El polémico desahucio de 50 familias en Menorca: "No nos moverán de aquí"

En Alaior, medio centenar de familias vive desde principios de año en un estado de incertidumbre que no parece tener fin. Los vecinos de un bloque de la avenida Verge del Toro podrían perder sus viviendas tras la quiebra de la promotora que levantó el edificio, una empresa que arrastra una deuda millonaria superior a los doce millones de euros.

La situación ha llevado al Juzgado de Mahón a poner los inmuebles en subasta, dejando a los inquilinos al borde del desahucio, como ha informado el periódico Ara Balears.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los residentes, muchos de ellos con contratos en regla y años de convivencia en el mismo edificio. Las pancartas que cuelgan de sus balcones hablan por ellos: “No nos moverán”, “Las casas son para vivir, no para especular”. Aseguran que seguirán resistiendo y exigen a las administraciones una salida que les permita conservar sus hogares.

Un mercado con precios desorbitados

El mercado inmobiliario menorquín, marcado por la escasez de alquileres y los precios desorbitados, no ofrece demasiadas alternativas. “Encontrar un piso asequible en la isla es casi imposible”, resume una vecina.

Por eso, todas las esperanzas se centran ahora en la Sareb, el conocido “banco malo”, que en Mahón ya adquirió recientemente un edificio en circunstancias parecidas y mantuvo los alquileres existentes.

Un fallo técnico en la convocatoria de la subasta ha paralizado temporalmente el proceso judicial, aunque no el nerviosismo de las familias. El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ha intentado mediar para evitar que las 56 familias se queden sin techo.

“No son okupas ni morosos; pagan su alquiler cada mes y merecen estabilidad”, defiende. Benejam confía en que la Sareb se haga finalmente con la propiedad y que los contratos se mantengan cuando los pisos pasen a manos de la futura Sociedad Pública Estatal de Vivienda y Suelo (SEPES).

Temor a los fondos privados

Según el regidor, “si en Mahón se respetaron los arrendamientos, aquí debe hacerse lo mismo”. Aun así, teme que la puja atraiga a fondos privados, ya que los pisos se subastan por separado y a precios atractivos para los inversores.

El debate ha reabierto viejas heridas sobre el papel del Govern en materia de vivienda. Desde el Ejecutivo autonómico se asegura que el Ibavi —el instituto balear encargado de la promoción pública— no puede participar en operaciones con viviendas ya habitadas.

Sin embargo, algunos expertos cuestionan esa interpretación. El exdirector general de Vivienda Eduard Robsy sostiene que la ley permite ejercer el derecho de tanteo y retracto en transmisiones entre grandes tenedores, incluso cuando los pisos están ocupados, si se trata de operaciones judiciales realizadas después de 2020.

Pendientes de la resolución judicial

Mientras las administraciones discuten competencias y marcos legales, las familias de la Verge del Toro viven pendientes de una resolución que determinará su futuro inmediato.

“No queremos ayudas ni promesas, solo quedarnos en nuestras casas”, repiten. En una isla donde la vivienda se ha convertido en un bien escaso y cada vez más inaccesible, su lucha simboliza la resistencia de quienes se niegan a ser expulsados del lugar donde han construido su vida.