Castilla y León pide a Sánchez gestionar “por capacidad y experiencia” el Ingreso Mínimo Vital como Navarra y País Vasco

Castilla y León reclama al Gobierno de España gestionar, al igual que Navarra y País Vasco, el Ingreso Mínimo Vital que entraba en vigor el pasado 1 de junio y que beneficiará a unos 850.000 hogares y a más de dos millones de personas en toda España.

El Parlamento autonómico daba luz verde este miércoles a una iniciativa impulsada del PP con la que los populares defienden la “capacidad y experiencia” de nuestra Comunidad para poder gestionar esta prestación, avaladas, según decía el popular Miguel Ángel García Nieto durante el debate, por diez años de buena gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía que beneficia en estos momentos a más de diez mil familias y más de 22.000 personas, y porque los directores y gerentes de servicios Sociales de toda España siguen considerando a Castilla y León como la región de la España autonómica que mejor atención social presta a sus ciudadanos.

García Nieto afeaba al ministro Escrivá que ponga en duda la capacidad de esta Comunidad al considerar que sólo Navarra y País Vasco están preparadas para gestionar este ingreso, y pedía al Gobierno un acuerdo bilateral que permita a la región poder administrar esta prestación.

La iniciativa del PP incluye asimismo que la Junta reclame a Pedro Sánchez que rectifique en su nuevo criterio de reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para la lucha contra las consecuencias de la pandemia, por el que se van a destinar mil millones de euros menos de lo previsto inicialmente a los servicios sociales, lo que supondrá que Castilla y León recibirá 58 millones de euros menos, según el Gobierno autonómico.

Un punto este último que se votaba por separado y que no contaba con el apoyo del PSOE. De hecho, la procuradora Nuria Rubio recordaba en su intervención al PP que este fondo es una transferencia y no un préstamo que haya que devolver, pedía a los populares que de una vez reconozcan que este fondo es un gran avance y que nunca se ha destinado tal cantidad de dinero a las Comunidades, y reprochaba a la Junta que, al contrario que el Gobierno de la nación, no haya destinado “ni un solo euro” a la lucha contra la pandemia en estos tres meses.

Si bien, la proposición va a salir adelante con todos sus puntos gracias a la mayoría de PP y Ciudadanos en la Cámara y con dos enmiendas de adicción que se conocían durante el debate, una del PSOE y otra de Ciudadanos, que el PP aceptaba. La primera, impulsada por los socialistas, pide a la Junta que el dinero que se ahorre por la Renta Garantizada de Ciudadanía al entrar en vigor este Ingreso Mínimo Vital se pueda destinar a los servicios sociales y, la segunda, desarrollada por la formación naranja, reclama que se incluya en esta prestación a las personas que tengan reconocido su derecho de asilo.

Cronifica la dependencia al Estado

Durante el debate entre los grupos, el procurador de Vox, Jesús García-Conde se mostraba en contra de este Ingreso Mínimo Vital “porque cronifica la dependencia de las personas al Estado y genera desigualdades entre Comunidades".

El leonesista de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, pedía a sus señorías que reconozcan que este ingreso es una buena noticia porque es solidario y hace frente a la pobreza, echaba en cara a la Junta que quiera descentralizar competencias ahora “porque se contradice con otras actuaciones que lleva a cabo”, e ironizaba con su apuesta por el autonomismo útil, cuando aseguraba que su apuesta es por lo que hicieron La Rioja y Cantabria en su día “que fueron más listos y se marcharon a tiempo de este engendro autonómico”, en referencia a que son territorios uniprovinciales, anhelo que persigue el leonesismo.

Por su parte, la procuradora de Podemos, Laura Domínguez reprochaba al Gobierno de PP y Ciudadanos que estén más preocupados por la “patente” de la prestación que por su objetivo, “que no es otro que mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas y que estas puedan pagar sus facturas al final de mes”.

Desde Ciudadanos, María Teresa Gago mostraba su apoyo a la iniciativa del PP, aceptaba la enmienda del PSOE, pero iba un poco más allá al asegurar que este Ingreso Mínimo Vital debería aprobarse en el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley “para brindarlo democráticamente”. En este sentido, el popular García Nieto afeaba al Gobierno de España que haya aprobado esta prestación mediante decreto-Ley sin que se aportara enmienda alguna por parte de los grupos parlamentarios de las Cámaras Alta y Baja para enriquecerlo y que por ello carece de seguridad jurídica