«Sobran Airbnb»: Sevilla y Málaga ya toman medidas

Lo dijo el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del paquete de medidas para paliar la denominada crisis habitacional: «Sobran Airbnb y faltan viviendas». Sánchez ponía el foco en la proliferación de pisos turísticos en las ciudades, uno de los factores que está propiciando el alarmante encarecimiento de la vivienda para uso residencial y la escasez de oferta. A su juicio, «el deber de las administraciones públicas del Gobierno de España es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada, a costa precisamente de los vecinos y vecinas de esos inmuebles». Según el presidente del Gobierno, el PP ha sido el causante de esta situación. Al menos así se desprende de su relato: «Se rescató al sector financiero, se abrieron las puertas de par en par de nuestras ciudades a empresas como Airbnb, se aprobaron las llamadas Golden Visa, que animaban precisamente a los millonarios extranjeros a especular con nuestras casas, y se dejaron a 600.000 familias desahuciadas en la calle».

Sin embargo, en Andalucía es el Ejecutivo del PP el que ha abierto la puerta a los ayuntamientos para que pongan coto a la proliferación de pisos turísticos, una actividad que se ha multiplicado en los últimos años y que está generando tensiones en el mercado inmobiliario. Los consistorios de Málaga y Sevilla, gobernados por el PP, ya han tomado cartas en el asunto y han empezado a endurecer las condiciones para conceder licencias. Ayer, precisamente, entró en vigor en Málaga la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prohíbe la implantación de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad donde esta modalidad de alojamiento supone más del 8% del parque residencial.

De esta manera, a partir de ahora solo podrán otorgarse nuevas autorizaciones hasta alcanzar el límite máximo previsto en aquellos barrios donde no se haya agotado el número máximo de viviendas de uso turístico establecidas. Por el contrario, en aquellos barrios donde se haya llegado al límite o éste haya sido sobrepasado, no podrá otorgarse ninguna autorización nueva para esta modalidad de alojamiento turístico.

Así, se delimitan zonas diferenciadas en la ciudad de Málaga tomando como referencia 417 barrios establecidos por el Centro Municipal de Informática y en función del porcentaje de viviendas turísticas registradas en el RTA. Junto a ello, se endurecen las condiciones de las nuevas viviendas turísticas: deberán disponer de elementos de acceso y evacuación adecuados independientes de los del resto del edificio, así como de instalaciones generales y suministros (luz, agua y teléfono) totalmente independientes de las del resto del edificio.

En Sevilla, la limitación de esta actividad ha sido uno de los primeros puntos de encuentro entre el Gobierno local del PP y Vox. Según lo acordado, no podrán sobrepasar el 10% con respecto a las de carácter residencial en los 11 distritos, lo que supone un total de 32.400. Este porcentaje ya se supera con creces en la mayoría de los barrios del centro y Triana. Además, la regulación contempla la revisión del número máximo de pisos turísticos en las zonas de «alto esfuerzo familiar» –donde se invierte más del 30% del sueldo en la vivienda–, en las zonas acústicamente saturadas y en las patrimoniales, así como una revisión trimestral de los porcentajes de viviendas turísticas respecto a las residenciales.

Otra medida controvertida es el corte de la luz, el agua y otros suministros a los pisos turísticos ilegales. El Ayuntamiento de Sevilla la anunció en agosto y en septiembre la llevó a efecto en las primeras seis viviendas. Los servicios municipales están reforzando inspecciones y cruzando datos con la Junta para dejar al descubierto la ilegalidad de esta actividad, se está aplicando un IBI terciario y se ha abierto un canal de denuncias para que los vecinos puedan informar al Consistorio de estas situaciones en sus barrios.

No obstante, fue la Junta la primera en dar el paso –hace ya un año– con la aprobación de un decreto que incluía como principal novedad que los ayuntamientos podían limitar esta actividad «por razón imperiosa de interés general». El texto establece que el servicio de alquiler turístico deberá prestarse durante todo el año o durante períodos específicos dentro del mismo año. Este extremo se debe constar en una declaración responsable. Además, sólo podrá ser comercializada la vivienda en los períodos indicados. De lo contrario, será considerada actividad clandestina.

En cuanto a las condiciones de los alojamientos, en el decreto se asegura que las dimensiones mínimas construidas serán de 14 metros cuadrados por cada plaza que se oferte, conforme a la superficie construida de uso principal que conste en la Sede Electrónica del Catastro. Los dormitorios y salones tendrán ventilación directa al exterior y un sistema de oscurecimiento de las ventanas. Además, deberá disponer de refrigeración si se oferta en mayo, junio, julio y agosto.

La Junta pide al Gobierno menos intervención

La Junta reclamó ayer al Gobierno central «menos intervencionismo y más construcción de viviendas» para hacer frente a este problema «de Estado», tras las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, aseguró un asunto tan serio como el de la vivienda tiene que tener una respuesta «realista y efectiva, y no demagógica» y tiene que haber cooperación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. «El problema de acceso a la vivienda es un problema de Estado», indicó, además de valorar las medidas que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado sobre este asunto.