El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, defendió este lunes su actuación durante la crisis sanitaria y rechazó cualquier vinculación con prácticas ilegales en la compra de material sanitario durante la pandemia. “No se va a encontrar ningún audio, mensaje o actuación mía fuera de la ley”, sentenció ante la comisión de investigación del Parlamento regional que indaga sobre el denominado “caso mascarillas”.

Torres compareció en la última sesión prevista de esta comisión parlamentaria, creada para esclarecer la adjudicación de contratos millonarios durante la emergencia sanitaria, en particular a las empresas RR7 y Soluciones de Gestión. La primera, dedicada a la compraventa de vehículos, recibió un adelanto de cuatro millones de euros por mascarillas que nunca llegaron a entregarse. La segunda, presuntamente vinculada a la trama del exasesor ministerial Koldo García, firmó contratos por más de 12 millones de euros con el Servicio Canario de Salud (SCS).

El exmandatario canario defendió la contratación con Soluciones de Gestión, asegurando que en los momentos más críticos de la pandemia la empresa suministró dos millones de mascarillas “en cuestión de días”. Añadió que la compañía ya había trabajado con Puertos del Estado, lo que sirvió de referencia para su selección. “Nadie me llamó para pedir que se contratara a esa empresa”, insistió, aunque admitió que fue informada al entonces director del SCS, Antonio Olivera, a través de una recomendación que no quiso identificar.

Sobre sus conversaciones posteriores con Koldo García, Torres aclaró que se limitaron a cuestiones logísticas relacionadas con pagos pendientes a Soluciones de Gestión. Afirmó que fue Olivera, ya como viceconsejero de Presidencia, quien se encargó de resolver los retrasos en los pagos.

En relación con el caso de RR7, Torres dijo haberse enterado por la prensa de que la empresa había recibido el adelanto sin entregar el material. “El expediente estaba en manos del SCS. Se había iniciado un procedimiento de embargo y se intentaba recuperar el dinero”, señaló. Subrayó que ese asunto está judicializado y pidió que sea la justicia quien determine si hubo o no irregularidades. “El que haya hecho algo, que lo pague, pero hay que respetar la presunción de inocencia”, declaró.

El ministro también aludió a las posibles investigaciones de la Guardia Civil (UCO) sobre su figura, mostrándose tranquilo. “Estoy deseando que salgan todas las conversaciones. No se encontrará nada ilegal, ni con pisos, ni con mujeres explotadas, ni con mordidas. Desprecio la corrupción, la persigo y la perseguiré siempre”, afirmó con contundencia, a la vez que aseguró no conocer al empresario Víctor de Aldama.

Torres recordó que durante su mandato se asumieron responsabilidades políticas, como la salida de Conrado Domínguez del Gobierno, tras conocerse su implicación en los contratos investigados. En cuanto a la destitución de Teresa Cruz como consejera de Sanidad, decisión previa al nombramiento de Domínguez como director del SCS, la justificó en la necesidad de cohesionar al equipo en un momento crítico de la pandemia.

Respecto a su posible responsabilidad política en el caso, sostuvo que esta quedó dirimida en las urnas, al haber sido el PSOE el partido más votado en las siguientes elecciones autonómicas. “Si ha habido desalmados que se hayan beneficiado de manera ilegal, que lo paguen. Lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores”, concluyó.