La fiscal superior de Canarias alerta de que es “muy difícil” determinar la edad de los menores migrantes en solo 15 días

La fiscal superior de Canarias,María Farnés Martínez, ha reconocido este martes que resulta muy complicado determinar la edad de los menores migrantes que arriban a las costas del archipiélago en apenas 15 días. La representante del Ministerio Público ha admitido que el plazo impuesto por la reforma de la ley de extranjería es un error, ya que el proceso requiere más tiempo y medios para garantizar su fiabilidad.

Durante la presentación de la memoria anual en el Parlamento de Canarias, Farnés Martínez explicó que, "si en ese periodo no se consigue fijar la edad, la responsabilidad pasa a la comunidad de destino". Esta situación, advirtió, puede derivar en el traslado de personas adultas como si fueran menores, lo que "genera inseguridad jurídica y problemas de acogida", indicó. La fiscal insistió en que lo más adecuado habría sido que los traslados se realizaran únicamente una vez determinada la edad de cada joven.

Dificultades en la verificación y falta de recursos

La fiscal subrayó que los casos más complejos se dan entre quienes aparentan tener entre 15 y 18 años y carecen de documentación. En esas circunstancias es necesario recurrir a pruebas óseas, un procedimiento que en islas como El Hierro resulta especialmente difícil, ya que obliga a trasladar a los menores hasta Tenerife, alojarlos en un centro y llevarlos después a un hospital. Cuando se completa todo el proceso, el plazo legal de 15 días ya se ha superado.

Según explicó, "muchos jóvenes no saben con exactitud su edad porque en sus países de origen el registro civil no es tan preciso como en España. Otros aseguran ser menores porque creen que así tendrán más facilidades para permanecer en territorio español". "No hay una respuesta única", señaló Farnés Martínez, quien recordó que la mayoría procede de entornos de extrema pobreza y busca una oportunidad de futuro.

Aumento del trabajo en extranjería y trata de personas

La memoria de la Fiscalía de Canarias refleja un incremento de la delincuencia, aunque sin alcanzar niveles preocupantes. La fiscal superior apuntó que el mayor problema se encuentra en la carga de trabajo vinculada a extranjería y trata de seres humanos, consecuencia directa del aumento de llegadas a las islas.

Farnés Martínez precisó que, pese al repunte de casos y al flujo migratorio constante, "no se ha detectado un aumento de la criminalidad asociado a la inmigración". "Los servicios de guardia y las fiscalías no reflejan indicios que vinculen ambos fenómenos".

Crecen los delitos en redes sociales

La fiscal también alertó sobre el incremento de delitos cometidos a través de redes sociales, tanto en casos de acoso entre menores como en mujeres adultas. Considera que esta tendencia no resulta sorprendente, ya que "las plataformas digitales se han convertido en la principal vía de comunicación para buena parte de la población, incluidos los adolescentes".

Carencias en infraestructuras

En materia de infraestructuras, Farnés Martínez denunció las notables diferencias entreTenerife y Gran Canaria. Recalcó la falta de un Palacio de Justicia adecuado en Santa Cruz de Tenerife y la necesidad "urgente" de más juzgados de violencia contra la mujer. Recordó que el único juzgado especializado de la capital tinerfeña atiende también a los municipios de Güímar y La Laguna, lo que "satura el servicio y complica la atención a las víctimas".

La fiscal lamentó que las instalaciones actuales no reúnan condiciones dignas para quienes acuden a denunciar una agresión. Explicó que muchas mujeres no disponen de un espacio adecuado donde esperar con sus hijos o mantener una conversación privada con su abogado, ni siquiera de un lugar cómodo con servicios básicos. "Falta humanidad para que quien acaba de sufrir una agresión pueda declarar con dignidad", sostuvo.

Descenso de denuncias medioambientales

En relación con el medio ambiente, la memoria fiscal refleja un ligero descenso de denuncias, alrededor de cincuenta menos que el año anterior. Farnés Martínez aclaró que esta reducción no implica una mejora sustancial, sino que el año pasado se registraron numerosas diligencias por una reparcelación en el sur de Tenerife que incrementó de forma excepcional las cifras.