Las entidades locales “no cumplen” a la hora de remitir la información contractual

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha mostrado su “preocupación” por lo que considera un bajo cumplimiento de las entidades locales a la hora de remitir la información contractual, por lo que ha admitido que “existe mucho margen de mejora”.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en las Cortes regionales para presentar el informa “Fiscalización de la contratación realizada en el sector público local”, donde ha reiterado que el cumplimiento de las obligaciones legales es clave para llevar a cabo una labor de fiscalización y para que las entidades locales rindan cuentas de su gestión ante los ciudadanos.

Es por ello que ha anunciado que el Consejo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL) van a firmar un convenio de colaboración para el intercambio de información y la consolidación de criterios comunes a la hora de interpretar y aplicar la normativa contractual, además de contemplar acciones formativas para los empleados públicos de ambas instituciones en materia de contratación pública.

El informe del Tribunal de Cuentas destaca que, en cuanto a la obligación de comunicación de los contratos y envío de documentación, al cierre de 2018 la información del ejercicio 2016 la enviaron 3.748 entidades, el 76 por ciento del total  de las 4.952 entidades locales de la Comunidad. La relativa a 2017 la remitieron 3.558, el 72 por ciento del total.

En cuanto a la remisión de contratos del ejercicio de 2016, solo 362 remitieron una relación de contratos, el 7 por ciento, y 3.386 una certificación negativa. De 2017, enviaron una relación de contratos 378 entidades, el 8 por ciento del total, y 3.180 una certificación negativa. Del ejercicio 2016, el 43 por ciento de las entidades que remitió información lo hicieron en plazo, y del 2017, el 48 por ciento. Amilivia puso el acento en los ayuntamientos de capitales de provincia (Valladolid, Burgos, Salamanca, Palencia y Soria) que no enviaron documentación preceptiva de uno o de ambos ejercicios. “No es de recibo que no rindan con su obligación por que cuentan con medios sobrados para la asistencia jurídica y técnica”, sentenció.

Eso sí, Amilivia aseguró que no ha habido incumplimientos de legalidad sino que son “vicios comunes” e “incidencias” en la contratación que, en sí mismas, no constituyen un tipo penal.

En el turno de intervenciones, el procurador del Partido Socialista Juan Luis Cepa consideró “llamativo” que sólo el 25 por ciento de los contratos obligatorios se presentarán y el 33 por ciento de los importes se comunicaron al Consejo en el año 2016 y el 28 y el 33 por ciento, respectivamente, para el año 2017. Unos datos que ha justificado por las condiciones y los problemas técnicos con que trabajan los secretarios e interventores de los pequeños ayuntamientos en la Comunidad.

Por su parte, el procurador popular Salvador Cruz que estos números “nos deben preocupar tras comprobarse el muy bajo nivel de presentación en el ámbito de la contratación del sector público local, pese a que los umbrales son altos”.