Salud tiende la mano a los sindicatos para rebajar la tensión en Andalucía

Una nueva etapa. Es lo que quiso escenificar ayer la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, poco después de hacerse con las riendas de uno de los departamentos más complejos de la Administración autonómica. La sanidad pública ha estado en el ojo del huracán desde casi el inicio de esta segunda legislatura del PP. La falta de médicos ha lastrado la gestión del anterior equipo liderado por Catalina García, un problema que no es exclusivo de Andalucía y que debe abordarse con el apoyo del Gobierno central. Además, pese a que los planes para reducir las listas de espera y fortalecer la atención primaria estaban dando resultado, el descontento sindical iba en aumento, además de las quejas de los pacientes por una atención que siempre está expuesta a las críticas.

Por ello, una de las primeras iniciativas de la nueva consejera ha sido reunirse con las centrales de la rama sanitaria, a las que tendió la mano para afrontar juntos «los desafíos actuales y futuros». Hernández mantuvo en encuentro ayer con los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Salud –CC OO, UGT, Sindicato Médico, CSIF y Satse–, comprometiéndose todos a mantener el diálogo para cumplir los acuerdos alcanzados.

La titular de Salud expuso el trabajo realizado por el anterior equipo de la Consejería y expresó su «permanente voluntad de diálogo, de colaboración y de compromiso intenso por el bien de la sanidad pública andaluza, buscando soluciones efectivas que beneficien tanto a profesionales como a la ciudadanía». Junto a ello, invitó a las organizaciones sindicales a continuar trabajando en las mesas de trabajo, técnicas y sectoriales para abordar los temas prioritarios de la sanidad, «como los que abundan en la mejora de las condiciones laborales, la optimización de los recursos asistenciales y la innovación en la atención sanitaria».

Este compromiso, en palabras de la consejera, «marca el inicio de una nueva etapa de cooperación, centrada en la consolidación de un sistema de salud más robusto y equitativo si cabe para todas las andaluzas y los andaluces».

Los sindicatos, por su parte, valoraron positivamente el encuentro y mostraron su intención de colaborar, sin olvidar las reivindicaciones pendientes. La secretaria general de CC OO Andalucía, Nuria López, señaló que desde el sindicato van a exigir al Gobierno andaluz que «cumpla» los acuerdos firmados, «medidas que iban a permitir salvar la atención primaria, reforzar el sistema sanitario y garantizar las condiciones laborales del personal». «Esperamos que el nuevo andar del Ejecutivo autonómico tenga resultados positivos», remarcó, aunque advirtió que los cambios que se han hecho «no son profundos, son de chapa y pintura para seguir andando». UGT reconoció que en la anterior etapa la central fue «muy crítica» y aseguró que el sistema sanitario público «se convirtió en un problema grave para la ciudadanía». Junto a ello, lamentó que «hemos perdido un prestigio ganado a lo largo de muchos años de buenos servicios que se han deteriorado en la actualidad».

De su lado, Satse enumeró los temas pendientes, como el bloqueo «de más de dos años» de la bolsa de empleo del SAS y la actualización de los demandantes de empleo, puesto que «actualmente se está contratando con los méritos registrados en 2021». También insistió en la necesidad de que el SAS renueve a los 12.000 profesionales que estaban contratados en el mes de enero, «ya que ha quedado demostrado que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de los centros sanitarios andaluces».

CSIF pidió a la nueva consejera «negociación real y efectiva» con los representantes de los trabajadores, así como un viraje en la «política errática» llevada a cabo hasta ahora por el departamento. Una gestión que, a su juicio, ha conducido «al clima de conflictividad y al descontento entre profesionales y ciudadanía».

El presidente de la rama sanitaria de CSIF Andalucía, Victorino Girela, expresó su preocupación por la «situación vivida en la sanidad pública los últimos meses, con un descontento manifiesto por parte de profesionales y ciudadanía», que achacó a las «medidas ineficientes e ineficaces tanto en inversión, aún por debajo de la media nacional y muy por debajo de países de la UE, como en la gestión y organización de recursos». En este sentido, dibujó un «panorama actual nada halagüeño» como consecuencia de «la falta de personal, contratos precarios, temporalidad por encima del 20%, envejecimiento de plantilla, bolsas de contratación sin actualizar o cartera de servicios cada vez mayor», al tiempo que recordó que «Andalucía es líder nacional en listas de espera que no se resuelven con conciertos».