Consejo Consultivo, garante de la legalidad y del buen gobierno

Un total de 549 dictámenes emitidos y 207 recursos contractuales resueltos. Así podría resumirse rápidamente la actividad del Consejo Consultivo de Castilla y León durante el pasado año y que queda reflejado en la Memoria de 2021 de esta institución propia de la Comunidad que lleva a cabo una labor consultiva y la resolución de recursos contractuales, algo único en España, y cuyo presidente, Agustín Sánchez de Vega, ha entregado este miércoles al presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

Si bien, escarbando un poco más en el documento, se revela que la mayoría de las consultas realizadas a esta entidad las han llevado a cabo las entidades locales, con 302, lo que supone un 55 por ciento del total. O lo que es lo mismo, más de la mitad del total, mientras que las de la administración autonómica fueron 245, un 44,63 por ciento, de los que un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria. Además, cabe señalar que otras dos consultas fueron de universidades.

Asimismo, el 66,51 por ciento (145) de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros, que representan el 22,47 por ciento (49), según se recoge en la Memoria, en la que se pone de relieve también que el principal acto recurrido ha sido el de adjudicación (49,08 por ciento).

Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 82, León, con 77, y Salamanca, con 69, son las provincias de las que proceden más consultas. Además, hay otros 79 expedientes no provincializados por ser proyectos normativos de la Junta o por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad.

Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 549 dictámenes, el 68,49 por ciento, es decir 376, son de responsabilidad patrimonial, estando relacionados la mayor parte con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario.

De las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, el 95 por ciento ha seguido el criterio recogido en el dictamen.

Sánchez de Vega destacaba la “auctoritas” del Consejo Consultivo de Castilla y León ya que, según explicaba, cada vez son más los criterios que las administraciones consultantes recogen de sus dictámenes, y ponía en valor la labor de la institución como “garante de la legalidad,buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos”.

Asimismo, reafirmaba su apuesta y la de la institución por seguir contribuyendo a la legalidad de las decisiones administrativas y a la protección de los derechos de los castellanoleoneses.