La Ley Animalista del Gobierno de Sánchez podría acabar con la caza en España

La Federación de Caza de Castilla y León advirtió que la entrada en vigor de la Ley Animalista y de la reforma del Código Penal, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno que preside Pedro Sánchez, “acabarían con la actividad cinegética en España”.

Tras conocer el documento elaborado por la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Fundación Artemisan que desmonta la justificación del Gobierno para ambos proyectos, subrayó las consecuencias que tendría su aprobación para la caza, los animales y la sociedad en general.

Entre otras cuestiones, el informe desvela cómo la Ley de Derechos de los Animales -cuyo texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto- “haría prácticamente inviable la supervivencia de las rehalas, la cetrería, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, o incluso la grabación de documentales de caza; y convertiría en maltrato muchas de las acciones cinegéticas que son propias de la actividad”.

Igualmente, recoge cómo el anteproyecto invade las competencias de otras administraciones al prohibir actividades como el silvestrismo o al regular el transporte de perros de rehala, que ya cuenta con una legislación específica procedente de otro Ministerio.

De la misma manera, el texto señala cómo la normativa “hace inviable la práctica de modalidades como la perdiz con reclamo, cimbeles de paloma o aves acuáticas, creando una grave inseguridad jurídica, o cómo impide la cría de reposición y obliga a la esterilización sin argumentos técnicos o científicos que lo avalen”.

También hace hincapié en que el anteproyecto convierte en especie protegida a los gatos de colonias, en contra de la opinión de toda la comunidad científica y de la propia Comisión Europea, que afirman que uno de los mayores problemas para la biodiversidad es el gato asilvestrado de las colonias felinas.

A todo ello se suma la creación de numerosos órganos, sistemas de registro, entidades y planes que conllevarán “un cuantioso aumento del gasto público sufragado por los contribuyentes en un momento de crisis generalizada en el que se están pidiendo esfuerzos a todos los ciudadanos”.

En lo referente a la reforma del Código Penal, ambas entidades coinciden en que contempla penas desproporcionadas y en que, al extender la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, pone en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran importancia para el mundo rural.

La RFEC y Fundación Artemisan se mostraron esperanzados en que el documento sirva para que los distintos partidos políticos, comunidades autónomas y los ciudadanos tengan información real de las consecuencias que tendría la aprobación esta normativa y se opongan a unos proyectos que no persiguen el bienestar de los animales, sino “contentar” a un sector animalista “minoritario” y “radical”, informa Ical.