La nueva tarifa eléctrica incrementará el coste de la energía para los remolacheros de Castilla y León por encima del 30% en julio

La nueva tarifa eléctrica aprobada por el Gobierno, que entró en vigor este pasado 1 de junio, incrementará el coste de la energía para los agricultores de regadío de Castilla y León, especialmente para los productores de remolacha, entre un 22 y un 28 por ciento durante los meses de verano, llegando a superar el 30 por ciento, con respecto al coste del pasado año, en el mes de julio.

Así lo explica, en declaraciones a Ical, el gestor de la empresa consultora de eficiencia energética New Pulso Energy, Ángel Valentín Marqués, que también señala que “la tarificación de peajes ha incrementado el coste de las tarifas independientemente de que la energía esté cara de por sí”, lo que repercute de manera especialmente negativa en el sector primario ya que los horarios marcados por el Gobierno en el Real Decreto “no se adaptan para nada a sus necesidades”.

Y es que la remolacha, junto al maíz, exige un riego muy pronunciado en el mes de julio, lo que hace que, aunque los productores quieran aprovechar las horas valle nocturnas, “no compensan todo lo que van a tener que regar en el resto de horarios, con las tarifas más caras”, lo que hace prever unos aumentos medios, para toda la campaña veraniega, del 25 por ciento con respecto al 2020.

“El año pasado, el precio estaba en torno a los 40-45 euros por megavatio al día, mientras que este año, prácticamente todos los meses, se ha estado por encima de los 60 euros”, relata Ángel Valentín Marqués. Un aumento de más de un 20 por ciento en el precio indexado que con la nueva tarificación hace que el precio fijo “también suba” y que, en las nuevas contrataciones energéticas, vaya a “salir igual”. “Para consumos estacionales como el de la agricultura, es un riesgo muy grande, y por eso insistimos a los productores en que hagan acciones de presión para que se amplíe el tramo de horas valle para el regadío”, concluye el gestor de New Pulso Energy.

En ello se encuentran trabajando desde la sociedad cooperativa general agraria ACOR, cuyo presidente, Justino Medrano, avanza a Ical que el próximo día 15 de junio tendrán una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, para intentar que este traslade al Ejecutivo la posibilidad de establecer “una moratoria para este año”, puesto que el cambio de tarifa ha ‘pillado’ a todos los remolacheros con la campaña iniciada y el aumento de los costes este verano puede desencadenar una cascada de acontecimientos por la que “muchos no obtengan rentabilidad esta campaña y la que viene abandonen y perdamos superficie de cultivo”.

Es por ello que Medrano asegura que la decisión del Gobierno ha caído como “un jarro de agua fría” en un sector que atraviesa “un momento difícil” tras varias campañas con pérdidas por el bajo precio del azúcar y donde ahora, que “parecía que el sector empezaba a remontar”, llega un sobrecoste de la energía que es “un obstáculo más que salvar” ante el que, temen desde ACOR, “muchos pueden abandonar” este cultivo.

“Si apuestas por un cultivo que necesita más dedicación y horas y la rentabilidad baja, la gente se cuestiona lo que está haciendo y cambia a un cultivo que no dé estos problemas”, explica Justino Medrano, quien por ello insiste en la petición de una moratoria, al menos para el mes de julio, como forma de “dar facilidades al sector primario”, ante la tesitura de un incremento de los costes de producción que supondrá este año el aumento tarifario energético por el que “el año que viene, bajará la superficie de remolacha porque se irán muchos agricultores”.

Cambio al consumo fotovoltaico

Además de la moratoria pedida al Gobierno, desde ACOR también se insiste a los agricultores de la remolacha en la necesidad de cambiar hacia un modelo de consumo energético basado en las placas fotovoltaicas. “El sector agrícola necesita un cambio, pero hay que hacerlo poco a poco porque son inversiones fuertes y hace falta un tiempo de adaptación”, explica Justino Medrano, quien vincula ambas situaciones al recordar al Gobierno que aunque “es verdad que toca apostar por las energías renovables, necesitamos que nos den tiempo”.

De hecho, Medrano cree que la moratoria permitirá “a los que tengan previsto cambiar a las fotovoltaicas, agilizarlo de cara al año que viene”, lo que permitiría no perder “tanta superficie de cultivo” con el mantenimiento de los agricultores más jóvenes, aunque el presidente de ACOR reconoce que “el veterano que no tiene relevo se lo piensa, porque es una inversión fuerte”.

No obstante, Justino Medrano considera que el cambio merece la pena, porque supone “un ahorro de entre 500 y 600 euros por hectárea” que se traduce en “beneficios directos”, más ahora con un coste energético alto con el que “compensa el cambio”.

En la misma línea se mueve Ángel Valentín Marqués, que recuerda que precisamente la introducción del consumo energético fotovoltaico, al rendir principalmente en las horas de sol donde el gasto energético tradicional se va a disparar con las nuevas tarifas, permitirá “reducir la factura energética del agricultor entre un 55 y un 60 por ciento”, si bien hay que tener en cuenta la menor potencia y la amortización de la inversión, que el gestor de New Pulso Energy cifra en un plazo aproximado de entre 5 y 8 años.

“Es verdad que son inversiones a muy largo plazo, pero la rentabilidad ahora es inmediata, porque lo que dejas de pagar te ayuda a amortizar la planta”, relata Valentín Marqués, asegurando que cada vez recibe más llamadas de agricultores, ganaderos y particulares que “se interesan por saber cómo va a funcionar y cuánto puede costar” la instalación de las placas solares. Y es que, para el gestor de New Pulso Energy, “o morimos en el intento de seguir como estamos, o nos modernizamos”.