Un gasto “sin precedentes» para apoyar a las familias

El apoyo a las familias es uno de los acuerdos de Gobierno de PP y Vox para esta legislatura. Y la Consejería del ramo ha elaborado una hoja de ruta para esta legislatura «potente» que incluye un gasto «sin precedentes», en palabras de la consejera Isabel Blanco, para ayudar a las familias más vulnerables a salir adelante pero también para favorecer la natalidad y luchar contra la despoblación.

De hecho, según anunciaba Blanco durante su comparecencia en las Cortes para dar cuenta de su programa, se ejecutará un «potente» paquete de medidas por valor de 50 millones de euros para apoyar a las familias.

Entre ellas, la ampliación del Bono Concilia, dirigido a l cuidado de hijos de padres trabajadores, al que se inyectarán 10 millones y cuyas bases reguladoras se publican hoy; la implantación de la gratuidad del programa «Crecemos» en el medio rural; los 2.500 euros por nacimiento; la regulación de las familias monoparentales -once mil en la actualidad-; o la ampliación del Plan Familias.

La hoja de ruta marcada contempla la aprobación de hasta cinco leyes: tres que se quedaron en el tintero la pasada legislatura: La Ley de Atención Residencial, la de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad; o la actualización de la Ley Integral de Violencia de Género, cuyos trabajos se van a retomar, según anunciaba la consejera, y otras dos como la Ley de Derechos de las Personas Mayores o la Ley de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar pactada con Vox.

Discrepancias con Vox

Sobre ella, defendía que esta normativa será “útil y necesaria” para prevenir un tipo de violencia, desligaba esta normativa de la referida a la vigente sobre violencia de género, ya que en este caso se limita a aquellos casos que afectan a “los diferentes grupos de personas que conviven en un entorno familiar”, y confirmaba que su departamento ya trabaja en la elaboración del proyecto de ley, para que sea tramitado antes de agosto, y dé respuesta al “incremento de episodios graves de violencia de hijos adolescentes contra sus padres”.

Sobre estas últimas se avivaba la polémica después de que la portavoz de Vox en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Luisa Calvo, negara la existencia de la violencia de género sufrida por las mujeres y avisaara de que el apoyo de su partido al Gobierno se producirá “en la ley de violencia intrafamiliar”: “igual del hombre a la mujer, que de la mujer al hombre, del hijo a la madre o del padre a quien sea”.

Tras estas palabras, desde el Grupo Popular aseguraban en boca de Miguel Ángel García Nieto que tratarán de “convencer” a Vox de que Castilla y León necesita una actualización de la ley de lucha contra la Violencia de Género, y además porque “está recogida en el Estatuto”. “Que ellos juzguen lo que tengan que hacer. No soy quien para decirle lo que tiene que hacer a Vox, pero la ley seguirá su tramitación normal”, decía el popular.

Además, en esta legislatura, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asume las competencias relativas a la coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes. En este marco, la consejera habló incluso de desarrollar programas específicos de formación y cualificación profesional para que lleguen a Castilla y León “personas cualificadas para desempeñar su trabajo en el ámbito rural, contribuyendo a la lucha contra la despoblación, favoreciendo la creación de nuevos servicios y sirviendo de motor de dinamización y progreso económico”.

Blanco defendía una política de “migración ordenada”, en la línea del acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y Vox, que buscará potenciales trabajadores en sus países de origen para ofrecerles empleo en el medio rural de la Comunidad, en concreto en el sector de los cuidados a personas dependientes.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades extenderá a todas las provincias de Castilla y León el programa ‘Atención en red’, en el marco del sistema de atención a la Dependencia 5.0 que conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales con la finalidad de ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio con la tecnología como aliada.

Blanco aseguraba que este proyecto contribuye, además, a “favorecer la cohesión social, a promover el empleo local, dinamizar el territorio y a fijar población”, ya que genera 60 empleos en el medio rural por cada cien personas atendidas, expuso ante los parlamentarios.

Igualmente, mencionaba algunas medidas que facilitarán esta residencia en casa, como son la teleasistencia avanzada, un “proyecto de vanguardia” que, anunció, se implantará en toda Castilla y León; así como la ayuda a domicilio, un servicio “clave” que cuenta con más de 38.800 usuarios, especialmente en el medio rural, y que ya se ha reforzado con el incremento de horas de atención y con un gasto de más de 13 millones de euros.

Denuncia al Gobierno

Por otro lado, y dentro de su idea de “reforzar, incrementar y mejorar significativamente la protección social para llegar a más personas”, que ha fijado como uno de los objetivos estratégicos de la legislatura, la consejera avanzaba que denunciará al Gobierno de España ante la Unión Europea al observar “arbitrariedad” en la denegación de una ayuda por importe de 10 millones de euros que había solicitado para desarrollar un proyecto de inclusión social.

En este sentido, recordaba que la Junta, en colaboración con las entidades del tercer sector y de las entidades locales, gestiona unos 200 millones de euros aplicados a los Servicios Sociales y procedentes de esas herramientas financieras de la Unión Europea. Sin embargo, hlamentaba que el Gobierno haya denegado “sin mayor justificación”, la realización de un proyecto de 10 millones de euros para programas de inclusión social, lo que en su opinión supone una “decisión arbitraria e injustificada”.

Oposición

Desde el PSOE, la procuradora Nuria Rubio aseguraba que ha echado en falta avances en la renovación de la legislación sobre residencias, ya que lo considera clave para evitar que se repitan los errores de la pandemia, y ha afeado a Blanco que no haya hecho “ni una sola mención” a la anunciada ley de derechos del colectivo LGTBI, por lo que ha considerado que quizás “no le dejan sus socios” de gobierno (Vox) y ha afirmado que está “despreciando” a este grupo de ciudadanos. Al respecto, la socialista tendía la mano a la consejera “para no plegarse a los intereses de la extrema derecha”.

Por su parte, el procurador de Cs e integrante del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha celebrado el tono y el contenido del discurso de Blanco “después de la semana” de comparecencias, con “cosas sensatas” y palabras para “parar los pies a sus socios de gobierno”. Mientras que desde el Grupo UPL-Soria Ya han pedido que se busque la “igualdad real y efectiva”, y un esfuerzo en materia de residencias para dotar de más plazas a las provincias de León, Zamora y Salamanca.