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Por principios

Los valores y creencias son cimientos sobre los que debe alzarse una sociedad fiable con ciudadanos que tienen la legítima aspiración de progresar. En la actividad política los principios adquieren, si cabe, mayor relevancia. No está de moda pero ser coherente, previsible y cumplir con lo que te comprometes con los ciudadanos ha sido el motor de mi trayectoria política y trabajaré para que así siga siendo.

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Regeneradores de la corrupción

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Sobre el autor

Isabel Bonig

Nacida en Castellón de La Plana el 25 de febrero de 1970 es licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón con la calificación de Premio Extraordinario. Su trayectoria política comenzó en 2003 como asesora del conseller de Presidencia y más tarde y hasta 2007 asesoró al conseller de Cultura, Educación y Deporte. Su primer gran logro fue convertirse en alcaldesa de Vall d´Uixó en 2007 con una mayoría absoluta que revalidó en 2011. Ese mismo año dejó la Alcaldía para encabezar la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, puesto que desempeñó hasta 2015. En la actualidad es presidenta del Partido Popular Comunidad de la Valenciana, desde julio de 2015, y Portavoz del grupo parlamentario popular de las Cortes Valencianas.

La nada. Eso es lo que gobierna los destinos de la Comunidad Valenciana después de que quienes accedieron al poder a lomos del caballo de la supuesta renovación se hayan convertido en tristes referentes de la corrupción. No había proyecto alternativo, solo la crítica destructiva al PP y eso es lo que han puesto de manifiesto las últimas operaciones contra dirigentes socialistas y de Compromís.

Decía el escritor y pensador español Ramón de Campoamor que “...nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Y no le faltaba razón, sigue vigente. Ximo Puig y Mónica Oltra actuaron como inquisidores cuando la lacra de la corrupción afectaba a otras formaciones políticas, pedían destituciones preventivas, expulsiones e incluso la ilegalización de siglas como las del PP. Eso era lo que demandaba la hoy consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Todo ese furor de justicia preventiva, de pena de telediario o de animación del escarnio público se torna en prudencia, exquisitez, respeto a los tiempos del proceso judicial y empatía con quienes son acusados de corrupción: son de sus filas. Ya lo vimos con Gabriel Echávarri, el exalcalde socialista de Alicante, a quien blindaron durante meses pese a saberse que iba a ser procesado por partida doble.

La Alcaldía de Alicante, una de las más importantes de España, cayó en manos de prácticas supuestamente corruptas pero Ximo Puig fue complaciente con Echávarri hasta que las evidencias de su procesamiento ya no sostenían más sus argumentos. La presunción de inocencia que le negó a otros sí que se la concedió el líder de los socialistas valencianos a Echávarri porque era “uno de los nuestros”.

Ese terremoto desagradable para quienes venían a levantar una “hipoteca reputacional” en la Comunidad Valenciana ha elevado su magnitud en la escala de Richter y se ha extendido territorialmente. Esta semana hemos visto como el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y otras cinco personas vinculadas con el PSPV y Compromís eran detenidas por la policía con acusaciones graves de corrupción y desvío de dinero público a estas formaciones.

¿La reacción? Lo esperado. Era insostenible la continuidad de Rodríguez, pero lo intentaron. Primero Pedro Sánchez aludió a la aplicación de los estatutos del PSOE para actuar cuando se le abra juicio oral y después Ximo Puig pidió “prudencia” hasta conocer las acusaciones. Y lo aderezó el portavoz parlamentario del PSPV en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, expresando su sorpresa por el “desmesurado despliegue policial”, algo que compartían en Compromís.

Prudencia y respeto a la presunción de inocencia es lo que ha defendido el PP durante los años en los que, los ahora señalados por prácticas de corrupción, lo despreciaban de manera flagrante. Puig ni siquiera acertó a suspender de militancia cautelarmente a Rodríguez cuando se enteró de su detención. No hizo nada. Y solo la presión con el paso de las horas y las imágenes dando la vuelta a España cambiaron su decisión de mantener al detenido en su puesto.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a la sazón ministro de Fomento, decidió pedir la destitución de Rodríguez en público y a Puig no le quedó más remedio que obedecer. A Ábalos le viene bien porque el presidente de la Diputación de Valencia no es de su cuerda, es más, votó a favor de Susana Díaz cuando se debatía el liderazgo socialista con Pedro Sánchez. Se cobró una pieza.

Puig queda muy tocado, por su falta de reacción, por intentar proteger a otro de los suyos, como intentó con Echávarri. El presidente valenciano debe ser coherente y aplicar lo que siempre ha pedido, distinguir entre responsabilidades políticas y judiciales.

Lo que no debía esperar es que en apenas tres años tuviera que afrontar esa toma de decisiones porque la corrupción les afecta de lleno. Cuatro tribunales distintos en España juzgan la la presunta financiación irregular de PSOE y Compromís en las elecciones de 2007. Hay 26 imputados. Como también lo está el alcalde de Paterna, entre otros.

Y qué decir de Compromís. Camisetas denuncia que encumbraron a Oltra al culmen de la mediática lucha contra la corrupción sustanciada también en escraches de algunos de sus compañeros de partido (hoy concejales) contra dirigentes del PP. En realidad era eso, una lucha contra el PP, porque la corrupción, cuando afecta a la formación independentista no se aborda. No lo han hecho con su ex alcaldesa de Simat de la Valldigna Agustina Brines, ahora detenida en la operación contra la corrupción en la Diputación de Valencia.

Y tampoco han movido pieza con la investigación judicial abierta contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Quien exigía dimisiones por las antiguas imputaciones, ahora investigados, no se lo aplica en carne propia y Ribó, después de declarar ante el juez, afirma que es un caso administrativo. Es corrupción de baja intensidad, dice, pero está claro que los vendedores de humo han quedado al descubierto con las operaciones policiales y las decisiones judiciales evidenciándose que son regeneradores de la corrupción.

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