Demetrio González Mera, director económico central de compras de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud y primer investigado en el caso sobre irregularidades en los contratos del SAS en Cádiz por valor de 235 millones de euros, ha negado conocer anomalías en estos procedimientos. Según fuentes jurídicas, en su declaración ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que investiga estos contratos del SAS, González Mera ha rechazado contestar las preguntas de la jueza Rosa María García, de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce Podemos Andalucía.

Sólo ha contestado a las preguntas de su abogado defensor, a quien ha explicado que no le consta que hubiera informes de actuación o comunicaciones especiales de la Intervención de la Junta de Andalucía alertando de irregularidades en la adjudicación de estos contratos, ni en el fraccionamiento de los mismos para evitar concursos públicos, ni en las prórrogas forzosas de otros porque se trataba de mantener servicios esenciales. González Mera es director económico central de compras de Cádiz en el SAS desde enero de 2020. Antes fue subdirector del mismo departamento desde 2019 y entre 2014 y 2019 fue subdirector económico administrativo de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos, ambos en la provincia.

Es el primer investigado en el sumario abierto en Cádiz a raíz de la denuncia que interpuso Podemos basándose en informes de la Junta que alertaron de "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. Estas adjudicaciones, según la denuncia, se hicieron "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo”.

La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistema 91,9 millones de euros (el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones (el 33,2 % del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2 % del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones, el 21,9 % del total de contrataciones. El juzgado de Sevilla que recibió la denuncia derivó a los jugados de cada provincia los contratos que afectaban a sus territorios. El de Cádiz es el único que ya ha abierto diligencias sobre esta denuncia hasta el momento y que ha citado a un investigado.

Además, el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga una denuncia del PSOE sobre el uso del SAS de los contratos de emergencia una vez superada la pandemia para la que fueron articulados, también citó como investigados el pasado noviembre a la gerente del SAS, Valle García, y a dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. A las puertas del juzgado de Cádiz donde hoy declaraba el investigado se han concentrado representantes de la Marea Blanca de Cádiz.

Su portavoz, Teresa Almagro, ha pedido, en declaraciones a los medios, que los impuestos de los andaluces vayan a donde tienen que ir, a la sanidad cien por cien pública". "Mientras hay empresas privadas que se están beneficiando y se están enriqueciendo, hay miles de andaluces que lo están pasando muy mal. Las listas de espera aumentan cada vez más, el hecho de que no se diagnostique a tiempo lleva a graves consecuencias de las patologías, incluso muertes. Hay gente sufriendo esperando una atención digna y de calidad " mientras "se están repartiendo beneficios entre empresas de sanidad privada, de construcción relacionadas con la sanidad y farmacéuticas", ha clamado.

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, se ha cuestionado si existe "un holding de empresas privadas que se benefician de la falta de control y de la sistemática vulneración de la Ley de Contratación del Sector Público" en el SAS.