Canarias estrena la primera ley de volcanes de España: una norma nacida del dolor y escrita a muchas manos

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la primera ley de volcanes de España, una norma que como el propio magma, sale de la tierra. Comenzó como Iniciativa Legislativa Popular y fue empujada por algo más de 18.000 firmas, muchas de ellas de quienes aún cuentan las pérdidas que dejó el Tajogaite en La Palma.

El texto fija un marco estable para lo que, en el Archipiélago, no es excepcional, sino probable. Introduce retroactividad para blindar derechos económicos y sociales, asegura compensaciones por el valor íntegro de los bienes perdidos y abre la puerta a reconstruir viviendas en la misma zona arrasada, o en la más próxima y viable. La promesa, esta vez, es de tiempo y de cercanía, con menos maraña de decretos, más respuestas a pie de barrio, de finca y de negocio.

Fue una sesión plenaria sin trincheras. Raúl Acosta (AHI) la resumió de forma directa: "Esta ley emana del pueblo". Jesús Ramos (ASG) puso el acento en la seguridad jurídica que deja atrás parches y urgencias, y Vox, a través de Javier Nieto, reconoció la valentía de los afectados, aunque advirtió que la norma "no es la panacea". Desde NC-bc, Luis Campos pidió leer la ley como aprendizaje, porque se hizo mucho, quizá más lento de lo debido, y esta hoja de ruta quiere corregir ese ritmo.

El PP defendió que se trata de una norma "para todos los canarios", a cuatro años del inicio de la erupción palmera, y reivindicó la coordinación pública que permitió atravesar 85 días de incertidumbre sin víctimas mortales. Coalición Canaria, por boca de Jonathan de Felipe, apeló a mantener la responsabilidad compartida que La Palma demostró cuando la lava aun estaba caliente. Y el PSOE, con Alicia Vanoostende, pidió no inflar expectativas: "La ley protege y ordena, pero exigirá transparencia en el reparto de ayudas y rigor con el sector primario, que aún arrastra facturas en cultivos, regadíos y accesos".

Más allá de las consignas, el espíritu es y ha sido práctico. La norma acorta trámites, prioriza que las familias reconstruyan su vida en su entorno y establece que las compensaciones sean a precio real, no a estimaciones a la baja. También consolida lo aprendido, que es qué hacer con la cartografía cambiante, cómo ordenar el suelo recién nacido, de qué manera se activan y coordinan las ayudas, y quién lidera cada fase y con qué plazos. El objetivo es no volver a improvisar con la lava en los zapatos.

Quedan, por supuesto, deberes fuera del BOE canario, como la relación con aseguradoras, la letra pequeña fiscal y la coordinación interadministrativa cuando la emergencia se alarga más de lo previsto. Pero la foto de hoy es otra, con una ley consensuada y pionera.