El bono rural gratuito dispara el servicio de transporte a la demanda

Mientras el Gobierno de España sigue trabajando en el nuevo mapa de transportes para el medio rural, con la incertidumbre en Castilla y León sobre si se suprimirán más de 346 paradas como se filtró en un primer borrador, el Ejecutivo de Fernández Mañueco tiene claro que en una Comunidad como esta, tan grande y dispersa y con la población tan envejecida, hace falta un servicio de transporte que dé respuesta a las necesidades en los pueblos y que mejore la calidad de vida de quienes allí viven y trabajan.

Como ya anunció hace poco la consejera de Movilidad, María González Corral, la Junta trabaja para dar servicio a los ciudadanos del medio rural y por ello no solo mantendrá sino que impulsará el transporte a la demanda, que actualmente cuenta con 1.952 rutas en funcionamiento que atienden a más de cinco mil núcleos de población, y los diferentes convenios para dar servicio a través del transporte por carretera y tren.

En el caso del transporte a la demanda, hace ahora un año y medio se puso en marcha en este reto de seguir mejorando el denominado como Bono Rural Gratuito, que se ha ido implantado en poco a poco hasta su totalidad en las 123 zonas de viaje establecidas. Una medida que ha permitido en este tiempo que más de 90.000 personas se hayan desplazado sin tener que pagar un euro por la Comunidad, 66.000 de ellas en el primer semestre de este 2022, lo que pone de manifiesto la gran acogida que este servicio está ateniendo entre la ciudadanía del medio rural.

La consejera destaca la importancia de esta iniciativa porque, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, «está comprometida con la ciudadanía, la sostenibilidad y la modernización tecnológica».

El servicio de reserva de viajes puede realizarse a través del número de teléfono gratuito 900 204 020 o mediante la web de Transporte a la Demanda.

Por otro lado, el acceso al autobús se valida con una tarjeta física convencional, o con una aplicación descargada en el teléfono móvil, que genera un código QR. La tarjeta convencional se puede adquirir en el propio autobús, con un coste único de 5 euros, duración indefinida y no es nominal.

La inversión estimada de la puesta en marcha de este bono rural es de 600.000 euros anuales, ya con las 123 zonas completadas. A esta cantidad se añaden otros 6,2 millones anuales aportados por la Junta para sufragar el déficit de explotación.

El transporte a la demanda está reconocido nacional e internacionalmente, y ha demostrado su utilidad y ventajas en un escenario de baja densidad demográfica como es el caso de Castilla y León. De hecho, ha conseguido que los personas que viven y trabajan en los núcleos rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.

«Todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a las mismas condiciones de igualdad a los servicios básicos», señala González Corral, quien durante su comparecencia en las Cortes para explicar el programa de legislatura se comprometió a consolidar este servicio en el nuevo marco concesional. «Este servicio será protagonista frente al regular general convencional», decía, con el reto de llegar pronto a los 1,7 millones de viajeros potenciales.