Menos consultas y resoluciones por la pandemia pero más autoridad

El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León ha dado luz verde a su Memoria Anual correspondientes al 2020, marcado por la crisis sanitaria del coronavirus. Una pandemia que ha provocado que haya habido menos consultas al órgano que preside Agustín Sánchez de Vega por parte de las administraciones públicas o las universidades y que se hayan resuelto también menos expedientes en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarrcyl).

Pero, sin embargo, el coronavirus no ha impedido que la auctoritas o legitimación de este órgano asesor y de consulta siga creciendo, ya que la mayoría de administraciones públicas (96 por ciento) que acuden a esta institución para asesorarse obedecen y cumplen después con las recomendaciones y criterios elegidos por los integrantes del Pleno de la institución formado también por el consejero nato y expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; y por los consejeros electivos, Francisco Ramos y María del Valle Ares.

De hecho, durante el pasado año el Consejo Consultivo de la Comunidad aprobó un total de 458 dictámenes, un 26 por ciento menos que un año antes, mientras que resolvió 207 recursos sobre contrataciones, lo que ha supuesto igualmente un descenso del tres por ciento respecto al 2019, según informan fuentes de esta institución propia, que en breves fechas entregará dicho informe anual al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, como paso previo a su debate parlamentario por parte de los grupos de la Cámara autonómica.

Entre los aspectos destacados de la memoria, cabe señalar que seis de cada diez dictámenes del Consejo Consultivo (287) se derivaron de consultas realizadas por las administraciones locales, en concreto de diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales u otras entidades, mientras que otros tres procedieron de universidades y, el resto, de la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Sanidad a la cabeza de consultas con más de un centenar.

Por provincias, Valladolid, con 90 dictámenes; Burgos, con 81; León, con 76; y Salamanca, con 74; son las provincias de las que proceden más consultas.

Una año más, los asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos, ya que han acaparado el 76 por ciento del total, la mayoría a su vez tienen que ver con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario Además, cabe señalar que todos los expedientes solicitados han superado los 53 millones de euros de valor.

Y en cuanto a los recursos presentados ante el Tribunal de Recursos Contractuales, el 63 por ciento de los resueltos tenían que ver sobre contratos de servicios, seguidos el número por los de contratos de suministros, que supusieron tres de cada diez resoluciones.

El principal acto recurrido el pasado año ante el Tarrcyl fue el de la adjudicación, en un 44 por ciento de los casos, mientras que en función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso, destaca la Gerencia Regional de Salud, que recurrió hasta 57 actos, o lo que es lo mismo, casi tres de cada diez, con Valladolid como provincia en la que más casos de este tipo se recurrieron

Finalmente, la suma de los valores estimados de los contratos que se recurrieron en el último año alcanzó 1.430 millones de euros.