El grupo de expertos cierra un documento de más de 100 medidas para mejorar la Sanidad

Entre las iniciativas más destacables se encuentra la apuesta por la consulta presencial en los centros sanitarios, mediante la cita previa

El grupo de expertos designado por los partidos de las Cortes regionales para reordenar y mejorar el sistema de salud público de Castilla y León ha cerrado un documento base de más de un centenar de medidas, unas 120, del que se apartó en el último momento el PSOE, que ahora verá su redacción final por parte del equipo de la Consejería para su entrega última en el Parlamento autonómico.

Los profesionales apuestan por la consulta presencial en los centros sanitarios, mediante la cita previa, también en los consultorios locales, si bien en estos momentos está condicionada por la pandemia, al tener que contar con circuitos para evitar el contacto de pacientes covid y no covid, aunque al final es el facultativo quien determina si atiende por teléfono a un paciente o va al centro.

Precisamente, en el último pleno de las Cortes, en respuesta al portavoz socialista, Luis Tudanca, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió que la consulta telefónica es un “verdadero acto médico” en una decisión que se adopta para “salvar vidas” al evitar la aglomeración en los centros de salud.

En esa “guía o marco” para reforzar y mejorar la sanidad, en la que se ha dejado fuera la atención hospitalaria, se recoge como objetivo que el gasto e inversión en el servicio sanitario represente el siete por ciento del PIB de la Comunidad, lo que supone incrementar sus recursos actuales, ya que también en el pacto se recoge un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad, destinado a paliar los efectos de la Covid-19.

El punto octavo del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, firmado el pasado mes de junio entre el presidente de la Junta y los principales partidos, recoge definir el modelo de ordenación sanitaria en Castilla y León sobre la base de la calidad y equidad de la asistencia, así como que se contará con la participación de expertos de reconocido prestigio designados por los grupos parlamentarios y representantes de los diferentes sectores de la Sanidad.

En base a ese acuerdo, el pasado mes de julio se constituyó el grupo que ha trabajado de manera intensa durante este verano, según fuentes del mismo, primero de manera presencial y después telemática, en unas diez reuniones, hasta la última esta semana en la que se remató el documento base, sin la presencia ya de los expertos socialistas, cuyo partido anuncio dos días antes su salida de la negociación.

Las medidas que despliega el documento base se centran en estar preparados para frenar la pandemia de coronavirus, salud pública (reforzar la epidemiología no solo con personal, sino también los programas de promoción y prevención de la salud), atención primaria y atención continuada, plan de humanización, investigación, docencia y formación y financiación, explicó el portavoz de Sanidad del PP y miembro del grupo, Alejandro Vázquez, en declaraciones a Ical.

“Es una guía de trabajo en la que todos hemos cedido en un clima excelente”, manifestó Vázquez, que sostuvo que el documento base es de consenso al recoger propuestas de todos los participantes, incluso de los socialistas que acudieron a todas las reuniones excepto a la última. “Es un documento muy realista, asumible y realizable”, calificó.

En el mismo sentido, se pronunció el médico y procurador, Pedro José Pascual (Por Ávila), quien consideró que las propuestas se pueden llevar a la realidad si hay voluntad por parte de la Consejería de Sanidad, aunque afirmó que no se “fía” hasta ver reflejado en el documento final lo que han cerrado en las reuniones, ya que “el papel lo aguanta todo”.

“No se puede hablar de consenso sin el partido mayoritario”, argumentó el socialista Diego Moreno, quien explicó que alcanzar un acuerdo era a base de eliminar medidas conflictivas para llegar al modelo que siempre han propugnado PP y Cs, que no es el de su partido, a lo que unió que todas sus propuestas eran “condicionadas”.

Según fuentes de la negociación consultadas, se aceptaron una docena de los 18 propuestas de los expertos socialistas, aunque el escollo ha estado en la retirada del Plan Aliste, en las demarcaciones sanitarias (un paciente puede ser atendido por cualquier médico de su zona básica de salud), en que los consultorios locales siguen cerrados y en que se priorice la atención telefónica sobre la presencial.

Diego Moreno, actual portavoz de Sanidad, enumeró los mismos elementos para explicar por qué la salida de los socialistas del grupo de expertos, argumentó que es un “texto filosófico al que se dice que sí pero en la práctica no se cumple” y subrayó que si la reforma de la atención primaria es tan importante y se está de acuerdo en las medidas la Consejería las puede aplicar sin esperar al documento. “PP y Ciudadanos imponen su reforma”, resumió.

Además, manifestó que no se habla de los recursos para la reforma de la atención primaria, ni existe un compromiso, donde consideró que se debe reflejar en los próximos presupuestos, algo que también expresaron Alejandro Vázquez y Pedro José Pascual, si bien el popular reiteró la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica, ya que el actual es insuficiente.

“Era una hipocresía”, apostilló el socialista sobre la negociación, en referencia a que más que expertos este grupo estaba formado por políticos y con una presencia mayoritaria de la Consejería, que nombró a tres, junto a los altos cargos presentes en la mesa, en lo que también coincidió el médico y procurador de Por Ávila. Moreno rechazó también el esquema de trabajo: Sanidad presentó un texto base al que se hacían las aportaciones, en vez de realizar preguntas a los expertos para el futuro documento.

Las mismas fuentes de la negociación explicaron también que los socialistas presentaron 18 propuestas porque en el resto estaban de acuerdo -se partía de 180 medidas- y señalaron que la dinámica de la negociación era dejar sobre a mesa lo que separaba a las partes, para retomarlo después, sin que fuera rechazado, aunque también reconocieron que el PSCyL no iba a “ceder” sobre la sanidad rural (Plan Aliste, consulta presencial y apertura de consultorios).