Cada castellano y leonés debía en 2018 más de 5.100 euros

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Hacienda de las Cortes para presentar dos informes de fiscalización de mandato legal, como es el de la Cuenta General de la Comunidad en 2018 y el de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, también referido a ese ejercicio fiscal.

Respecto a los presupuestos de hace tres años, que fueron los últimos que se aprobaron hasta los de este año, ya que en 2019 y 2020 se prorrogaron, cabe señalar que las Cuentas inicialmente consolidadas ascendía a 10.854 millones de euros, pero que tras autorizarse varias modificaciones por valor de 197 millones el presupuesto definitivo se elevó hasta los 11.050 millones de euros.

Además, el informe de fiscalización presentado por el Consejo de Cuentas revela que en la década que va de 2008, en plena crisis económica, a 2018, el conjunto del sector público de la Comunidad alcanzó un endeudamiento de 12.360 millones de euros, lo que supone un 4,1 por ciento más que en 2017 y que la deuda viva a 31 de diciembre de ese año se haya incrementado en un 374 por ciento al pasar de 2.608 a los 12.360 millones de euros ya mencionados.

De hecho en 2008 la deuda pública por castellano y leonés era de 1.017 euros mientras que diez años más tarde esta ha aumentado hasta los 5.151 euros, un 406 por ciento más.

Pese a ello, Este ejercicio fiscal Castilla y León cumplió con los objetivos de deuda pública alcanzando el 21,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, pero también con el de regla de gasto, establecido en el 2,4 por ciento, según informan fuentes del Consejo de Cuentas.

Durante su exposición en el Parlamento autonómico, Mario Amilivia ponía en valor que la Cuenta de 2018 de la Comunidad se presentó de acuerdo con los principios y normas contables establecidas “reflejando de forma fiable la actividad económica y financiera de Castilla y León”, además de que se rindió dentro del plazo dispuesto y respetando la estructura de la Ley de hacienda y del Sector Público autonómico.

Otros de los datos que revela este informe es que la suma de los presupuestos definitivos del total de entidades integradas en la Cuenta General de la Comunidad de las entidades del sector público fue de 15.349 millones de euros, lo que suponen 144 millones menos que en 2017.

Además, el número de empresas y fundaciones públicas sometidas a los presupuestos de este año se mantiene en una (Somacyl) por diez fundaciones, siendo la Fundación Siglo la que más peso específico tiene al representar un 42 por ciento, seguida de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con un 23 por ciento, y de Patrimonio Natural, que se sitúa en el 12 por ciento.

Insuficiencia de crédito en Salud

Y en cuanto a la Gerencia Regional de Salu, Amilivia apuntaba que existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2018 por valor de 184 millones de euros, siendo seis de ejercicios anteriores, experimentando un incremento del 40 por ciento respecto a 2017, año en el que se cuantificaron tres por valor de 132 millones.

La deuda sanitaria no imputada a presupuesto alcanzó su máxima cuantía en 2011, con 1.169 millones, pero en 2018 se rompe la tendencia a la disminución que se venía observando. De hecho, en 2014 ascendía a 487 millones de euros; en 2015, a 459, en 2016,a 462.

“Esto pone de manifiesto que todavía subsiste un problema de insuficiencia de crédito para financiar las obligaciones de la Gerencia Regional de Salud”, señalaba el presidente del Consejo de Cuentas