T.G.L., Una mujer sevillana de 37 años, ha interpuesto una demanda judicial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por diagnosticarle estrés y tardar más de un año en detectarle un tumor cerebral, por lo que reclama una indemnización de 417.763,35 euros.

La mujer, representada por el abogado José Antonio Sires, del Bufete Sires Abogados, acudió el 9 de enero de 2023 a la consulta de un centro de Salud debido a "una sintomatología de sudoración fría, palidez, debilidad generalizada, que la obliga a tener que reposar para no perder la conciencia o sufrir obnubilaciones, junto a contractura de cervicales y temblores en la mano izquierda", según ha explicado a EFE el letrado.

En la consulta, el facultativo especialista del SAS del centro de salud atribuyó la afección a "estrés relacionado con el trabajo, así como problemas cervicales, no realizando en dicha consulta examen alguno, solicitando una resonancia magnética cervical, que fue realizada en mayo de 2023, sin siquiera derivarla al hospital para realizar pruebas adicionales, e ignorando por completo la descripción del dolor referida por la paciente".

Finalizó la consulta con una prescripción de antidepresivos y relajantes musculares, no realizando tratamiento alguno en la zona afectada en cuestión, y la mujer volvió al centro de salud hasta en siete ocasiones, en las que nunca se le practicaron pruebas complementarias; no fue hasta someterse a una resonancia magnética a finales de mayo cuando se descartó el diagnóstico de cervicalgia, y a mitad de junio cuando se la derivó al Servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío.

Con fecha 27 de julio de 2023, la paciente fue a este servicio al seguir sufriendo los mismos síntomas y allí se le realiza una exploración neurológica normal, sin programar pruebas complementarias, pero dado el agravamiento de la lesión y aumento del dolor, a finales de año acudió de nuevo para la solicitud de pruebas complementarias y estudio más profundo, realizándose en febrero de 2024 una resonancia magnética craneal, tras la que se le diagnostica un tumor cerebral.

La mujer reclamaba inicialmente 201.000 euros de indemnización, aunque ha subido a 417.000 tras descubrirse nuevos errores sanitarios durante el proceso que duró más de un año.