Presupuestos para 2021, “un escudo social y económico” para el futuro de Castilla y León

Castilla y León contará con unos Presupuestos para el próximo año que pretenden ser “un escudo social y económico” para el futuro de sus ciudadanos. Así lo destacó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de las Cuentas que serán “las más elevadas” de su historia, al contar con 12.291 millones, un 13 por ciento superior a las 2018 que fueron las últimas que se aprobaron en las Cortes regionales.

Asimismo, indicó que son unas Cuentas diseñadas para afrontar la pandemia, la recuperación y la modernización de Castilla y León, según ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha destacado también que siguen la línea para cumplir los grandes objetivos de la comunidad: La transformación digital, el desarrollo rural, el reto demográfico, el reto verde, la transparencia, la calidad de los servicios públicos y la nueva economía.

Fernández Mañueco, que estuvo acompañado por el vipresidente, Francisco Igea; y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, señaló que los objetivos de estos Presupuestos son los mismos que los de la legislatura, como mejorar aún más la calidad de los servicios públicos, la Transparencia, hacer frente al reto demográfico y afrontar la economía verde y dotar de las mejores tecnologías.

El jefe del Ejecutivo autonómico también destacó que todas las consejerías incrementan su inversión, y que las sociales cuentan con el 80 por ciento del montante económico para que Castilla y León “siga a la vanguardia de esos servicios”.

Además, el presidente reconoció que a lo mejor no son los Presupuestos soñados, debido a la situación que se están viviendo, pero aseguró que “son realistas, y como nadie elegimos el momento, son las mejores cuentas para el momento, y hemos encontrado a los mejores compañeros de viaje para elaborarlas”.

Mano tendida a la oposición

De igual manera, el documento aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno extraordinario –que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria– consagra el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta en el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, suscrito en junio junto a cinco fuerzas políticas. En este sentido, Fernández Mañueco ha vuelto a tender la mano a los grupos de la oposición para consensuar estos presupuestos.

Las Cuentas autonómicas para 2021 presentan dos singularidades. La primera es que son ampliables, puesto que aún no incorporan los fondos europeos de Nueva Generación previstos en el Plan de Recuperación de la UE, cuyo reparto entre comunidades autónomas determinará el Gobierno de España.

En segundo lugar, este proyecto presupuestario se ha elaborado en un escenario macroeconómico complicado, que está sujeto a un alto grado de incertidumbre, condicionado por la evolución de la pandemia y por las decisiones que se tomen en el ámbito nacional e internacional.

No obstante, en sintonía con la mayoría de organismos de análisis y predicción, se estima una recuperación progresiva de la actividad económica en 2021 que, si bien no logrará alcanzar el nivel perdido en este año, empujará el Producto Interior Bruto (PIB) a un crecimiento del 7,5 por ciento, frente al 7,2 por ciento estimado para la economía española. Las previsiones indican que el empleo crecerá el  2,8 por ciento y la tasa de paro se situará en el 13,9 por ciento, tres puntos por debajo de la media española. La deuda pública en la Comunidad alcanzará el 23,7 por ciento del PIB, 2,3 puntos inferior a la media de España. La Junta se marca como objetivo que el impacto de la recesión en Castilla y León sea menos grave que en el conjunto del país.

Un modelo de financiación autonómica insuficiente en plena emergencia

El análisis del estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2021 revela que el 60,1 por ciento de los fondos que lo nutren proceden del modelo de financiación autonómica. Son 7.392,6 millones de euros, una cuantía que, pese a ser el 14 por ciento mayor que en las últimas cuentas aprobadas, es más insuficiente que nunca para atender el gasto de los servicios públicos fundamentales, disparado como consecuencia de la crisis sanitaria. En este apartado cabe resaltar el incremento del 14,9 por ciento previsto en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la práctica congelación en la asociada al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En segundo término figuran los ingresos por los tributos propios, de gestión autonómica, que aportan 703 millones, el 5,7 por ciento del total. En unos momentos tan complicados como los actuales, las cuentas propuestas por la Junta garantizan una política fiscal favorable a la recuperación económica y el empleo.

Tal y como prometió el presidente Fernández Mañueco, no habrá subida de impuestos ni a familias, ni a autónomos, ni a pymes, y se mantienen los beneficios fiscales vigentes para ahorrar 336,37 millones de euros a más de 155.000 familias, especialmente a través de las deducciones sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Bonificaciones fiscales en favor del medio rural

Una de las principales novedades reguladas en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas –también aprobado este jueves– es el establecimiento de dos nuevas deducciones dirigidas a las personas y a las empresas que desarrollan su actividad en el medio rural. Por un lado, se rebaja el 25 por ciento el tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para el traspaso de negocios en el mundo rural –dejándolo en el 3 por ciento–, en referencia a la titularidad de inmuebles que constituyan la sede social o centro de trabajo de empresas. Por otra parte, se fija una bonificación del 95 % sobre la tasa ganadera por servicios veterinarios.

En la tarta global de ingresos, otra porción relevante es la de las transferencias del Estado y de la UE, que se incrementan el 7 por ciento hasta sumar 2.239,6 millones de euros y aportan el 18,2 por ciento del total. La partida más significativa es la de la Política Agraria Común (PAC), que se mantiene inalterada en 924,4 millones de euros.

En último lugar, las operaciones financieras inyectan casi 1.956,2 millones de euros, el 16 por ciento del total de ingresos. Esta partida crece el 29,5 por ciento como consecuencia del nuevo endeudamiento, acorde al objetivo de déficit del 1,1 por ciento, y a la deuda de reposición.

Dentro de los 12.291,4 millones de euros del proyecto presupuestario, el análisis sobre el estado de gastos arroja tres cifras reseñables. La primera, 1.311,1 millones de euros, es el montante de las operaciones financieras, que se refieren fundamentalmente a la amortización de deuda.

La segunda asciende a 10.980,2 millones de euros y refleja el gasto no financiero, es decir, la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta. Sin embargo, no todos estos recursos estarán a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (239,2 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (33,7 millones de euros).

La operación anterior da como resultado casi 9.783 millones de euros, la tercera cifra y la más relevante. Es el dinero efectivo que van a manejar las consejerías del Gobierno autonómico en 2021 para ejecutar sus políticas. Esta cantidad es un 17,3 por ciento superior, en términos homogéneos, a la del último presupuesto aprobado, lo que en números absolutos implica disponer de 1.441 millones de euros adicionales.

Un gasto social equivalente al 13,5 % de la riqueza autonómica

La prestación de los servicios públicos fundamentales se convierte en la primera prioridad del Ejecutivo autonómico. De ahí que Sanidad, Educación y Familia aglutinen casi el 80 por ciento del gasto no financiero de las consejerías. Juntas gestionarán 7.806,2 millones de euros el próximo ejercicio, el 18,16 por ciento más que en 2018 (lo que equivale a 1.200 millones de euros adicionales). Prueba de la importancia que el Gobierno presidido por Fernández Mañueco confiere a las políticas sociales es que los recursos asignados a estas tres consejerías representan el 13,5 por ciento de la riqueza autonómica.

El mayor esfuerzo se concentra en la Consejería de Sanidad. Este departamento dispondrá de 4.365 millones de euros, el 21,6 por ciento más, para hacer frente a la pandemia y garantizar la mejor calidad asistencial. La Consejería de Educación dispondrá de 2.359,8 millones de euros (sube el 14,6 por ciento) y la de Familia e Igualdad de Oportunidades contará con 1.081,27 millones (con un incremento del 12,6 por ciento).

Las tres áreas sociales del Gobierno de la Comunidad absorben el 88 por ciento del total de los gastos de personal y el 95 por ciento de los gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo con el que se atienden, entre otras facturas, las derivadas del funcionamiento de hospitales, colegios públicos y centros de servicios sociales. De igual modo, Sanidad, Educación y Familia acaparan el 95 % del montante de las transferencias corrientes, con las que se hace frente a los gastos de farmacia hospitalaria, de la dependencia y de colegios concertados y universidades.

Cabe destacar el refuerzo de la protección social que reflejan estos presupuestos, que consignan más de 800 millones de euros para garantizar la atención social en este complejo contexto, con un incremento medio del 20 por ciento en el gasto para estas políticas. Este aumento se eleva al 65 por ciento en los programas dirigidos a apoyar a las familias y al 25 por ciento en el caso de los orientadas a las mujeres.

Ayudas a las empresas y protección del empleo

El blindaje de las políticas sociales se acompasa con el fomento a las de reactivación para acelerar el pulso de la economía, que se traduce en el decidido respaldo de la Junta a los sectores productivos y al empleo. El apoyo al tejido productivo se concreta en casi 123 millones de euros en ayudas directas, más de 32 en apoyos financieros y 15 en suelo industrial, que gestionará la Consejería de Economía y Hacienda con 376,5 millones de presupuesto.

Por otro lado, a dinamizar el mercado laboral se destinan 345,46 millones, con un crecimiento del 11,15 por ciento, una cuantía que administrará la Consejería de Empleo e Industria y que le permitirá cumplir los compromisos adquiridos con el Diálogo Social, como el Plan de Choque por el Empleo.

La inversión en I+D+i supera el umbral del 3 % del gasto no financiero

El impulso económico debe trazarse ligado al proceso de modernización y digitalización de Castilla y León. Con esta finalidad, las cuentas de la Junta para 2021 reservan 296 millones de euros para ejecutar políticas de ciencia y tecnología, unos créditos que crecen el 24 % y cuyo peso supera el 3 % del gasto no financiero de las consejerías. Destaca el avance del 75 % en los fondos destinados a la innovación, al tiempo que se hace un especial esfuerzo en las inversiones en telecomunicaciones –con cinco millones consignados para la extensión de la banda ancha en las zonas rurales– y en la sociedad de la información en la enseñanza, destinándose más de 15 millones a esta finalidad.

Atención al medio rural y natural

La atención al medio rural también ocupa un lugar preferente en el proyecto aprobado hoy. Al sector agrario se destinan 1.419,45 millones de euros, incluyendo la PAC, si bien el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural – que se eleva a 524,2 millones– crece más del 10 por ciento descontando los fondos europeos.

Asimismo, la hoja de ruta de la Junta para este mandato apuesta por el medio ambiente. La dotación para estos programas se incrementa el 21 por ciento, un esfuerzo que se multiplica por más de dos si se atiende a las inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua. De su ejecución se encargará Fomento y Medio Ambiente, que gestionará 540,8 millones.

Relacionado con lo anterior, las cuentas propuestas por el Ejecutivo autonómico para el próximo ejercicio son coherentes con el compromiso de reforzar la cooperación con el mundo local. Los recursos destinados al Plan de Cooperación Local suponen 346,29 millones de euros, lo que implica un incremento del 20,17 por ciento respecto a los anteriores presupuestos.

La coordinación con las entidades locales es responsabilidad de la Consejería de la Presidencia, la que más ve crecer su presupuesto; concretamente lo hace el 28 % hasta los 141,1 millones. Por su parte, a Cultura y Turismo le corresponden 140,7 millones y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior contará con 20,2 millones.

Vertebración territorial

La política industrial de la Junta se diseña con el reto de contribuir a la vertebración de la Comunidad mediante el aprovechamiento de las potencialidades de cada zona a través de los programas territoriales. En este sentido, se habilitan créditos para continuar con el desarrollo de los planes vigentes –Béjar, Benavente y Ávila–, mediante inversiones infraestructuras y apoyos financieros a las empresas. A las iniciativas anteriores hay que añadir el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria –con 40 actuaciones previstas por valor de 19,36 millones de euros– y las actuaciones para la reactivación de las zonas mineras, con 22 proyectos en marcha que suponen 15,2 millones de euros.

Incremento de las nóminas y congelación de los sueldos del Gobierno

El análisis del Proyecto de Presupuestos desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto lleva a detenerse en tres capítulos. En primer lugar, el capítulo 1 o de Personal consigna 4.214,1 millones de euros, el 14,5 por ciento más para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, conforme a la normativa básica dictada por el Gobierno de España. Este aumento en la nómina no será de aplicación ni al presidente de Castilla y León ni al resto de miembros de su Ejecutivo, que la verán congelada.

En segundo término, las operaciones de capital retoman el pulso para ejercer de palanca de la reactivación de la economía. Se incrementan el 17,8 por ciento hasta los 1.595,4 millones, de los que 674,8 millones serán inversiones reales (capítulo 6) y 920,5 transferencias de capital (capítulo 7).