¿Sin ayudas para los ayuntamientos de Castilla y León que no rindan cuentas?

Los ayuntamientos y entidades locales que no cumplan con su obligación de rendir no deberán recibir ayudas ni subvenciones públicas. Es lo que ha solicitado el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante su comparecencia en las Cortes regionales, donde ha pedido que esta decisión debe plasmarse por Ley, con el fin de “estimular la rendición de cuentas”.

Y es que según los datos facilitados por Amilivia en el periodo 2014-2019 figuran aún 301 ayuntamientos, el 13 por ciento del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios, y entre ellos 27, que no lo han hecho nunca. De estos últimos, cinco tienen entre 500 y 1.000 habitantes y los 22 restantes son menores de 500. Respecto a la evolución de la rendición de entidades locales menores, se ha producido un retroceso interanual de siete puntos porcentuales, situándose en el 52 por ciento. En definitiva, 2.705 entidades locales rindieron la cuenta general de 2019, lo que supone el 57 por ciento del total.

Por ello, el presidente del Consejo de Cuentas ha recomendado que “las entidades locales deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa respecto al ciclo presupuestario y contable, y con una especial atención a la aprobación de los presupuestos. Por ello, ha considerado como “relevante” la novedad introducida por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar para el ejercicio 2021, por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas al Consejo.

El informe sobre la fiscalización de los SAT analiza la organización, medios personales y materiales, y las actuaciones realizadas por estos servicios de asistencia de las 9 diputaciones provinciales y de la Comarca de El Bierzo en 2019. Se destacan en primer lugar las conclusiones relativas a los incumplimientos reiterados a la obligación legal de rendir cuentas por los municipios de la Comunidad. Así, se pone de relieve, en relación a los municipios menores de 20.000 habitantes, que 384 ayuntamientos tienen pendientes de rendir las cuentas de varios ejercicios del periodo 2010-2019, sumando un total de 1.431 cuentas sin rendir.

13 ayuntamientos de 5 provincias, todos ellos con población inferior a 1.000 habitantes, no habían rendido ninguna cuenta en los últimos 10 años. Si se relaciona el número de consistorios de cada provincia respecto al total de los existentes en la Comunidad, las tasas de incumplimientos del deber de rendición de cuentas más elevadas corresponden a las provincias de Ávila, Segovia y Zamora.

El Consejo emite 8 recomendaciones, dirigidas tanto a las 10 entidades supramunicipales (diputaciones y Consejo comarcal), como a la Junta:

Entre ellas, las diputaciones de Ávila, Palencia, Salamanca y Soria, así como el consejo deberían establecer mecanismos de control para evitar que la falta prolongada de cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional en algún ayuntamiento derive en disfunciones organizativas crónicas, dando lugar a incumplimientos en la actividad administrativa ordinaria, como la rendición de cuentas anual.

La Diputación de Ávila y el Consejo Comarcal deberían planificar adecuadamente tanto la dimensión de sus plantillas, como su organización para poder apoyar de forma rápida y eficaz a las entidades locales en la rendición de cuentas. Además, las diputaciones de León, Salamanca y Soria, así como el Consejo Comarcal deben desarrollar acciones de concienciación y formación entre todos los miembros de las corporaciones locales, orientadas a sensibilizar a dichos cargos electos en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas.

Las diputaciones y el Consejo Comarcal deberían desplegar actuaciones en los municipios que incurren en incumplimientos reiterados. Las diputaciones de León, Palencia, Salamanca y Soria, además del Consejo, deberían llevar algún registro sobre la forma en que se ejercen las funciones públicas necesarias en las entidades locales. También, la Consejería de la Presidencia debería remitir a todas las diputaciones y al Consejo Comarcal los datos del Registro de los funcionarios con habilitación nacional que incidan en el desempeño de puestos reservados.