El Consejo de Cuentas de Castilla y León registra el mayor cumplimiento de sus recomendaciones de la historia

El Consejo de Cuentas de Castilla y León registró el mayor cumplimiento de sus recomendaciones de la historia. Así lo destacó su presidente Mario Amilivia, durante la presentación en las Cortes regionales del seguimiento de las recomendaciones realizadas en 2019, en la que también se aprobó el Plan Anual de Fiscalización 2021, que ha estado “totalmente marcado por la pandemia”.

Al respecto, resaltó la aceptación de las recomendaciones realizadas en 2019 fue del 69 por ciento, ocho puntos más. En cuanto al cumplimiento, fueron aplicadas íntegra o parcialmente 131 de las 232 analizadas, un 56 por ciento, lo que supone el mejor resultado de la serie histórica. Mario Amilivia también explicó que la Junta de Castilla y León incrementó su cumplimiento en 29 puntos porcentuales.

Además, durante 2020 se celebraron 28 plenos; se aprobaron 14 informes, más que la media anual, y con os 35 trabajos propuestos en el Plan Anual de Fiscalización 2021, con el que se tiene comprometidos 60 informes en distintas fases.

También el presidente subrayó el acierto de las orientaciones del Plan Estratégico, reiterando las reformas normativas impulsadas para reforzar la autonomía orgánica y funcional, estimular la rendición de cuentas y mejorar la transparencia de los entes fiscalizados.

Asimismo, insistió en la aspiración de que sea el propio Consejo quien apruebe su programa de trabajo y en la necesidad de dotar al personal de un régimen coherente con la dependencia orgánica de las Cortes regionales para poder cumplir con su cometido estatutario.

Plan de Fiscalización

En cuanto al Plan de Fiscalización, Mario Amiliva explicó que el documento recoge 34 estudios de carácter legal y especial, además del informe anual para el seguimiento de las recomendaciones, y los trabajos de programaciones anteriores, 17 en la actualidad.

Asimismo explicó que la solicitud recogida en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad para el órgano fiscalice la contratación realizada y las actuaciones de gestión llevadas a cabo por la Junta, sus organismos autónomos y entes dependientes durante la crisis sanitaria “prioriza las actuaciones del plan de trabajo”.

Amilivia expuso que por un lado, las fiscalizaciones de carácter legal permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión pública que, en su conjunto, en el ejercicio 2020 y siguientes quedarán afectadas por el impacto de la covid-19.

Igualmente, señaló que dentro de las fiscalizaciones especiales se contempla en el ámbito autonómico la fiscalización de los contratos que hayan traído causa en la pandemia, así como el análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a esta misma circunstancia. Se suma, además, dijo, el análisis en las cuentas de la Administración autonómica de esta coyuntura económica.

El presidente del Consejo de Cuentas constató asimismo que en el ámbito local se verificará cuál ha sido el impacto sobre los tributos propios de las capitales de provincia, el destino que las entidades locales han dado a los fondos recibidos para contener las consecuencias del virus y se analizarán sus efectos en las cuentas del sector público local.

Mario Amilivia manifestó también que el plan contiene trabajos sobre las transformaciones sociales generadas por la pandemia. Así, en el ámbito de la Comunidad se plantea una auditoría sobre la seguridad de los datos en materia educativa en el curso en el que la tele-formación ha llegado a los hogares de forma súbita. Agregó que se analizará también la sistemática para el cumplimiento de la publicidad activa.

En el ámbito local, comentó que en toda una serie de ayuntamientos se refuerza la necesaria revisión de la seguridad informática, con informes “pioneros”. Además se analizará en cada una de las diputaciones la eficacia y eficiencia de su gestión recaudatoria. En ambos casos, la extensión e interés de la materia, dijo, han aconsejado desagregar informes planteados en anteriores planes para tratar de manera individualizada las entidades auditadas.

El Consejo de Cuentas busca también, siempre según Amilivia, valorar la prestación de los servicios a los ciudadanos por lo que se incluye el análisis del impacto en esa prestación de la Ley de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León.

Por último, se completarán determinados ciclos de fiscalizaciones como el referido a las capitales de provincia con el Ayuntamiento de Segovia o el de las universidades públicas, con la de Burgos.

Exigencia a los grupos

Mario Amilivia advirtió de que el Consejo de Cuentas puede quedar paralizado si la Comisión de Economía y Hacienda, no da luz verde a su plan de fiscalizaciones, algo que consideró una anomalía entre los órganos de este tipo.

Así, el presidente del Consejo de Cuentas, Marío Amilivia, insistió en la aspiración de que sea el propio órgano quien apruebe su programa de trabajo, así como en la necesidad de dotar al personal de un régimen coherente con la dependencia orgánica de las Cortes para poder cumplir con su cometido estatutario. “Seguimos reclamando la necesidad de adoptar las reformas normativas reiteradas, cuya puesta en marcha no debiera tener más dilaciones”, afirmó.

Una propuesta de reformas, añadió Amilivia, que el Consejo trasladó a todos los grupos políticos el pasado mes de septiembre, tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional de la institución, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los entes fiscalizados.