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Asesinato
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de 20 años de cárcel y 5 de libertad vigilada para un acusado de asesinar su a tío político, cuyo cadáver fue localizado enterrado en una finca de Granda (Siero) un mes y medio después de que se produjeran los hechos, en marzo de 2024. Un hermano y un primo del acusado están acusados de encubrimiento.
La víctima, J. J. P. C. (1972), de nacionalidad colombiana y padre de cinco hijos, vivía en España desde el mes de julio de 2023, fecha en la que se trasladó a Asturias para trabajar en una empresa de limpieza y así conseguir ingresos para su familia, que se quedó en el país latinoamericano.
Fijó su residencia en Colloto. En la misma compañía trabajaban su cuñado (hermano de su mujer) y los dos hijos de este, sobrinos políticos del fallecido. También formaba parte de la plantilla un primo de estos dos últimos, el tercer acusado.
El grupo quedaba en ocasiones después de la jornada laboral para tomar unas cervezas. Así sucedió el 25 de marzo de 2024. Tras un tiempo todos juntos, se quedaron solos, fueron a un supermercado a comprar más cerveza y bebieron un número indeterminado de ellas. No consta el grado de afectación que les produjo el consumo de alcohol.
Sobre las ocho menos veinte de la tarde, ambos se desplazaron a la vivienda de uno de los acusados, en Granda. En un momento dado, y tras una videollamada que J. J. P. C. mantuvo con su pareja, se inició entre los dos una discusión por un episodio familiar violento ocurrido en el pasado. En el transcurso de la misma, uno de los acusados hirió con un arma blanca y con la intención de acabar con su vida a J. J. P. C., lo atacó súbita y repentinamente en la zona del cuello.
Lo apuñaló repetidamente, también en otras zonas del cuerpo, causándole la muerte. La víctima no tuvo ninguna posibilidad de reacción o lucha ante el ataque. El cuerpo no presentaba ninguna lesión compatible con una actitud de defensa. Aproximadamente una hora después, el agresor llamó a su hermano y éste acudió a
su domicilio. Ya juntos, para evitar que se encontrara el cadáver de J. J. P. C., ambos decidieron que la mejor opción era enterrarlo en una zona del huerto y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a su hallazgo.
También cogieron el móvil de la víctima y lo destruyeron. Para enterrar a J. J. P. C., le quitaron la ropa que llevaba en la parte de arriba, se deshicieron de ella y le pusieron una bolsa de plástico que lo cubría parcialmente (cabeza, tronco y extremidad superior derecha) y otra bolsa enlazada a la primera con cinta americana negra, con la que el cuerpo quedó totalmente envuelto. A continuación, cavaron un hoyo en el jardín y metieron en él el cadáver, eliminaron el arma del crimen, limpiaron el lugar de forma exhaustiva y decidieron borrar las conversaciones que ambos habían mantenido por teléfono ese día.
Las investigaciones policiales se iniciaron el día 26, después de que la pareja sentimental del fallecido presentara una denuncia por la desaparición de J. J. P. C.
El 10 de abril, uno de los acusados compareció libremente en dependencias policiales y, con el objeto de proteger a su hermano, el agresor, y dificultar la investigación
policial, declaró libremente que no recordaba si el día de los hechos había estado con él y que no conocía información o dato que pudiera ser relevante para el esclarecimiento del caso.
No obstante, el día 29 regresó y, al contrario de lo que había manifestado con anterioridad, afirmó que, el día que J. J. P. C. había desaparecido, recibió una llamada de su hermano para que fuera a su casa a tomar algo, lo que hizo. Aseguró que al llegar a la casa vio que J. J. P. C. estaba también en la vivienda y que, cuando se marchó a las diez menos cuarto de la noche, los había dejado a los dos en el inmueble, ebrios y escuchando música. Por su parte, el tercer acusado mantuvo el día de los hechos varias conversaciones telefónicas con el segundo.
También habló con el agresor, y en algún momento de una llamada que mantuvo con éste a las 23,24 horas, tuvo conocimiento de la muerte de J.J. P. C. No obstante, se lo ocultó a la Policía, borró mensajes de su móvil y ofreció diversas versiones a los agentes. Si esta conducta no se hubiera producido, se podría haber encontrado más rápidamente el cadáver de la víctima, esclarecer la autoría de su muerte y evitar que se hubieran ocultado pruebas del delito.
El 7 de mayo de 2024 se autorizó la entrada y registro en la finca del investigado principal, al considerar los agentes que el cuerpo podría estar allí enterrado. El cadáver fue localizado al día siguiente, cerca de un lugar de compostaje, tras los intentos fallidos de la primera jornada de búsqueda. Se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno –húmedo con falta de aire- y por las bolsas de plástico que lo envolvían.
La Fiscalía entiende que el acusado 1 es autor de un delito de asesinato y solicitan para él 20 años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación absoluta y abono y libertad vigilada con una duración de 5 años, más costas. A los otros dos acusados se les acusa de ser encubridores, uno deberá indemnizar a la familia con 7.000 euros por el daño moral, pero no se le solicita pena porque es encubridor de su hermano. Al tercer acusado se le piden 3 años de cárcel que será sustituida por la expulsión del territorio nacional durante 5 años.
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