Las administraciones aceptan ocho de cada diez recomendaciones del Consejo Cuentas

Las recomendaciones del Consejo de Cuentas cada vez se tienen más en cuenta, y valga la redundancia, por parte de las administraciones y entidades públicas de Castilla y León.

Al menos así se desprende del informe de seguimiento de las recomendaciones que el Consejo de Cuentas planteó a los entes fiscalizados en el ejercicio 2020que dicta esta entidad y que ha presentado esta tarde en las Cortes su presidente, Mario Amilivia, en el que se revela que los ayuntamientos, diputaciones, Junta de Castilla y León y universidades públicas de la Comunidad aceptaron durante el primer año de la pandemia de la covid una media del 81 por ciento de las recomendaciones realizadas, el mayor registro desde que se analiza este parámetro.

Así, el grado de aceptación de las recomendaciones -aplicadas total o parcialmente o tomadas en consideración- ha sido del 94 por ciento en el caso de los ayuntamientos, del 68 por ciento en las diputaciones, del 76 por ciento en la Junta de Castilla y León y del 48 por ciento para las universidades -Valladolid y Salamanca.

Durante el año 2020 el Consejo de Cuentas aprobó 13 informes que contenían un total de 200 recomendaciones. De todas ellas, en este informe se analizan 186, correspondientes a once fiscalizaciones, ya que 14 no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación o por carecer de destinatario específico.

En términos absolutos, fueron 101 de las 186 analizadas, las recomendaciones aplicadas de forma íntegra o parcial por parte de las administraciones, aunque en el acumulado de los últimos 8 años en que se lleva realizando este informe son 668 de las 1.440 analizadas, el 46 por ciento, lo que evidencia la mejoría experimentada en los últimos años, que Amilivia ha vinculado con los nuevos tiempos de cumplimiento.

Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del Informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 50 por ciento, en cifras absolutas 14 de 28 de las recomendaciones analizadas; mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 55 por ciento, con 87 recomendaciones cumplidas de un total de 158.

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta, única administración que es fiscalizada todos los años, registra el segundo mejor porcentaje de la serie histórica, un 48 por ciento, tras el 60 alcanzado en 2019.

Durante su intervención, Amilivia destacaba que el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas revela por parte de la entidad fiscalizada una voluntad de mejorar la gestión de los recursos públicos y un compromiso con la transparencia, teniendo en cuenta el carácter no vinculante de las mismas. “Es el mejor reflejo de la ‘auctoritas’ de la Institución, en la medida en que supone que las administraciones atiendan nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligadas a ello”, apunta.

El presidente del Consejo de Cuentas considera destacable también el porcentaje de recomendaciones, un 26 por ciento, que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido.

Ayudas y subvenciones por la COVID

Durante la sesión plenaria de este lunes, Amilivia presentaba también un segundo informe, en este caso sobre la fiscalización del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas en 2020 por la Junta, que fue aprobado por el Consejo de Cuentas el pasado 25 de julio y que forma parte del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León que firmaron todas las fuerzas salvo Vox y la UPL.

En relación con las ayudas y subvenciones convocadas, el informe revela que diez entidades de la administración autonómica convocaron en 2020 y hasta septiembre de 2021, por motivo de la pandemia, ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros, a través de 97 líneas distintas, de los que se concedieron 454 M€, un 70% del importe convocado, habiéndose pagado 377, un 82% del importe concedido, a 31 de diciembre de 2021.

En el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, dentro del apartado específico de “ayudas COVID”, a 30 de septiembre de 2021, no constaban el 65% de las 97 líneas de subvención.

De las 27 líneas de acción previstas en el Plan de Choque para el Empleo de 11 de noviembre de 2020, 18 se instrumentalizaron a través de las ayudas o subvenciones relacionadas con la COVID-19. Lo que no quiere decir que el resto de las medidas incluidas en el plan de choque no se realizaran, sino que no se encuentran en el alcance de esta fiscalización.

En lo referente altipo de subvenciones o ayudas,el Instituto para la Competitividad Empresarial, con un 36%, y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con un 14%, fueron las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones.

El 72 por ciento del importe concedido por la pandemia se tramitó mediante ayudas y subvenciones comunicadas como de nueva creación, siendo de este tipo la totalidad del importe concedido por cuatro de las diez entidades.

Se concedieron de forma directa 78 líneas de las 97 comunicadas, por importe de 366 millones de euros, un 80 por ciento, instrumentándose mediante acuerdo de la Junta la concesión de 43 líneas por importe de 167 millones y 35 líneas mediante una convocatoria pública.

Con relación a la planificación, diseño y control de las ayudas o subvenciones, con carácter general, los centros que gestionaron ayudas o subvenciones carecían de estudios previos específicos que apoyaran una correcta planificación.

La Gerencia de Servicios Sociales, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Empleo, y la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ante la misma situación excepcional, realizaron estudios previos adicionales con el fin de analizar la situación y proceder a una correcta planificación de las ayudas, lo que muestra una especial diligencia.

Se detectaron 13 líneas de las 97, no incluidas en los preceptivos planes estratégicos de subvenciones, por importe total de 80 millones.

Sobre la evaluación de las ayudas, añadió el presidente, a fecha de finalización de los trabajos, no consta la realización de informes de evaluación por parte los entes fiscalizados. La administración, por ello, no puede valorar el efecto de las subvenciones comunicadas.

En cuanto a losobjetivos de las ayudas, un 84 por ciento del importe total se convocó con el objetivo de mantener el tejido productivo de la Comunidad. De dicho importe, se concedió un 79 por ciento, habiéndose pagado el 76% del importe concedido a 31 de diciembre de 2021. El resto tuvo como objetivo minimizar el impacto social de la pandemia.

Con los fondos específicos obtenidos por la pandemia, es decir, Fondo COVID, Fondo Extraordinario y Línea COVID, se comunicó haber financiado 52 de las 97 líneas, por importe de 349,6 millones de euros.

Y de los 360 millones concedidos con el objetivo de apoyar el tejido productivo, el 52 por ciento se dirigió a la economía en general, sin especificar sectores concretos de actividad. Por otro lado, se concedieron 94 millones, un 20 por ciento del importe total concedido, para minimizar el impacto social de la pandemia.

Por todo ello, el Consejo de Cuentas recomienda en este informe a la Junta que establezca controles para asegurar que todas las ayudas y subvenciones quedan recogidas en su Portal de Transparencia, así como la conveniencia de seleccionar proyectos para posibilitar una evaluación de las distintas iniciativas, .

Además, se apunta que los pagos se agilicen lo máximo posible por parte de los gestores para aumentar la efectividad de las ayudas concedidas, especialmente en aquellos sectores que han sufrido las mayores caídas de ingresos, principalmente si los beneficiarios son empresas de pequeña dimensión, ya que la supervivencia de éstas puede depender en gran medida de la liquidez aportada por las ayudas concedidas.