La Ciudad de la Justicia de Valladolid moviliza al gremio judicial contra Sánchez

La comprometida unificación de los distintos locales que albergan a los órganos de administración de la Justicia en Valladolid, en la denominada como Ciudad de la Justicia, sigue trayendo cola y, como suele decirse por estos lares, “y lo que te rondaré morena”, porque a tenor de la situación actual y lo previsto en los próximos Presupuestos del Estado aprobados ayer, ni está ni se la espera.

Por ello, todo el sector judicial de la capital vallisoletana, desde los jueces, abogados, fiscales y funcionarios, hasta los procuradores y todos los operadores judiciales de Valladolid se van a movilizar por el “incumplimiento” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un proyecto que es vital para los profesionales, pero también y sobre todo para los ciudadanos.

Así, el próximo viernes, 2 de diciembre, el sector judicial de Valladolid se echará a las calles, concretamente en la Plaza de San Pablo, a las puertas del colegio de El Salvador, para reclamar al Gobierno la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia.

“El Ministerio de Justicia debe cumplir con su compromiso”, advierte el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Carranza, quien asegura que la Ciudad de la Justicia es un proyecto de ciudad, que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, y que es “esencial” para la capital vallisoletana, dado que pondrá fin al “peregrinaje” por la distintas sedes judiciales actuales, además de suponer un ahorro de costes para las arcas de la administración.

“Es una cuestión de de ciudad, al margen de cualquier interés político”, insistía.

También adelantaba que tras la concentración se procederá a la lectura de un manifiesto en el que se pondrá de manifiesto que la ciudad de Valladolid, a través del Ayuntamiento, ha puesto a disposición del Gobierno terrenos valorados en diez millones de euros para la ejecución de este proyecto, a pesar de que no es una competencia municipal, dado que la construcción de los edificios judiciales corresponde al Ministerio de Justicia.

Al mismo tiempo, el presidente de la Audiencia Provincial destacaba el compromiso del Consistorio y  de todos los grupos municipales con la administración de justicia de Valladolid al donar los terrenos, por lo que ahora “solo” hace falta que se cumpla el compromiso del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y de la actual titular, Pilar Llop.

También denunciaba Carranza las carencias que la administración de justicia presenta en Valladolid y que en 2023 no se vaya a crear ninguna nueva unidad judicial, cuando urge un nuevo juzgado de Primera Instancia o Familia, y más unidades en Penal y Social ante la acumulación de asuntos, o dotar a la Sección Cuarta de la Audiencia de un magistrado más.

“Todo el mundo pide, pero Valladolid, una ciudad dinámica y que sigue creciendo, lleva mucho tiempo sin recibir nuevas unidades judiciales y necesita una respuesta adecuada por parte del Ministerio de Justicia”, finalizaba.

Un proyecto enquistado

La historia de la Ciudad de la Justicia se remonta a los comienzos de los 2000, cuando el alcalde del PP de aquél entonces, Javier León de la Riva, planteó esta posibilidad demandada por los profesionales.

La primera opción fue el ya abandonado Colegio El Salvador pero el precio fijado por los propietarios del inmueble, 20 millones de euros, imposibilitó la operación. Hace diez años salió a la palestra la zona de Girón-Villa del Prado, pero con el cambio de Gobierno en 2015 y la entrada del PSOE y Toma la Palabra se recuperó el Colegio El Salvador como opción principal. De hecho, el Ayuntamiento es ahora el propietario del edificio, pero los 200.000 euros que los PGE destinan a los próximos presupuestos paraliza cualquier intento de poner en marcha esta Ciudad de la Justicia.