Freno a la estrategia de Sánchez para la convivencia del lobo y el medio rural

Nuevo rechazo a la Estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), Y es que la mayoría de las Comunidades que forman parte de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad se ha unido al rechazo que ya mostraron no hace mucho Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, regiones más afectadas por el nuevo estatus que se le ha dado al lobo ibérico, tras incluirse esta especie en el listado de animales protegidos, por lo que se impide su caza en toda la Península Ibérica , por cuanto acaparan el 95 por ciento del total de lobos de nuestro país.

De esta manera, el ministerio no podrá elevar el documento para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que están representados tanto el Gobierno como todas las comunidades, a través de sus correspondientes consejeros autonómicos.

Las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95 por ciento de las poblaciones de lobo de toda España consideraron en su postura de rechazo que el borrador del ministerio “no se ajusta a ninguna de las finalidades de las estrategias que establece la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad”, salvo que sus redactores, argumentan las cuatro comunidades del noroeste, “consideren que las actividades del medio rural son una de las principales amenazas para la biodiversidad de nuestro país”. “Algo que rechazamos de forma rotunda”, remarcaron.

Las autonomías participan en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad a través de sus correspondientes directores generales, en el caso de Castilla y León, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Los directores generales de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia denunciaron que el borrador no precisa la identidad de sus autores ni el organismo o entidad al que pertenecen, por lo que reiteraron su postura de “no sentirse partícipes de las decisiones que por parte del MITERD se están tomando en la tramitación del borrador en el seno del Grupo de Trabajo del Lobo”.

Por todo ello, insistieron en que el borrador indique quiénes son los autores materiales y los asesores que han trabajado en la elaboración del texto sometido a la valoración de la Comisión Estatal, y en representación de qué comunidades autónomas y organizaciones lo han hecho.

“El documento presentado a la consideración de la Comisión Estatal carece en estos momentos de sentido porque, además de que muchos de sus contenidos podrían vulnerar el régimen competencial establecido en nuestro país y, por tanto, resultar ineficaces, se construye sobre una decisión ya adoptada por parte del Ministerio y que resulta crucial para la gestión de cualquier especie, como es su estatus legal”, señalaron.

Un estatus, recordaron desde la Junta, que en el caso de Castilla y León, ha sido modificado por una orden -en referencia al LESPRE, publicada por el Ministerio el 21 de septiembre de este año- que ha alterado el régimen legal del lobo en esta comunidad autónoma, y su propia consideración en la directiva Habitats de la Unión Europea.

Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia expusieron que dicha orden, en la que se basa el borrador de Estrategia presentado por el Ministerio, fue recurrida por los servicios jurídicos de cada una de estas cuatro comunidades autónomas ante la Audiencia Nacional, por lo que prefirieron reservarse cualquier apreciación adicional sobre los contenidos de una futura estrategia del lobo a la existencia de sentencia firme, rechazando hasta entonces cualquier documento de borrador o proyecto que al respecto se someta a la consideración de estas autonomías.

Por último, las cuatro comunidades estimaron que una nueva estrategia de conservación y gestión del lobo en España debe elaborarse previa valoración detallada del resultado de aplicación de las diferentes directrices contenidas en la Estrategia vigente y, una vez concluida, la actualización del censo nacional de la especie. “Sin ambos procesos finalizados, ni el cambio de estatus legal de la especie que hemos recurrido ni el borrador de estrategia que rechazamos son admisibles”, finalizaron.