El copago de la teleasistencia avanzada ya es historia

Las Cortes de Castilla y León han dado luz verde con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE, a una modificación de la Ley autonómica de Servicios Sociales por la que se suprime el copago de la teleasistencia avanzada para usuarios con dependencia.

Así, a partir del 1 de enero de 2021 será el Gobierno que preside Fernández Mañueco el que planificará, dirigirá y financiará este recurso que, en la actualidad, beneficia a casi 38.000 personas, aunque los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones podrán seguir con las tramitaciones, resoluciones del procedimiento y prestación del material del servicio como estaban haciendo hasta ahora.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, destaca que el objetivo de esta reforma legal es combatir la soledad creciente entre los mayores y, de paso, favorecer que estas personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares. Durante el debate parlamentario, la procuradora del PP, María Ángeles Herrero, recordaba la importancia de un servicio «que previene mejor los riesgos, se anticipa a los problemas y a las emergencias y mejora sustencialmente la atención de los más vulnerables, puesto que integra servicios sanitarios, como citas médicas atención a distancia e incluso telemedicina».

También ponía en valor que el pasado año esta herramienta ayudó a 26.000 personas, 14.000 de ellas dependientes, y echaba en cara a los socialistas que sean el único grupo de la Cámara que no respalda la modificación de esta Ley. «El PSOE no apoya que 37,889 personas de Castilla y León dejen de pagar su aportación a la teleasistencia avanzada», decía.

Desde el partido del puño y la rosa, la procuradora María Isabel Gonzalo explicaba que no respaldaban la modificación, no porque no estén de acuerdo con que se elimine el copago sino por las «ausencia de transparencia así como participación» que ha habido en la tramitación de la reforma por parte de las entidades locales. «Es una forma de actuar muy opaca ante un cambio que ofrece también muchas dudas», advertía la socialista. Algo en lo que coincidía la parlamentaria de Podemos por Burgos, Laura Domínguez, aunque la formación morada sí que votaba a favor de la reforma legal.

Las residencias no se investigarán

El pleno dejaba también el rechazo de PP y Ciudadanos a la creación de una Comisión de Investigación en las Cortes sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, que reclamaban el resto de formaciones. Desde el PP argumentaban su «no» en que los informes de la Junta apuntan a que «las cosas se hicieron bien» mientras que desde Cs pedían que, de llevarse a efecto esta investigación, debería ser a nivel nacional. desde la Plataforma de Afectados no entienden esta negativa a intentar conocer lo sucedido y apuntan que es un «ataque» a la confianza de ciudadanos, familiares y amigos de los residentes.

Caza al lobo al norte del Duero

Por otra parte, las Cortes ratificaban por unanimidad el acuerdo con Cantabria por el que se unen esfuerzos entre ambas Comunidades en la atención sanitaria en zonas limítrofes así como e la lucha contra la despoblación y la financiación autonómica. Y, además, sacaban adelante otro proyecto de Ley, como la declaración del Parque Natural de Sabinares del Arlanza-La Yecla, para preservar los valores naturales, su fomento e integración de los habitantes de esta zona burgalesa, de más de 39.000 hectáreas.

Finalmente, PP, Ciudadanos y Vox aprobaban otra iniciativa impulsada por los populares por la que Castilla y León insta al Gobierno de España a mantener el actual estatus del lobo al norte del Duero, donde no está protegido como al sur del gran río, y de esta forma se pueda seguir cazando en favor de la propia especie así como de la actividad ganadera en el medio rural.