El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, volvió a encender las alarmas este viernes por la lentitud en el traslado a la península de los menores con derecho a asilo, donde sólo 67 de los 1.000 comprometidos han salido hasta ahora. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello aseveró que "se está vulnerando el derecho de esos menores” y la responsabilidad de dar respuesta “es del Ejecutivo central”.

Cabello recordó que han pasado “muchos meses” desde el último auto del Tribunal Supremo, que fijó un plazo de diez días para revertir la situación de hacinamiento. Sin embargo, la foto no cambia, y son unos 5.000 jóvenes inmigrantes los que siguen en Canarias “en situación de hacinamiento”, señaló. El balance oficial que ofreció el propio portavoz deja poco margen a la interpretación.“Se empiezan a temer que no haya voluntad real por parte de nadie de cumplir con el Archipiélago, pues cuando debe llegar la respuesta parece que la solidaridad es de boquilla”, zanjó Cabello.

El Gobierno de España queda de nuevo en el centro del foco por gestionar a cuentagotas una medida que, según Canarias, no es opcional sino una obligación legal y humanitaria. Tras meses de advertencias y un requerimiento judicial expreso, el resultado es un atasco injustificable que prolonga el estrés del sistema de acogida y condena a menores a una espera que no deberían soportar.

El mensaje político que llega de las Islas siempre ha sido claro, y es que "Madrid promete y no ejecuta". Y cuando la ejecución se reduce a un 6,7% de lo comprometido (67 de 1.000), "no hablamos de ajustes técnicos sino de falta de voluntad", como deslizó Cabello. Si el Gobierno central no cumple sus propios plazos -y los dictados por el Supremo, según la versión del Ejecutivo canario-, la credibilidad de su política migratoria queda, cuanto menos, en entredicho.