Ningún perceptor del Ingreso Mínimo Vital cobrará menos que con la Renta de Ciudadanía

Buenas noticias dentro de su situación para las personas que estén cobrando un subsidio mensual por carecer de recursos. Y es que las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos la modificación de la Ley autonómica que regula la Renga Garantizada de Ciudadanía para hacerla compatible con la recepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal. De esta forma, ningún perceptor del Ingreso Mínimo Vital cobrará ahora menos que con la Renta de Ciudadanía, aunque el debate parlamentario ha estado cargado de reproches entre los diferentes intervinientes.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendía en al atril la modificación donde criticaba que el IMV se haya convertido en un “trampantojo” ya que se trata de una “buena medida”. "Está siendo un desastre en la gestión pero también porque está generando desigualdades que hasta el momento no existían”. advertía la consejera, mientras recordaba que ante los problemas generados su departamento aprobó una subvención directa a 672 familias, por importe de unos 400.000 euros, para que no se vieran perjudicadas por pasar a depender sus ingresos del IMV estatal.

Blanco aseguraba que esta modificación normativa es necesaria "para dar estabilidad” a esta compatibilidad y dar una respuesta “más justa” a quienes peor lo están pasando en esta crisis.

La modificación de esta ley pretende simplificar la tramitación de estas ayudas públicas, con la vista puesta en que en Castilla y León unas 37.000 personas han solicitado el IMV, pero los beneficiarios son únicamente unos 7.000, con cerca de 5.600 solicitudes denegadas, 9.000 inadmitidas y el resto aún por tramitar, mientras que unas 3.000 eran hasta ahora perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Durante el debate, PP y Ciudadanos criticaban a gestión realizada por el Gobierno de esta nueva prestación, aunque están de acuerdo con la misma, e insistieron en reclamar su transferencia a la Junta de Castilla y León, como se ha hecho con Navarra y País Vasco, por su experiencia y buen hacer en la renta de ciudadanía.

la procuradora socialista Isabel Gonzalo, por su parte, ofrecía el apoyo de su partido a esta modificación “necesaria”, aunque ha citado informes de los órganos consultivos de la Comunidad para alertar de la “poca seriedad y consistencia técnica” de la modificación, a la vez que ha considerado que la filosofía de “modelo centrado en las personas” es “pura retórica”, por lo que ha pedido para más adelante una adaptación legislativa posterior “más amplia” y que la Consejería publique cada seis meses un informe de evaluación de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Laura Domínguez, de Podemos, destacaba que el Ingreso Mínimo Vital nace como un “escudo social” hacia las personas más vulnerables, afirmba que se han aprobado procedimientos para agilizar la prestación y apostaba por mejorar su gestión, “sin complacencia”, para que llegue a todos los que lo solicitan.

“Hacer barro del Ingreso Mínimo Vital es indecente”, reprochaba a PP y Cs, para afirmar que la preocupación tiene que estar en que la ayuda llegue a todas las personas que se ven en la obligación de solicitarla. Domínguez expresaba el respaldo al cambio normativo pro pedía a cambio que se abandonen los “dardos” hacia ese subsidio.

Fin al copago de la telasistencia

En la misma sesión plenaria y pese a las discrepancias manifestadas en el debate, los grupos parlamentarios daban luz verde sin votos en contra a la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PP y Cs para eliminar a principios del 2021 el copago del servicio de teleasistencia en Castilla y León, que pasará a financiar exclusivamente la Junta, con un contrato único en toda la Comunidad, como vía para un modelo “avanzado” que combata la soledad y que los mayores sigan en sus casas, aunque el PSOE y Podemos se han abstenido por las “dudas” que les genera.

Este servicio benefició a 26.000 personas en el 2019 en la Comunidad, de ellos 14.000 dependientes, que prestan los Ayuntamientos, que aportaron 650.000 euros, el 35 por ciento de lo financiado, mientras que la Junta contribuyó con 1,3 millones, el 65 por ciento, y los usuarios pagaron 1,7 millones.

Control de la información

Por otro lado, los Grupos Popular y Ciudadanos de Castilla y León han mostrado este miércoles su temor porque el Gobierno de España “quiera controlar la información” con el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, mientras que el PSOE les ha tildado de “bulos andantes”, informa Efe.

Con una PNL apoyada también por los representantes de UPL y Vox, el procurador de Ciudadanos Miguel Ángel González ha reclamado que la Junta inste al Gobierno a eliminar la orden del bautizado como “Ministerio de la verdad” y que elabore un protocolo contra la desinformación y se comprometa a respetar las libertades de expresión y de prensa. “Lo que nos preocupa no es que el Gobierno quiera controlar la desinformación, sino que lo que pretenda realmente sea controlar la información. No puede servir de excusa para instaurar un mecanismo inquisitorio que fiscaliza a los medios”, argumentaba

“Son manipulativos e inconsistentes con la verdad”, decía. La procuradora popular Amparo Vidal recordaba el rechazo a la conocida como Ley Mordaza durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y diferenciaba que en aquella ocasión fue una ley orgánica emanada del poder legislativo y esta vez es una orden del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Es un ministerio de la verdad y la muerte de un derecho fundamental”, apuntaba Vidal de una orden que recoge términos como “monitorización, vigilancia, examinar la verdad y el pluralismo medios”, y que dice que no cumple lo que pide la Unión Europea y que vulnera el derecho a recibir información veraz.

La procuradora socialista Ana Sánchez decía que Ciudadanos está representado en el parlamento autonómico “en base a un bulo masivo en campaña electoral por traicionar la soberanía” de Castilla y León."Igea y Mañueco son peor que Trump y Bolsonaro. A ellos les servía para ganar elecciones, a ustedes ni eso", afirmaba, a la vez que acusaba al presidente de la Junta de mentir y ser un “fake” y un “bulo andante”, al recordar que prometió ayudas complementarias a los afectados por la pandemia y no lo ha cumplido, y ha hecho referencia a las críticas de los profesionales sanitarios y la falta de rastreadores. “Vaya si hace falta un protocolo contra la desinformación en Castilla y León. Sustentan a un mentiroso ineficaz al frente de la Junta”, sentenciaba.

El procurador de Vox, Jesús García-Conde, reivindicaba la importancia de la libertad de prensa en la democracia y señalaba que la legislación ya cuenta con cauces “adecuados” para el derecho a la rectificación de los medios en caso de publicar información falsa ."Sí a la lucha contra las noticias falsas, no a cambio de la pérdida de derechos", apuntaba el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, quien también criticaba que se utilice publicidad institucional para presionar a los medios