La Junta apostará en la inversión de fondos europeos por la modernización de los servicios priorizando la atención residencial

La Junta de Castilla y León apostará en la inversión de los Fondos Europeos por la modernización de los servicios priorizando la atención residencial. Así lo destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras participar, de manera telemática, en la reunión ordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se ha aprobado la distribución de las ayudas de la UE de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 a Comunidades Autónomas y corporaciones locales y el Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

Durante el encuentro Isabel Blanco trasladó al Ministerio la necesidad de establecer nuevas ratios para dotar de más personal a los centros de mayores, con el objetivo de adaptarlos al nuevo modelo de atención residencial que se pretende implantar en Castilla y León.

Asimismo, solicitó que se garantice como mínimo la cantidad que recibirá la Comunidad este año de 41,8 millones, en ese reparto de fondos europeos para las próximas tres anualidades, con el objetivo de contar con la estabilidad financiera necesaria para poder llevar a cabo proyectos de inversión y también destacó que la mayor parte de esos fondos se van a destinar a la modernización de infraestructuras y a la creación de nuevas plazas residenciales.

En la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la consejera también ha trasladado su preocupación por la participación que tendrán las entidades del Tercer Sector en el reparto de fondos europeos. De hecho, ha solicitado que se pongan en marcha medidas adicionales destinadas a poder desarrollar proyectos estratégicos en colaboración con dichas entidades.

Plan de Choque

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también recordó, en dicho encuentro, que, Castilla y León cuenta con plena atención a personas dependientes y que, desde el 1 de enero de 2020 se han reducido los plazos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema a tres meses, desde la presentación de la solicitud, dando cumplimiento a uno de los compromisos de Legislatura.

De hecho, la intención de la Junta es seguir reduciendo esos plazos con el objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de las más de 105.000 personas dependientes que residen en la Comunidad.

Isabel Blanco agradeció el trabajo desarrollado durante los últimos meses con el Gobierno Central, aunque ha anunciado que seguirá reivindicando que se valore el hecho de que en Castilla y León no exista lista de espera ni en la valoración ni en el reconocimiento del derecho a las personas dependientes.

Por último, pidió que no se penalice a las comunidades autónomas que han hecho los deberes en ese sentido, como es el caso de la Comunidad, y que en el reparto de los fondos de las tres próximas anualidades, se tenga precisamente en cuenta, la agilidad en la resolución de los procedimientos.