A las universidades andaluzas les falta «transparencia»

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado a las universidades públicas andaluzas que adopten «medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información en materia de contratos y convenios, conforme al procedimiento, en los plazos y forma indicada en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, así como en el acuerdo de procedimientos dictado al efecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía, ya que además de la exigencia legal constituyen un elemento clave para la transparencia». En un informe de fiscalización de las cuentas, contratos y convenios rendidos por las Universidades Públicas de Andalucía entre 2019 y 2021, este órgano de control alerta de algunas cuestiones que le llevan a emitir una opinión favorable con salvedades, es decir, con elementos que deberían corregirse.

Entre otros, la Cámara de Cuentas ha detectado que en el periodo analizado 2019-2021 las cuentas rendidas por las Universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga «están incompletas al no incluir todas las cuentas de las entidades en las que tienen una participación mayoritaria, ejercen un control efectivo o el consorcio está adscrito». La auditoría pone como ejemplo la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía o la Fundación General de la Universidad de Málaga Privada.

También advierte el trabajo que «en lo que respecta al contenido de las cuentas rendidas, la Universidad de Sevilla no ha incorporado los estados contables de carácter patrimonial (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estados de flujos de efectivo) en las Cuentas Anuales rendidas en los ejercicios 2019-2020».

En el caso de la Universidad de Córdoba, «los estados contables de carácter patrimonial incluidos en las Cuentas Anuales para los ejercicios 2019-2020 no han sido sometidos a auditoría externa y presentan inconsistencias en las magnitudes rendidas».

Igualmente hay problemas con la rendición de cuentas con respecto a los contratos que realizan. Así, «respecto a la obligación de remisión dentro de los tres meses siguientes a la formalización de los contratos de los extractos de expedientes que exceden de determinados importes en función de la tipología de contratos han cumplido con la misma cuatro universidades (Almería, Cádiz, Granada y la Internacional de Andalucía) en 2019; dos (Córdoba y Huelva) en 2020; y tres (Córdoba, Jaén y de nuevo la Internacional de Andalucía) en 2021.

Esto supone que las Universidades de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla en 2019; Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga, Internacional de Andalucía, Pablo de Olavide y Sevilla en 2020; y las de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla en 2021 no han remitido la totalidad de los expedientes que debían haber sido enviados de acuerdo con su cuantía y naturaleza.

Otro detalle sobre el que alerta la Cámara de Cuentas es que en el periodo fiscalizado, 2019-2021, «ninguna Universidad ha remitido información relativa a convenios o, en su caso, la certificación negativa de no haber suscrito convenios que cumplen los requisitos».

Advierte la fiscalización que el total de convenios vigentes por las universidades públicas de Andalucía para el periodo 2019-2021 «asciende a 16.324, de los que el 90% (14.743) no tienen contraprestación, frente al restante 10% (1.581) en los que se contempla contraprestación económica». En este sentido, abunda que en 23 convenios los compromisos económicos superan el importe de 600.000 euros.

En cuanto a una de las principales preocupaciones de las universidades públicas andaluzas, como es la financiación que reciben, la Cámara de Cuentas apunta que en el ejercicio 2021, las previsiones definitivas en el presupuesto de ingresos del conjunto de las Universidades se elevaron a 2.855 millones de euros, «ejecutándose un 72% (sobre los Derechos Reconocidos Netos que ascendieron a 2.044 millones en este periodo)».

En cualquier caso, sí constata el deterioro de las cuentas porque en estos ejercicios las «han financiado sus presupuestos de gastos con recursos propios provenientes de los remanentes de tesorería generados en ejercicios anteriores». Igualmente, recuerda que desde 2016 no han contado «con un sistema planificado de financiación», circunstancia que ya se ha solventado con la aprobación del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo comprendido entre 2023 y 2027.

Este nuevo marco de distribución, diseñado por la actual Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, garantiza, en teoría, la suficiencia financiera del sistema y atiende a las particularidades de cada una de ellas.

La nueva herramienta plurianual, que se aplicará a las diez universidades públicas, incluye como novedad la evaluación y verificación de los resultados.

Hay que señalar que la mayor parte del gasto ejecutado por las universidades públicas de la región se destina a gastos de personal, partida que en 2021 alcanzó el 66% (1.376 millones de euros) del total de obligaciones reconocidas netas, seguido de los gastos en inversiones reales con un 19% (390 millones). En tercer lugar, gastaron el 11% (231 millones) en bienes corrientes y servicios. Las operaciones financieras tienen una importancia «residual».