Luz verde a los Presupuestos de Castilla y León para este año

El Pleno de las Cortes ha sacado adelante la Ley de Presupuestos Generales para el presente año, que contará con una cuantía de 12.291 millones de euros, tras dos sesiones donde se han debatido casi 2.000 enmiendas de la oposición que en su mayoría han sido rechazadas por el Partido Popular y Ciudadanos y que únicamente han recogido siete del PSOE y una de Por Ávila. Podemos no consiguió ninguna de sus más de 700 propuestas, calificadas de “política ficción” desde las filas del PP, ni tampoco la UPL, cuyo procurador, Luis Mariano Santos, lamentó que el “cariño se haya ido a otra parte”.

Una votación sacada adelante gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Por Ávila, mientras que PSOE, Podemos y UPL lo han hecho en contra, mientras que VOX se ha abstenido.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha vuelto a defender la “gran prioridad” de estas cuentas como el “refuerzo” de la lucha contra la pandemia, el cumplimiento del Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social así como continuar con el acuerdo entre el PP y Ciudadanos. Tanto los comparecientes de estos dos últimos partidos, en sus turnos de intervención, han calificado el Presupuesto como “realista, prudente, responsable, social y volcado con las familias, pymes y autónomos y con las entidades locales”.

En el lado contrario, los procuradores de PSOE y Podemos, que han estimado que las partidas consignadas son insuficientes tanto para la emergencia sanitaria que se vive como para la recuperación económica, con más ayudas a los sectores afectados por la pandemia.

Sanidad es la consejería con el mayor gasto de la Junta, con 4.366 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,68 por ciento, y que representa un 35,5 por ciento del total. Tras ella se sitúan Educación con 2.359 millones; Familia e Igualdad de Oportunidades, con 1.081 millones; Fomento y Medio Ambiente, con 540 millones; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con 524 millones; Economía y Hacienda, con 376 millones; Empleo e Industria con 358 millones; Presidencia con 141 millones; Cultura y Turismo, con 140 millones; y Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior con 20 millones.

Ley de Medidas Tributarias

El tradicional cruce de argumentos sobre los modelos fiscales que defienden para Castilla y León los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, y que se ha reiterado este miércoles en el debate de las enmiendas a la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas ha derivado en un cruce de acusaciones sobre casos de corrupción que afectan a unos y otros.

La Ley ha sido aprobada con los votos favorables del PP, Cs y Por Ávila, que han sumado 40 apoyos, mientras que han votado en contra 37 procuradores, los representantes del PSOE, Podemos, UPL y Vox.

La discusión entre la socialista Rosa Rubio y el popular Salvador Cruz ha reiterado los argumentos sobre sus diferentes puntos de vista acerca de la progresividad fiscal, los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones o las diferentes deducciones, entre otras cuestiones, como la estabilización del empleo público.

Rubio (PSOE) ha contrapuesto su modelo fiscal “progresivo” y con deducciones que beneficiarían a las familias, con el de “las derechas”, que en su opinión se centra en beneficiar a las rentas más altas y en la privatización de servicios, informa Efe.

En su réplica, Cruz (PP) ha considerado que el modelo fiscal del PSOE se basa en que “o no sabe lo que firma o falta sistemática a la verdad”, ya que según su cálculo los socialistas subirían el IRPF a las personas que ingresan más de 36.000 euros, que en su opinión representan a “las clases medias”, y “castigarían” a los ciudadanos de Castilla y León con un impuesto de sucesiones que está más bonificado que aquí en Castilla-La Mancha o Extremadura, donde gobierna el PSOE.

La representante socialista ha negado los cálculos de Cruz sobre el IRPF y ha sostenido que con el modelo que defiende el PSOE alguien que ingrese 36.000 euros pagaría 8 euros más al año y quien ingrese 120.000 euros pagaría 1.376 euros más, mientras que con el sistema vigente esas rentas altas no aportarían esos ingresos a las arcas públicas.