Empleo
La mayor oferta formativa de la historia para los parados
Dotada con 53 millones de euros, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo incluye el compromiso de las academias a insertar laboralmente a los alumnos
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, bajo el mando de Vox, ha anunciado la mayor oferta formativa de la historia para los desempleados.
El departamento que dirige Mariano Veganzones ha publicado las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a las academias para que puedan financiar los cursos que este año, y en los que los alumnos podrán acceder a 215 especialidaes con certificado de profesionalidad diferentes. Las ayudas ascenderán a 53 millones de euros, un 65 por ciento más que la media de las dos últimas legislaturas.
Objetivo: que los centros de formación logren una mayor ejecución del programa, que en los últimos años no ha superado el 70 por ciento. Entre las medidas que se incluyen en las bases reguladoras, cabe señalar la valoración del compromiso por parte de las entidades encargadas de impartir la formación a insertar laboralmente a los alumnos, unos 16.000 según los cálculos de la Consejería.
Veganzones reafirma la apuesta de la Junta por impulsar la formación de los trabajadores para mejorar la empleabilidad y la calidad del trabajo.
El consejero, además, asegura que esta convocatoria supone un reto para el sector de la formación, ya que, en su opinión, requerirá del doble de profesionales de los que demanda habitualmente. Algo que choca con lo que el pasado martes declaró la patronal CEOE, que cifró en 14.000 los puestos de trabajo en riesgo por esta nueva normativa.
Y es que estas ayudas tienen en contra a los sindicatos UGT y CCOO y a los empresarios, que creen que los cursos van a perder calidad y puestos de trabajo en las entidades vinculadas a patronal y sindicatos que asumían la mayor parte de acciones formativas.
La Consejería remarca que el documento adapta las bases a las sentencias judiciales promovidas desde el sector para lograr un mercado más competitivo y cumple con uno de los compromisos que adquirió al inicio de la legislatura respecto a la reducción del gasto político superfluo de cara a su aprovechamiento en políticas de formación eficaces.
Las bases reguladoras de las subvenciones para formación de trabajadores desempleados no obligan a la acreditación de disponer de instalaciones para la impartición de los cursos presenciales o telemáticos para acceder a la condición de beneficiario.
Beneficiarios
La Orden señala que los planes formativos contenidos en cada solicitud serán valorados conforme a los compromisos de inserción laboraly su contribución a la Integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Asimismo, se valorará el compromiso de mantenimiento de nuevas contrataciones de personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. Se puntuará además la formación dirigida específicamente a planes formativos considerados preferentes en la respectiva convocatoria.
En caso de empate de entidades en la valoración de sus programas, “tendrán preferencia” en su concesión, los solicitantes que acrediten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas.
En cuanto a los beneficiarios, la orden establece que no podrán acceder a estas subvenciones las entidades que estén obligadas a disponer de un plan de igualdad y no lo tengan implementado. Tampoco podrán ser beneficiarias las que no acrediten en la solicitud de subvención la “observancia” o la “exención” de la obligación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad.
Además, en el caso de que los solicitantes sean asociaciones, no podrán obtener la condición de beneficiarios de estas subvenciones, aquellas que no cumplan con el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en su proceso de admisión o funcionamiento.
Planes de empleo
Por otro lado, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha aprobado este miércoles tres nuevos “planes” de empleo dirigidos a trabajadores afectados por deslocalizaciones; a fomentar la contratación en la hostelería y para municipios de más de 5.000 habitantes en turismo y cultura.
El departamento que dirige Mariano Veganzone propuso hoy a CCOO y UGT y CEOE estos nuevos programas de empleo con los que “responder a las necesidades de los desempleados y empresarios de Castilla y León” que dejó aprobados ante la “falta de sugerencias por parte de los sindicatos y la patronal”.
En este sentido, lo hizo durante un encuentro de las comisiones permanentes de la Fundación Anclaje y de Empleo para “analizar las necesidades formativas de los programas para trabajadores ocupados y desocupados”. Estas reuniones reflejan, a su juicio, una “muestra inequívoca de su compromiso con el Diálogo Social”.
El más novedoso de estos planes es el que se dirige a los trabajadores que han perdido su empleo por deslocalización de su centro de trabajo para la recuperación del empleo (Recuem). Asimismo, atendiendo a las necesidades del sector de la hostelería, se ha presentado un programa para el fomento de empleo en este ámbito (Retos Hostelería).
Asimismo, anunció un “complemento” a la línea de subvenciones a municipios con menos de 5.000 habitantes y con cinco o más desempleados como apoyo a la contratación de desempleados para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral (Eltur). En este sentido, la Consejería promueve una línea dirigida a municipios de más de 5.000 habitantes para la realización de obras y servicios relacionados con actividades del sector turístico y cultural (Quintel)
Ante el firme compromiso adquirido por la Consejería para facilitar la contratación, se ha analizado también el programa de autoempleo y el que se dirige a entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras y servicios de interés general y social, que no sufren modificación alguna.
En cuanto al programa de fomento de empleo juvenil (Jovel) se ha acordado su ampliación hasta los 35 años, mientras que el plan de empleo de mayores (Mayel) también amplía su rango bajando la edad a los 45 años.
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