Castilla y León “gira” sus políticas contra la despoblación

La despoblación es el principal problema de Castilla y León que sigue desangrándose cada año mientras que repoblar la Comunidad es el mayor desafío también al que se enfrenta esta tierra y sus gobernantes. Para ello, el próximo año el Gobierno autonómico tiene pensado dar un nuevo giro a sus políticas en este ámbito de la mano de una serie de herramientas como la Estrategia para la Lucha del Reto Demográfico, que elaborarán las universidades públicas; el proyecto de ley de Dinamización Demográfica; y la modificación del modelo de ordenación del territorio mediante un decreto que regulará la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general rurales, que la Junta pretende aprobar a lo largo del año que viene.

Así lo anunciaba este jueves el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras presentar en la Comisión de Hacienda de las Cortes el presupuesto de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior que también dirige, y que manejará más de 20 millones de euros, el menor presupuesto de todas las Consejerías, de los cuales dos -la partida más amplia- se destinarán junto con la Diputación para actuaciones de dinamización demográfica en la provincia de Soria, la más castigada de la Región por la pérdida de población, para programas de vivienda, de arraigo y atracción de población, de fomento de economía social, o becas para el alumnado matriculado en los grados y/o másteres impartidos en el campus universitario, .y que estará conectada con la prórroga del denominado Plan Soria, que cuenta con 19 millones de euros.

“Queremos dar una respuesta integral, coherente, tranversal y sobre todo eficaz a una cuestión cuya solución no puede llegar a corto plazo, ni de la mano de una sola consejería, sino que debe ser fruto de un trabajo en equipo y constante en el tiempo”, aseguraba Igea en una de sus intervenciones, donde apuntaba que este nuevo “giro” abarcará más de una legislatura e incluso “décadas”. Además, otros 60.000 euros estarán destinados a las cuatro universidades públicas de la Comunidad -Salamanca, Valladolid, Burgos y León- como contraprestación a su participación en la elaboración de la Estrategia.

Igea anunciaba igualmente que su departamento promoverá la aprobación de un decreto sobre evaluación de políticas públicas, que supondrá destinar unos 500.000 euros para desarrollar un “largo y complejo” trabajo a través de un encargo realizado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que realizará un estudio sobre las necesidades de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación y una auditoría de las políticas activas de empleo y de la publicidad institucional .El vicepresidente ha añadido que la previsión es que, más adelante, esta misma entidad realice estudios relativos al gasto en becas, universidades y promoción industrial.

Acción Exterior y migración

Por otra parte, el vicepresidente avanzó que los Planes Estratégicos de Cooperación con las Regiones Norte y Centro de Portugal podrían estar listos a primeros de año, y que estarán orientados en buena parte a potenciar el aprovechamiento de los recursos europeos. Una vez que estén aprobados se estimulará la participación en las distintas convocatorias con el objeto de conseguir la máxima representación de la Comunidad en los proyectos. En concreto la Consejería presentará la candidatura a proyectos que financien la cooperación con el país vecino en el ámbito institucional.

Las políticas en materia de migración contarán con 1,15 millones. Para la integración de la población inmigrante (424.000 euros), se prevé convocar subvenciones por 294.000 euros en régimen de concurrencia competitiva para la ejecución de proyectos integrales en materia de inmigración a desarrollar por entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes.

Otros 24.000 euros serán para otra línea de proyectos interculturales; 84.000 euros para el mantenimiento de los centros de la Red de Atención a las personas inmigrantes; 15.000 para la homologación de títulos y 7.000 euros para el servicio de traducción telefónica. Además, el vicepresidente destacó la convocatoria de la línea de ayudas denominada ‘Pasaporte de vuelta’, cuyo objeto es facilitar a los emigrantes castellanos y leoneses el retorno a Castilla y León, con un montante de 211.000 euros, si bien podría ampliarse.

Unos 500.000 euros serán para la atención y apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, con 120.000 euros para ayudas para personas que pasen necesidades, a los que se unirán otros 260.000 euros para mantener las comunidades y federaciones.

La cooperación internacional al desarrollo y en materia de asuntos migratorios contará con algo más de 6,22 millones, por el compromiso de mantener estos fondos pese a la crisis, y las relaciones con la Unión Europea y con Portugal, dispondrá cerca de 400.000 euros. “Somos un pueblo solidario, pero que más allá de esa solidaridad, debemos asumir nuestro compromiso ético y de justicia social con los más vulnerables, entendiendo que como administración pública y como sociedad debemos continuar apoyando a la población de los países en desarrollo”, dijo.

Memoria histórica

La Secretaría General de la Consejería, indicó, va a destinar 77.500 euros en 2021 a la memoria histórica y democrática, con la concesión de ayudas de 65.000 euros a entidades en defensa de la memoria histórica para la realización de trabajos de investigación y localización de fosas, y exhumación e inhumación de restos de las víctimas, que se llevarán a cabo en las provincias de Valladolid, León, Burgos y Zamora.

También, para la elaboración de un mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista se reservan 12.500 euros, a través de un convenio con la Universidad de Burgos, y al que se aportará ya este año otros 12.500 euros.

De otra parte, se destinarán 7.500 euros a la colaboración con las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, a través de su Consejo General, para fortalecer las actuaciones de la Consejería relacionadas con el tejido empresarial y se prevé destinar alrededor de 500.000 euros a los gastos derivados de la publicidad institucional, en los términos que planifique la Comisión de Secretarios Generales.

Transparencia y regeneración

Igea adelantaba también la aprobación de una nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, que supere a su juicio las “deficiencias” detectadas en la norma actual, así como una reforma de la Ley que regula el Estatuto de los Altos Cargos, con el fin de adaptarlo a las nuevas exigencias de ética pública, conflictos de intereses y transparencia.

Además, se aprobará un decreto para instaurar en Castilla y León la cultura de la evaluación de las políticas públicas. Para ello, se prevé crear el registro de evaluaciones de planes y programas de la Administración de la Comunidad y la implantación de la arquitectura institucional necesaria para ello. Igea explicaba que para este objetivo se destinará cerca de 500.000 euros en 2021 para seguir avanzando, en el encargo hecho a la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

También avanzaba un decreto que desarrolle la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de la Administración de la Comunidad, así como otras medidas de calidad normativa y simplificación de los procedimientos.

Otra de las apuestas son los casi 800.000 euros que se dedicarán a seguir mejorando los portales web que integran la red corporativa de la Junta, entre los que destacó la página web de la Junta de Castilla y León y el Portal de Gobierno Abierto. Además, avanzó otros 11.000 euros para la realización de estudios y trabajos técnicos relacionados con la puesta en marcha de un proyecto de lenguaje claro.

“Es necesario mirar a un horizonte, más allá de la lucha del día a día contra la pandemia, en el que la “regeneración democrática” tenga un “papel importante”, para que los ciudadanos no vean “edificios con muros de ladrillo, sino despachos con paredes de cristal”, destacaba sobre transparencia, a la vez que defendía que este departamento tiene que estar “a la cabeza” de esa regeneración democrática que ha comprometido.

Atención ciudadana

Igea destacaba que la pandemia ha impulsado una nueva forma de recibir atención por parte de los ciudadanos, como es el teléfono 012, por lo que incrementa la partida presupuestaria en más de 800.000 euros, lo que supone un aumento de más del 30 por ciento respecto al presupuesto de 2018, con lo que el importe total supera los 3,5 millones.

El consejero avanzaba que para finales de este año o principios del siguiente se aprobará el decreto por el que se establece el marco para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad. Además, “en próximas fechas”, decía, comenzará la consulta pública previa que precederá a la elaboración de una ley de participación ciudadana. También, a través de la Inspección General de Servicios y con medios propios, se seguirán impulsando las iniciativas normativas sobre regeneración democrática, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, y se llevará a cabo el plan de actuaciones de la Inspección General de Servicios para el año 2021.

“Somos más conscientes de nuestra responsabilidad precisamente en estos momentos; más eficientes y seguros gracias a los nuevos formatos y operativas digitales; y cada vez mejores en la prestación de nuestro servicio. Estamos más cerca, a pesar de la separación física que nos imponen las oportunas precauciones sanitarias adoptadas en la atención personal y permanentemente atentos a las necesidades y expectativas ciudadanas”, apuntaba.

Reacciones

La procuradora del PSOE Alicia Palomo ha acusado este jueves al consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de Castilla y León, Francisco Igea, de hacer “lo mismo” que el PP contra la despoblación, con una Agenda aún vigente que su propio departamento ha calificado de “fracaso”, al carecer de presupuesto específico para estas políticas.

Tras escuchar la comparecencia de Igea ante la Comisión de Economía y Hacienda para hablar del presupuesto de su departamento en 2021, Palomo ha reprochado al también vicepresidente de la Junta que haya “despachado la despoblación con dos párrafos” en su exposición y vaya a seguir “haciendo lo mismo” respecto al “fracaso de los últimos años” en esta materia, informa Efe.

En opinión de la procuradora socialista, los dirigentes de la Junta “no saben poner la medicina para este mal endémico” a través de una consejería que ha tildado de “capricho del señor Igea” y que en realidad no es de transparencia, sino de “apariencia” y únicamente acapara el 0,16% del presupuesto. “¿Qué hay de nuevo contra la despoblación en los presupuestos? Datos concretos”, ha pedido Palomo.

”Castilla y León no se puede permitir este ‘no hacer nada’ contra la despoblación”, ha lamentado la procuradora socialista, convencida de que Igea se ha convertido en “el consejero de las ocurrencias”, al reprocharle que pretenda resolver un problema “tan grave” como el de la despoblación con una regularización de inmigrantes como la planteada ayer por la Junta. “No es tiempo de opinadores de todo y cuñados, sabe de todo pero no implementa políticas”, ha criticado.

Sobre las políticas de ordenación territorial, en una rueda de prensa, Palomo ha pedido a Igea que “se deje de tonterías” y se limite a explicar “dónde y cómo se van a prestar los servicios públicos esenciales” de educación, sanidad y servicios sociales, así como los medios materiales y humanos que se van a poner al servicio de los ciudadanos para evitar que tengan que ir “peregrinando” en busca de los mismos. “Lo demás es mero entretenimiento”, ha resumido.

Y en materia de transparencia, ha alertado de que el proyecto de ley que prepara la Junta y que afectará a los ayuntamientos de la Comunidad tiene “a alcaldes de todos los partidos en contra”, al situarlos en una posición de incumplidores de la norma

La procuradora de Podemos Laura Domínguez ha reprochado a la Junta de Castilla y León que aplique rebajas en los presupuestos de cooperación al desarrollo y a la atención a los ciudadanos castellanoleoneses en el exterior, a la vez que ha lamentado que las partidas que se mencionan para memoria democrática no estén nombradas como tal en los presupuestos.

La representante de Podemos ha criticado que esta consejería se haya “inventado para mayor gloria” de su titular, con un incremento del gasto de personal al desgajarse algunas de sus competencias de la Consejería de la Presidencia.

Domínguez ha incidido en su crítica a la disminución de unos 200.000 euros entre lo presupuestado para 2021 para cooperación al desarrollo respecto a lo ejecutado en 2019 en esta materia y también ha criticado que las cuentas no incrementen la partida destinada a las acciones de recuperación de la memoria histórica y que ni siquiera figuren como una partida específica. ”No existe lo que no se nombra”, ha lamentado la procuradora de Podemos, convencida de que los 130.000 euros de los que habla Igea para esta materia forman parte de un grupo de ayudas asociaciones de diverso tipo.