El Juzgado cita como investigados al PP de Salamanca y al presidente y la gerente del partido por un presunto delito de financiación irregular

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha acordado llamar a declarar en calidad de investigado al PP de Salamanca y al presidente y gerente de la formación, Javier Iglesias, e Isabel Sánchez González, respectivamente, por considerar que existen indicios racionales de un presunto delito de financiación irregular de un partido político en sus actuaciones durante el proceso de primarias de los ‘populares’. Según el auto del Juzgado salmantino facilitado por el Tribunal Superior de Justicia, los investigados han sido citados para declarar el próximo 30 de diciembre.

Según el relato de los hechos que realiza el juez explica que a fecha de 31 de diciembre constaban un total de 4.913 afiliados del PP de Salamanca sin estar al día de la cuota y que , tras la convocatoria de las elecciones primarias en el partido, se abrió un proceso de actualización y pago de las cuotas de los “afiliados morosos”, dado que sólo podían votar quienes estuvieran al corriente de pago entre lo días 10 y 17 de marzo de 2017. Esta iniciativa se lleva a cabo, siempre según el auto, a instancias del presidente del partido en la provincia, Javier Iglesias, mientras que a la gerente de la formación se le aportan los listados con los militantes que tenían deudas.

Mediante este proceso se amortizó una deuda por cuotas de afiliados por valor de 61.937 euros, de los que 20.447 euros se corresponden con pagos y transferencias de los propios afiliados morosos, mientras que 41.490 euros se obtienen mediante cuotas abonados por cargos electos, personal de confianza y afiliados voluntarios que colaboraron voluntariamente en el pago de cuotas de los militantes morosos. Sin embargo, el juzgado considera que sólo se ha podido seguir el rastro de 17.350 euros mediante declaraciones juradas, por lo que quedarían “sin justificar” otros 24.140 euros, cantidad que considera que puede calificarse como una “donación anónima ilegal”.

No obstante, el tribunal ahonda en el tema y señala diversas circunstancias que aminorarían esa cantidad sin justificar hasta los 7.090 euros, aunque el delito persistiría dado que seguiría siendo una donación anónima ilegal. Así, cita que, en el supuesto de que se dieran por válidos otros justificantes de cantidades extraídas de cuentas bancarias de cargos públicos del partido en los días investigados podría seguirse el rastro de otros 9.800 euros y si se aceptaran hipotéticamente otras cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo se podrían encontrar otros 7.250 euros.

Daño político

El Partido Popular de Salamanca sostuvo, tras conocerse la noticia que el proceso judicial sobre la presunta financiación irregular de la campaña de primarias de 2017 encierra “el interés de causar daño político” por parte de un adversario “que no ha logrado su objetivo en las urnas”, en referencia a que parte de una denuncia anónima, secundada por Los Verdes-Foro de Izquierdas, que actúa como acusación popular.

El PP reconoce tener conocimiento de la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca dictada en el día de hoy, que cita a declarar en calidad de investigados al presidente provincial, Javier Iglesias, y a la gerente, Isabel Sánchez, además de ubicar al propio partido, como entidad, también en la figura jurídica de investigado. En este sentido, manifiesta su disposición “total y absoluta” a colaborar con la justicia y recalca que “la citación a declarar como investigados de personas concretas no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna”.

De igual modo, el PP señala que lo que se dirime en este proceso son “cuestiones internas” de un partido político y que “en ningún caso tienen que ver con la administración pública, sino que se refiere a un proceso de participación interno de un partido”. Así, los ‘populares’ añaden que “la actuación realizada por todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente”. Por lo tanto, muestran su “plena confianza” en que, tras las investigaciones por parte de la justicia, este caso sea archivado.

Según el PP, miembros del partido llevaron a cabo un proceso “totalmente legal”, que consistió en pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago y que, de este modo, pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017. “El pago de deudas de terceros está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”.

En este sentido, reiteran que “exclusivamente para el pago de estas cuotas, cargos y afiliados del partido aportaron dinero de su bolsillo, de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros”. Con ello, pretendían “hacer más democrático y abierto el proceso y que un número mayor de afiliados pudiese participar y votar de forma libre, como así fue en realidad”. Por último, atestiguan que el importe total de dichas aportaciones fue destinado “a tal fin” y destacan que “nada de lo actuado hasta ahora en el proceso de investigación judicial abierto sobre el asunto ha desmentido lo señalado”.