Amilivia, partidario de asumir más competencias pero con una nueva sección de fiscalización

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha comparecido este jueves en las Cortes para dar cuenta sobre el gasto público de la Administración de la Comunidad, donde, entre otras cuestiones, ha valorado la “experiencia acreditada” de esta institución pública en esta materia.

Además, se ha mostrado partidario de que la institución asuma más competencias pero con la puesta en marcha de una nueva sección de fiscalización para fortalecer el servicio que la institución presta al conjunto de la ciudadanía pero siempre y cuando se dote de recursos para poder garantizar su eficacia y eficiencia.

Si bien, ha asegurado también que para poder institucionalizar esta función en el órgano de control, tal y como ha sido anunciado por el Gobierno autonómico, se requiere de una iniciativa legislativa de creación y funcionamiento para garantizar su independencia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, Amilivia ha coincidido con la opinión y el diagnóstico recogido en un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) sobre la necesidad de esta nueva unidad de fiscalización y ha defendido también que se podría aprovechar la propia estructura del Consejo así como su conocimiento y experiencia en la realización de las fiscalizaciones operativas.

Además, ha apuntado que los resultados de las evaluaciones realizadas por la unidad independiente de evaluación tendrían divulgación y se promovería su utilización en la discusión parlamentaria y en la formulación de políticas públicas más eficaces.

El presidente del Consejo de Cuentas se ha mostrado también confiado en que haya consenso político para que se institucionalice la evaluación de políticas públicas en el Consejo, por medio de la creación de esta nueva unidad fiscalizadora, pero ha insistido en que para ello debe iniciarse la tramitación de una proposición de ley para crear dicha unidad, ya que ampliar el ámbito competencial del Consejo requerirá de nuevos recursos.

Una normativa en la quese regularían la creación y las funciones de esta unidad independiente, la composición y forma de actuación, así como el necesario mandato para la dotación de medios del Consejo de Cuentas y el desarrollo de la reglamentación de funcionamiento interno.

Amilivia ha recordado también en este contexto la propuesta de reforma normativa que fue planteada el año pasado a todos los grupos parlamentarios, como conjunto de reivindicaciones que deberían acompañar la iniciativa legislativa necesaria para institucionalizar la evaluación externa de políticas públicas dentro del Consejo de Cuentas.

Reformas -decía- dirigidas a reforzar la autonomía orgánica y funcional del órgano de control externo, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los entes fiscalizados.

Con ellas, Amilivia pretende dar un nuevo impulso al Consejo de Cuentas y dotar al personal de la institución de un régimen coherente con su alta cualificación.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones que esta institución propia hace a la Junta sobre el gasto público, Amilivia ha explicado que, en primer lugar, el Gobierno regional debería desarrollar, bien mediante la elaboración de nuevas normas o bien modificando las existentes, el procedimiento de evaluación a efectos de que el sistema diseñado, regulado y aplicado someta a evaluación a la totalidad de los programas de gasto público y no solamente a una parte, disponiendo a su vez de instrucciones y manuales que permitan regular aspectos que afectan al análisis de impacto en la asignación de recursos como son:

Como segunda recomendación, a efectos de garantizar un diseño más eficaz del sistema de evaluación de los programas de gasto, los centros gestores deberían también cuantificar el gasto previsto que suponen las líneas y metas de las secciones presupuestarias y sobre todo los objetivos y actividades; aumentar la concreción de los objetivos y su vinculación con las actividades e indicadores que pretendan medirlos; y garantizar su conexión a los programas, planes o estrategias aprobados para llevar a cabo las políticas públicas.

Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda debería reglar las actuaciones de la Comisión Funcional del Presupuesto y de las comisiones de análisis de programas para dejar constancia de las valoraciones del cumplimiento de los objetivos, de las causas de las desviaciones detectadas y de sus efectos sobre la asignación de recursos a los programas de gastos conforme a las prioridades y criterios de presupuestación que se establezcan. Y también debería impulsar la homogeneización y sistematización de los informes de balances y resultados, con una estructura estandarizada y el contenido necesario para que reflejen la evaluación de impacto de los programas de gasto ejecutados y su efecto en la asignación de recursos.

Finalmente, teniendo en cuenta los centros gestores implicados, el Consejo de Cuentas recomienda a la Junta valorar o bien modificar el actual sistema de evaluación, o bien garantizar la incorporación de la evaluación del impacto socioeconómico de las políticas públicas sobre el empleo y de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos al sistema de seguimiento de objetivos, así como la evaluación de impacto de género.

Con la de hoy son ya 23 las comparecencias realizadas en las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas, en las que han sido presentados 58 informes, que suponen un 25% del total histórico. En cuanto a la programación del resto de los trabajos, actualmente hay otras 28 auditorías en marcha, 20 del Plan Anual 2021 y otras ocho de planes anteriores. El Consejo de Cuentas prevé concluir este ejercicio con más de 30 informes aprobados, -32 concretamente- la cifra más alta de toda la serie histórica del órgano de control. Así, a los 24 informes ya aprobados en lo que va de año, se prevé la finalización antes del cierre del año de otras 8 fiscalizaciones.