, por lo que la plantilla está al 52%. Sanz alerta de que la situación se agravará este año 2024 al estar previstas más de una decena de bajas que «podrían desembocar en una situación de colapso técnico de imprevisibles consecuencias para la operatividad» del cuerpo. En este sentido, reclama al Ministerio del Interior la firma de un nuevo convenio y la incorporación de más de un centenar de agentes a través de la modalidad de comisión de servicio.

El pasado mes de diciembre las cuatro comunidades con Policía Adscrita hicieron frente común y alertaron de que la falta de efectivos «puede tener un impacto negativo en los servicios que nuestras unidades prestan a la ciudadanía, tan importantes como la protección de víctimas de violencia sobre la mujer, menores, el control de juego, protección del medio ambiente y la lucha contra los incendios forestales que tan negativamente están afectando a nuestros recursos naturales». Además, la falta de presencia policial «puede llevar a un aumento de la delincuencia y de la sensación de inseguridad en la población». En definitiva, sin una dotación de efectivos suficiente «los tiempos de respuesta ante emergencias pueden ser más largos, lo que puede poner en peligro la vida de las personas».

Por su parte, el ministro del Interior ha anunciado que convocará a las comunidades en la Secretaría de Estado de Seguridad para renovar los convenios caducados, sin aludir al necesario aumento de efectivos de las Policías Adscritas. No obstante, subraya que es «imprescindible garantizar la efectiva asunción» por estas comunidades de las obligaciones derivadas de la Disposición final cuarta de la Ley Orgánica 2/1986 para «coadyuvar a la financiación de las respectivas unidades adscritas mediante la cobertura de una cantidad anual equivalente al 50 por ciento de los costes del mantenimiento».

El consejero andaluz de la Presidencia confió en que se convoque «cuanto antes» este encuentro para firmar el convenio. «Andalucía está ya en condiciones de firmarlo; lo tiene negociado con el Ministerio y aceptadas todas sus condiciones».