El Gobierno central y el Ejecutivo de Canarias han alcanzado este viernes un acuerdo decisivo para impulsar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite. Ambas administraciones han consensuado la elaboración de un decreto-ley específico, que se aprobará en Consejo de Ministros durante la primera quincena de noviembre y será convalidado por el Congreso antes de que finalice el año.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció al término de la Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma que el nuevo instrumento legal permitirá acelerar los procesos administrativos y económicos pendientes. El texto, pendiente de los informes del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado, “dará certeza a la población y al tejido productivo de la isla”, aseguró.

Torres subrayó que no se trata de un decreto ómnibus, sino de una norma “centrada exclusivamente en La Palma” o, en su caso, vinculada a emergencias naturales. El documento contemplará una bonificación del 60% en el IRPF para los residentes, una transferencia de 100 millones de euros destinada a compensar las pérdidas del sector agrícola y nuevos mecanismos jurídicos que permitan acortar los plazos en la tramitación de ayudas y licencias.

“El Gobierno de España tiene la voluntad política y jurídica de actuar con urgencia. Solo resta el visto bueno de la Abogacía del Estado para confirmar la necesidad y la urgencia del decreto”, afirmó el ministro. Además, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para respaldar una medida que calificó de “justa y necesaria” para la recuperación de la isla.

Torres también recordó que el Estado ha destinado hasta la fecha más de 1.100 millones de euros a la reconstrucción, que incluyen 465 millones en compensaciones por viviendas principales, 135 millones en infraestructuras, 53 millones en obras municipales y 40 millones para proyectos de diversificación energética.

En la reunión también participaron representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos afectados. El consejero regional de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata (PP), aseguró que su partido mantendrá su respaldo si el decreto “se limita exclusivamente a cuestiones de La Palma”. Recordó que el Partido Popular ya ha apoyado cuatro decretos anteriores sobre la isla y se ha abstenido en otros dos por incluir materias ajenas.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, valoró el “tono constructivo” de la comisión y pidió que se mantenga la contratación por emergencia para continuar con la reconstrucción de viviendas y propiedades. Recordó que la corporación insular ha invertido 23,5 millones de euros, equivalentes al 25% del convenio suscrito con el Estado, aunque solicitó revisar el segundo acuerdo “ante el esfuerzo financiero extraordinario” que asume la institución.

“El objetivo es ofrecer certezas a quienes lo han perdido todo. Hoy se ha dado un paso importante en esa dirección”, subrayó Rodríguez.

La consejera de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, Nieves Lady Barreto, celebró que la Comisión haya fijado un calendario claro para desbloquear los fondos estatales. Confirmó que, con los 150 millones de la primera anualidad y los 50 millones del Gobierno regional, ya se han abonado todas las compensaciones por viviendas habituales -unas 800 casas- y existen más de 400 licenciasconcedidas o en trámite para nuevas construcciones, la mayoría en Los Llanos y Tazacorte.

Barreto adelantó que el Ministerio estudia incluir una moratoria específica para los agricultores, afectados por la pérdida de renta y la imposibilidad de reanudar las cosechas. “Tenemos 90 millones de euros preparados en expedientes de fincas y podremos activar más de 30 millones en cuanto se transfieran los fondos”, detalló.

El presidente canario, Fernando Clavijo, coincidió en que “queda mucho por hacer”, especialmente en el ámbito agrícola, pero destacó el clima de “coordinación y cooperación” entre administraciones. Según explicó, el objetivo es tener el decreto listo en noviembre y empezar los pagos antes de Navidad.

“Lo importante es que los recursos lleguen a las familias y empresas lo antes posible. Hoy hemos dado un paso firme para convertir las promesas en soluciones concretas”, señaló Clavijo, que agradeció al Gobierno central la disposición para blindar la recuperación de la isla mediante un instrumento jurídico “ágil y efectivo”.