Las Cortes de Castilla y León instan a poner fin a la tasa de reposición y reducir la temporalidad en las administraciones

Las Cortes de Castilla y León instaron con la unanimidad del Pleno a la Junta a que solicite al Gobierno de España que elimine la tasa de reposición y se cree un mecanismo que permita reducir la temporalidad en las administraciones, mediante un acuerdo con comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Conferencia Sectorial de las Administraciones Públicas, que posteriormente se cierre con las centrales sindicales.

Los grupos votaron todos a favor de uno de los puntos de la proposición no de ley del PP, a través de una enmienda transaccionada con el PSOE, mientras los socialistas y Podemos rechazaron el resto de puntos de la iniciativa, que fueron aprobados con los votos de los procuradores populares, de Cs, Por Ávila, UPL y Vox, con el objetivo de que el “Estado mueva ficha”, a través de una modificación del Estatuto Básico que garantice la estabilidad y una norma que evite la salida de los interinos que pierdan su puesto.

Además, en el Parlamento regional salió adelante una proposición conjunta de PP y Ciudadanos, con el respaldo de Por Ávila y Vox, para exigir un cambio en los criterios de reparto de los fondos REACT-EU ante lo que consideraron un “vergonzante agravio”, mientras PSOE y Podemos se opusieron y UPL se abstuvo, tras pedir a la Junta que se ponga a trabajar y deje la demagogia.

De esta forma, la iniciativa insta a la Junta a exigir que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aplique criterios objetivos y consensuados con las Comunidades Autónomas, que no perjudiquen a las que tienen problemas demográficos, y las que “aciertan” en sus políticas. Además de pedir una agencia independiente, pidieron a la Junta que destine una parte de los fondos REACT-EU del ejercicio 2021 a los sectores más afectados por la crisis de la covid-19 y que se resuelva la concesión de las ayudas con la mayor agilidad durante este verano.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, aseguró que el Gobierno ha vuelto a “castigar” a Castilla y León con la distribución de estos fondos, lo que supone un “hurto” de 257 millones. “Este reparto injusto supone sin duda un lastre”, dijo y añadió que genera una “absurda paradoja”, porque los mismos que piden más planes de ayudas, les quitan los recursos para los mismos.

“No queremos que hoy nadie se quede callado”, afirmó el portavoz popular ante esta “absoluta y vergonzante” distribución para demostrar que en las Cortes lo “primero es defender a los castellanos y leoneses” del Gobierno.

Por otra parte, las Cortes regionales instaron a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar cambios en la elección de los vocales al Consejo General del Poder Judicial y que doce de ellos sean designados por ellos mismos para evitar “la injerencia política” y la situación actual de “bloqueo”.

La proposición no de ley, defendida por el portavoz del grupo de Cs, David Castaño, contó con el apoyo de PP, Vox y Por Ávila y parcial -a dos apartados de los cuatro del texto- de UPL, y en contra de PSOE y Podemos que sostuvieron que la ley es constitucional y se busca “blanquear” el bloqueo en la renovación del CGPJ por el PP ante sus presuntos casos de corrupción.

David Castaño inició su intervención con la pregunta de si se quiere la injerencia de los políticos en la elección y acción de los jueces, enumeró citas de jueces apartados de algunos casos por “coacción” y concluyó que la Fiscalía del Estado depende del Gobierno, lo que atribuyó a lo dicho por su titular, Dolores Delgado, “nombrada al día siguiente de dejar de ser ministra”.

Por último, los grupos Popular, de Ciudadanos y Vox votaron en el pleno de las Cortes en contra de una proposición no de ley del Grupo Socialista que planteaba medidas para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres, al no alcanzarse entre PP y PSOE un acuerdo, pese a la coincidencia en algunos objetivos.

La iniciativa, que fue rechazada, contó con el respaldo de Podemos, Por Ávila y UPL, y dejó un reconocimiento a la lucha de la exedil de Ponferrada Nevenka Fernández, víctima de acuso sexual por el entonces alcalde Ismael Álvarez.

“Nos queda mucho por hacer”, afirmó la socialista Patricia Gómez Urbán, quien consideró “desafortunado” tener de presidente de la Junta a una persona que dice que el acoso sexual es un hecho desafortunado y no un delito. Además, le afeó que la Junta entienda que igualdad es presentar un plan igual en 2020 y 2021. “No es no”, afirmó al tiempo que recordó a las 1.083 víctimas de la violencia machista. “Que viva la lucha de las mujeres”, subrayó.

La popular Inmaculada Ranedo planteó un acuerdo a los socialistas en un tema “tan sensible” porque aseguró están de acuerdo en gran parte de la iniciativa porque se está trabajando y se seguirá poniendo en marcha las necesarias dentro del Objetivo de Violencia Cero y el Pacto de Estado. Además, defendió el “feminismo” como movimiento que reivindica la igualdad entre sexos y mujeres “empoderadas”, “libres” y “vivas”, informa Ical.