Las Cortes de Castilla y León rechazan la aplicación de cualquier peaje por el uso de las autovías y carreteras convencionales

El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular por la que rechaza la puesta en marcha de cualquier tipo de peaje o tasa por el uso de las autovías y carreteras convencionales, y en la que también se reclama al Gobierno que no incremente la tributación por uso, tenencia o adquisición de vehículos, así como tampoco sobre los combustibles que utilizan. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos a excepción de los dos procuradores de Podemos, que se abstuvieron.

La popular María Ángeles García Herrero, que fue la encargada de defender la PNL, argumentó que se trata de corregir otra de las “lamentables” decisiones el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, reclamó al Ejecutivo que reduzca sus gastos ministeriales y que no intente implantar un nuevo impuesto a un servicio público que ya está fuertemente gravado a través de los combustibles fósiles y otros impuestos.

García Herrero indicó que la medida supone una incoherencia de las políticas de Gobierno, ya que mientras aboga por el uso de las vías de altas capacidad para reducir la siniestralidad, “ahora pretende desincentivar su uso”. “Estamos ante una mentira, un engaño, un ejercicio de demagogia y una falta de respeto. No se trata de ninguna propuesta, es un compromiso real del Gobierno con la Unión Europea”, sentenció.

Mientras tanto, Ángel Hernández Martínez (PSOE) acusó al PP de utilizar propuestas que no están concretadas para generar “algarabías” y crear alarmas con el único objetivo de desacreditar al Gobierno. También aseguró que el Grupo Socialista votará a favor por coherencia, al contrario que el PP, “que cuando gobiernan dicen una cosas y cuando están en la oposición dicen la contraria”. En este sentido, explicó que en 2012 y ante un proyecto similar del PP cuando estaba en el Gobierno, el PSOE ya lo rechazó en las Cortes de Castilla y León.

Por su parte, José Ignacio Delgado (Ciudadanos) además de lamentar la ausencia del portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, en el debate de la moción, calificó de “letal y demoledora” la medida y aseguró que es una “auténtica vergüenza”. Para el procurador de Cs, la aplicación de esta medida sería demoledora y, especialmente, en el mundo rural, ya que las autovías son las principal vías de comunicación de los pueblos, “por lo que estamos ante un torpedo en la lucha contra la despoblación” que también aumentaría la siniestralidad. “La movilidad es fundamental para Castilla y león y no se puede penalizar”, afirmó.

Desde el Grupo Mixto, Pedro José Pascual Muñoz (Por Ávila), aseguró que en el caso de aplicarse sería una medida que vendría a incrementar el agravio que sufre la provincia de Ávila en materia de comunicaciones. “Era lo que nos faltaba en Ávila para estar más aislados”, aseguró, a la vez que indicó que supondrá un paso atrás en la lucha contra la despoblación.

Por otra parte, el Parlamento regional dio luz verde por unanimidad de todos los partidos una proposición no de ley que demanda a los gobiernos autonómico y central y a la Diputación de León apoyo presupuestario, aún por concretar, para un proyecto de desarrollo de una estación de esquí de fondo en la comarca leonesa de Babia.

La iniciativa la ha llevado el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, quien ha remarcado que se trata de una “zona privilegiada” para una iniciativa que ofrecería una actividad para la que no hay instalaciones similares en la Cordillera Cantábrica y que lo haría sin perjudicar al medio ambiente.

Santos ha pedido la implicación de todas las administraciones para apoyar presupuestariamente una iniciativa para la que ha comprometido el acuerdo de los habitantes de la localidad de La Cueta, donde se instalaría, ya que su negativa a un proyecto similar expresada en 2017 “está superada”, a la vez que ha ofrecido el apoyo económico de la Diputación de León, que dirigen el PSOE y la UPL.

Violencia de género

Los grupos Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, frenaron la modificación de la ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, presentada por el Grupo Socialista, con los argumentos de que es una propuesta unilateral, rompe el consenso en una materia sensible y la Consejería ya trabaja en la revisión de la norma aprobada hace diez años.

La Junta de Castilla y León, por acuerdo del Consejo de Gobierno, se manifestó en contra de la toma en consideración de la proposición de ley socialista, al entender que no se sustenta en un documento, que requiere un aumento de créditos y que está iniciado el trabajo para su revisión, postulados que esgrimieron Blanca Delia Negrete (Cs) e Inmaculada Ranero (PP) para expresar le voto en contra.

El procurador socialista Luis Ángel Fernández Bayón inició su intervención con un recuerdo a las 1.092 mujeres víctimas de violencia de género y a “Paula y Cristina”, las dos en este año en Castilla y León, y planteó la modificación por su grupo de la norma en “la inacción” de la Junta al no implementar la ley con las medidas del Pacto de Estado.

La popular Inmaculada Ranedo, que inició su intervención con un recuerdo a las mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año, expresó el compromiso de la Junta en la prevención y fomento de la igualdad, recordó que la Comunidad fue pionera en la lucha contra la violencia de género con su ley de 2010 y subrayó que, tras diez años de la norma, el Ejecutivo se plantea su revisión.

Conciliación

Por último, el Grupo Socialista sacó adelante en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) por la que se insta a la Junta de Castilla y León a organizar durante los meses de junio y septiembre actividades que garanticen la conciliación de las familias ante la reducción, a cuatro horas en horario matinal, de los horarios lectivos de Primaria e Infantil. La propuesta contó con el apoyo del Grupo Mixto y de la procuradora no adscrita María Montero, mientras que fue rechazada por PP y Cs.

Fernando Pablo Romos, que defendió la propuesta por parte del PSCyL, reprochó que en la reducción del calendario escolar la Consejería de Educación no haya tenido en cuenta la opinión de la comunidad educativa. “La Junta desprecia a las confederaciones de AMPA y a los principales sindicatos, al recuperar la jornada reducida de forma unilateral”.