La crisis sanitaria está detrás de tres de cada diez quejas ciudadanas

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha entregado este martes al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, la Memoria Anual de 2020 de esta institución, como paso previo al debate parlamentario que se producirá en las próximas semanas. Un anuario en el que se recoge el aumento de las reclamaciones ciudadanas ante el Defensor del Pueblo de Castilla y León, derivadas probablemente de la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho, durante el pasado año han sido 6.248 las quejas recibidas por este órgano, 554 más que en 2019, mientras que el Procurador del Común ha actuado de oficio en 94 ocasiones por las 34 de hace dos años.

Y es que la covid está detrás de tres de cada diez reclamaciones de los ciudadanos ante las administraciones públicas, principalmente el Gobierno autonómico, con un total de 1.807 expedientes relacionados (1.766 quejas y 41 actuaciones de oficio, el 43 por ciento del total), según se desprende de este informe al que ha tenido acceso este periódico.

La mayoría de estas reclamaciones derivadas del coronavirus tienen que ver con la Sanidad (702), muy por delante de la Educación (456) o familia e igualdad de oportunidades (337), mientras que respecto a las actuaciones de oficio por la pandemia, la mayor parte han sido contra actuaciones de las entidades locales (18).

El anuario pone de manifiesto también que durante el 2020 se han llevado a cabo casi un millar de resoluciones a partir de las quejas recibidas, en concreto 966, así como que la aceptación de estas por parte de las administraciones públicas ha sido de más del 78 por ciento, lo que pone de relieve la importancia del Procurador del Común y de que sus recomendaciones y directrices se respetan y se tienen en cuenta. “Es el mejor garante de los derechos fundamentales de los castellanos y leoneses”, destacaba al respecto el presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes.

León, un año más, es la provincia con más quejas ciudadanas, mientras que 4.936 reclamaciones de las 6.248 registradas han tenido que ver con alguna actuación de la Administración regional. O lo que es lo mismo, en ocho de cada diez demandas ciudadanos está detrás una supuesta mala actuación o gestión por parte de la Junta de Castilla y León. Las administraciones locales, con 1.098 quejas, el 16 por ciento, se sitúa por detrás mientras que el Procurador del Común recibió 219 quejas al Estado, que fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.

Actuaciones de oficio

En cuanto a las actuaciones de oficio, cabe señalar que el aumento en sesenta acciones respecto al 2019, pone de manifiesto también el compromiso del Procurador del Común en defensa de los derechos de los castellanos y leoneses.

Así, de las 94 actuaciones, 53 tuvieron que ver con asuntos distintos a la pandemia, como por ejemplo la brecha digital en el medio rural, los puntos de recarga de vehículos eléctricos, la protección de la arquitectura popular las dificultades para cubrir los puestos de secretario municipal en los ayuntamientos o la atención sanitaria en los municipios rurales.

Mientras que de las 41 acciones de oficio del Procurador del Común relacionadas con el coronavirus, la mayoría de ellas tuvieron que ver con la falta de medios de protección frente al virus, la atención social y sanitaria en las residencias de personas mayores, la educación durante el confinamiento o los criterios sobre el triaje en los centros sanitarios, además de la recogida y tratamiento de los residuos urbanos como fuente de contagio o la ordenación del espacio en las calles para dar cabida a terrazas y veladores en la hostelería.

También analizó quejas como las de la no atención presencial en centros de salud y consultorios, y aunque apelaba a la necesidad de garantizar la seguridad de profesionales y pacientes evitando los contagios por covid advertía de que la medicina no presencial como la que se ha generalizado, no garantiza una óptima asistencia sanitaria y, menos aún, en entornos rurales”.

Añade que estas situación es más palpable en casos de colapso de líneas telefónicas o en los de falta de atención de las mismas, “pudiendo dar lugar a diagnósticos que pueden resultar (como es posible que haya ocurrido en algunos casos) erróneos, o a situaciones extremas de imposibilidad de acceso a la red telefónica”.