La Justicia dicta que no hubo “pucherazo” en las Primarias de Ciudadanos en Castilla y León

La Audiencia Provincial de Valladolid ha archivado la denuncia presentada por una plataforma de ex afiliados de Ciudadanos en Burgos contra el presunto fraude de las elecciones primarias que celebró la formación naranja en 2019 para elegir el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León entre Francisco Igea y la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.

El sistema telemático de voto de Ciudadanos quedó en entredicho cuando militantes cercanos a Igea descubrieron que se habían validado más votos que votantes y que todos los votos de más correspondían a la candidata del aparato del partido, la expresidenta de las Cortes y exintegrante del PP Silvia Clemente, que se declaró vencedora en primera instancia, hasta descubrir los fallos en la votación.

La ex concejala de Cs en Burgos y letrada que ha defendido el caso, Gloria Bañeres lamentó la falta de investigación que ha rodeado a este caso desde la denuncia anónima que se presentó en Fiscalía, a pesar del paralelismo con lo ocurrido en Murcia, donde la investigación judicial continúa en marcha.

Bañoles recuerda que, tras el archivo por parte de la Fiscalía de Valladolid, un grupo de ex miembros de Cs presentó en Burgos una denuncia en el juzgado de Burgos, el cual se desinhibió en favor de un juzgado de Valladolid. Éste mantuvo los criterios de la Fiscalía y archivó el caso en noviembre de 2000, por lo que se presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que ahora, de nuevo, es desestimado.

En el fallo, la Audiencia Provincial considera que los 82 votos nulos que fueron a parar a Silvia Clemente no fueron accidentales, “dado que parece imposible, en términos de probabilidad matemática, que todos los anulados por esa causa correspondan a un solo candidato de los tres en liza. Y a la vista del informe técnico, fueron realizados por usuarios autorizados como afiliados”.

Además, también reconoce que esos 82 votos, “teniendo en cuenta la hora en la que se emiten”, fueron realizados intencionadamente con el fin de “engañar” al sistema telemático y, por consecuencia, alterar la elección del candidato.

No obstante, la Audiencia considera que eso no es suficiente para considerar que se ha producido un delito de daños informáticos, pues el informe técnico descarta injerencias o manipulaciones externas. Además, recuerda que el propio sistema declaró nulo de forma automática esos 82 votos, de manera que, de los 1.094 votos recogidos en las máquinas de votación, quedaron al final los 1.012 votos reales.

En este sentido, la Audiencia explica que el diseño del sistema no permite el “engaño” con la simple emisión de sucesivos votos, ya que la base de datos registra tanto los votos validados como los intentos de voto en cada proceso de primarias, y “se ha comprobado el funcionamiento del sistema de validación de votos, comprobando que funciona correctamente, ya que se invalidan las peticiones de votos de cualquier usuario que ya tenga un voto validado”.

La Audiencia también asegura que no se puede establecer una comparación con la investigación que se lleva a cabo en Murcia, y argumenta que en el informe elaborado por Lazarus Technology para este asunto no se aprecia una posible ocultación de información.

La empresa explicó en su informe que no hubo intención de alterar el sistema sino una serie de cliqueos de más cuando los afiliados emitían su voto.