Sánchez y sus años de abandono a Andalucía ante el drama migratorio

La llamada crisis de los refugiados de 2015, cuando alrededor de un millón de personas intentaron entrar en Europa, marcó un punto de inflexión en la política migratoria europea. La UE firmó acuerdos con países del sur del globo para contener la avalancha de llegadas y, en esa misma línea, se rubricó el polémico acuerdo de 2019 entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI, que permitía a Salvamento Marítimo desembarcar en los puertos marroquíes a los migrantes rescatados en alta mar, cuando antes los náufragos se trasladaban a nuestro país. Esa política de externalización de fronteras, puesta en entredicho por las organizaciones en defensa de los derechos humanos, dio sus frutos y las entradas de migrantes a España por la vía del Estrecho se redujo considerablemente: nada menos que un 93% en el último lustro. Como consecuencia, se reactivó la mortífera ruta canaria, con casi 10.000 personas muertas el año pasado.

La reactivación de esta ruta ha supuesto que la llegada de migrantes irregulares a Andalucía haya caído en picado. De hecho, en el último año se ha reducido nada menos que un 43%. Pero antes de que España se aliara con Marruecos, esta comunidad soportaba una enorme presión migratoria con cuantiosos flujos de entradas irregulares, sobre todo por Cádiz y el Mar de Alborán.

El año 2014 marcó récord de rescates en el Estrecho –casi 300 personas en un día– y la entonces presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, pidió la intercesión del rey de Marruecos, que la recibió en una visita sorpresa y sin precedentes –gracias a la mediación de la Monarquía española– un soleado 12 de septiembre en su palacio de Tetuán. Aquello fue el inicio de una relación que permitió posteriormente a la presidenta socialista proponer al país vecino la devolución en caliente de los menores marroquíes. Aquella iniciativa, hecha en 2018, cuando el sistema de acogida de menores andaluz estaba al borde del colapso, iba acompañada de la construcción de centros de formación en suelo marroquí para estos chicos.

La propuesta de Susana Díaz fue frenada en seco por el presidente Pedro Sánchez, que acababa de acceder a la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Sánchez alegó motivos humanitarios y decidió abandonar a su suerte a Andalucía, entonces la comunidad que más menores migrantes recibía, el 50% de todos los que llegaban al Estado: en el año 2018 más de 5.600. En contrapartida, ofreció un reparto equitativo de menores para el resto de las comunidades y un fondo de 40 millones a las autonomías más saturadas. Ambas promesas fueron incumplidas.

Cuando el popular Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta retomó la propuesta de su antecesora de devolver a los menores marroquíes colaborando con las administraciones de ambos países en la identificación y traslado para hacerlo con todas las garantías. De nuevo, Andalucía no fue escuchada. Como tampoco lo ha sido en la reclamación de considerar a esta comunidad como «frontera sur» en materia migratoria, realizada en primera instancia por Susana Díaz y más tarde por Moreno, lo que se traduciría en más fondos económicos para abordar la inmigración. El presidente andaluz ha defendido esta propuesta en reuniones en la Unión Europea sin contar con el apoyo del Gobierno de España.

El último enfrentamiento del Ejecutivo andaluz con el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido motivado por el traslado de los menores migrantes desde Canarias al resto de comunidades. En el caso andaluz, la Junta ha aprobado un requerimiento a la Administración General del Estado para que financie los más de 16,8 millones de euros que «ha soportado» al tener que asumir la atención integral e inmediata de los 567 menores trasladados a Andalucía como adultos. Es el primer paso antes de iniciar un proceso en el contencioso-administrativo «por la desidia, el caos, el desorden, el descontrol del Gobierno de España en materia de política migratoria». Otro frente abierto más para el que no hay pacto.

De ahí el enfado mayúsculo de Juanma Moreno tras el acuerdo de Pedro Sánchez con Junts, por el que le cede ciertas competencias migratorias y que calificó de «disparate colosal». El presidente andaluz se preguntó por qué «Cataluña sí y el resto de comunidades no», y por qué a Cataluña se le deja fuera en el reparto de menores migrantes. Desde Andalucía se teme que la presión de los independentistas catalanes y vascos castigue al resto de autonomías y tengan que asumir una mayor presión en sus centros de acogida. Los de la comunidad andaluza están al borde del colapso y apenas pueden soportar más carga.

A todo ello se añade otro factor más. En el caso de la inmigración, Andalucía no puede ser utilizada como «coartada» para justificar la cesión de competencias a Cataluña, como así se ha hecho en la quita de deuda a las regiones pactada con los independentistas catalanes. La región andaluza no cuenta con una Policía autonómica y solo tiene una unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad, que depende orgánicamente del Ministerio del Interior y, funcionalmente, de las autoridades de la comunidad autónoma.

Recientemente, y tras seis años de negociaciones, Interior y la Junta de Andalucía firmaron un convenio para cubrir progresivamente las plazas vacantes de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad andaluza. Así, en cuatro años, en 2029, contará con 270 nuevos agentes, hasta alcanzar un total de 632 efectivos (actualmente, solo hay 362). En el caso de Cataluña, el acuerdo con el Gobierno incluye que se llegue a la cifra de 25.000 mossos en el año 2030.