Una nueva ley para el Consejo Consultivo de Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido este martes un encuentro con el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, quien le ha hecho entrega de dos iniciativas de la institución enmarcadas en su función de “superior órgano consultivo” de la Comunidad. Por una parte, la propuesta de una nueva Ley del Consejo Consultivo y el primer informe sobre el impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas.

El Consultivo es la institución propia de la Comunidad que se encarga de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho Europeo y el resto del ordenamiento jurídico en el funcionamiento ordinario de las administraciones de la Comunidad. También forma parte de él el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Según Sánchez de Vega, la nueva Ley contribuirá a mejorar el funcionamiento integrado de los dos órganos, reforzará la autonomía e independencia de la institución y reafirmará la condición del Consejo como “superior órgano consultivo” de la Comunidad, como lo define el Estatuto de Autonomía. Además, el presidente de la institución ha explicado que esta propuesta, respaldada por todos los consejeros, es fruto de la experiencia acumulada en el ejercicio de las funciones atribuidas al Consejo y al Tarccyl, a la vez que ha añadido que el principal objetivo es servir al mejor ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses.

El presidente del Consultivo también ha entregado al presidente de la Junta el informe sobre el impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas. Este informe, según ha explicado Sánchez de Vega a Fernández Mañueco, constituye una contribución al debate jurídico y técnico, aún pendiente de acotar y definir tanto en el Derecho autonómico como en el estatal y en la Unión Europea.

Es por ello, que la propuesta del Consejo Consultivo se trata de una iniciativa nueva destinada a que el Gobierno regional disponga de una útil herramienta en la elaboración de las normas que le permita evaluar las consecuencias favorables de éstas para hacer frente a la despoblación.